El expediente judicial de Estados Unidos contra Nicolás Maduro ha situado a Iván Márquez, líder disidente de la Segunda Marquetalia de las Farc, y a otros grupos armados colombianos en el eje de la investigación.
Según el indictment contra el exdictador venezolano revelado por la revista Cambio, aunque Márquez ya no figura entre los procesados principales en la última acusación formal, su situación judicial permanece activa y la justicia estadounidense no descarta nuevas diligencias.
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Este giro evidenciaría las conexiones transnacionales entre estructuras delictivas de Venezuela y Colombia, con un impacto directo en la dinámica de los conflictos armados regionales.
El proceso contra Maduro, iniciado en 2011 y apoyado en cinco acusaciones diferentes, expone una red de relaciones entre altos funcionarios venezolanos, disidentes de las Farc y miembros de otros grupos armados, todo ello vinculado al llamado Cartel de los Soles.
Según las pruebas de la justicia norteamericana, desde hace más de dos décadas, estas alianzas han facilitado el tráfico de cocaína a gran escala, la provisión de armamento y el lavado de activos a través de rutas entre Venezuela, Colombia y México.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses y gobiernos de la región, el Cartel de los Soles se identifica como una organización terrorista. La acusación formal sostiene que oficiales y civiles cercanos al fallecido Hugo Chávez habrían participado en sus operaciones.
Sin embargo, figuras como el presidente colombiano Gustavo Petro cuestionan la existencia misma de la estructura, mientras otros países suramericanos la han clasificado oficialmente como grupo terrorista en sintonía con organismos estadounidenses.
Las Farc, en las primeras etapas del expediente, aparecen como actores clave de este entramado criminal. A cambio de armas y cobertura institucional, habrían colaborado con funcionarios asociados al chavismo.
La segunda acusación sustitutiva de 2020 reforzó estas imputaciones, incorporando a Maduro, Márquez, Jesús Santrich, Diosdado Cabello, Hugo Carvajal y Clíver Alcalá como procesados por conspiración narcoterrorista.
Según el documento conocido por la revista Cambio, el Ministerio Público estadounidense afirmó entonces que la guerrilla colombiana no solo suministró cocaína y formación militar bajo la dirección del Cartel de los Soles, sino que participó en el lavado de activos y en operaciones transfronterizas.
Asimismo, la situación judicial de Iván Márquez ha evolucionado a lo largo de los años y el proceso contra el disidente comenzó en 2006 por acusaciones vinculadas al narcotráfico.
Si bien su nombre apareció en distintas fases del expediente, la acusación formal del 3 de enero de 2026 lo retiró de la lista principal, aunque su proceso sigue abierto. Expertos consultados por Cambio explican que las acusaciones sustitutivas pueden agregar o modificar cargos y que el juicio contra Márquez podría proseguir en un expediente separado, dependiendo de la decisión del juez Alvin K. Hellerstein. Casos previos demuestran que expedientes separados han desembocado en sentencias firmes, como ocurrió con Clíver Alcalá en abril de 2024.
El bufete estadounidense Burnham & Gorokhov precisa que, aunque las acusaciones formales en EE. UU. no pueden enmendarse, sí pueden ser reemplazadas, lo que permite la apertura de procesos paralelos para figuras como Márquez. Francisco Bernate, presidente del Colegio de Penalistas de Colombia, agregó al diario nacional que, pese a los cambios en la lista de acusados, permanecen los elementos probatorios suficientes para que la fiscalía reactive cargos cuando lo estime pertinente.
Los documentos judiciales detallan una extensa red criminal donde el Cartel de los Soles, las Farc, el ELN, cárteles mexicanos como Sinaloa y los Zetas, y bandas como el Tren de Aragua aparecen alineados en el tráfico de drogas, armas y movimiento de grandes capitales ilícitos.
Según la acusación, durante al menos 25 años, funcionarios y altos mandos venezolanos facilitaron rutas seguras y protección institucional para el traslado de cocaína hacia Estados Unidos, el otorgamiento de pasaportes diplomáticos y la protección de vuelos y actividades de grupos paramilitares conocidos como colectivos.
Estas prácticas cubren desde la producción de cocaína en zonas montañosas colombianas, bajo control de las Farc y el ELN, hasta su traslado por Centroamérica bajo supervisión de cárteles mexicanos.
Estos vínculos incluyen el uso de recursos estatales venezolanos, como fondos de Pdvsa, además de acuerdos para incrementar el flujo de droga en zonas fronterizas. Figuras como Cilia Flores y Ramón Rodríguez Chacín son señaladas en reuniones destinadas a forjar contactos y brindar protección institucional a estas organizaciones.
En los relatos judiciales se documenta que Maduro negoció directamente el apoyo de Márquez y las Farc para el entrenamiento de milicias, suministro de armas y fortalecimiento del tráfico de cocaína. Una reunión en 2014 entre Maduro y Márquez, recogida en la acusación, estuvo enfocada en coordinar la formación de unidades armadas en Venezuela, cuidando de desligar al gobierno de responsabilidades oficiales.
De manera paralela, Jesús Santrich figura en episodios de presunta entrega de drogas y operaciones encubiertas de la DEA, considerados elementos centrales en la ruptura de los procesos de paz.
Por su parte, Nicolás Maduro expresó en 2019 su respaldo a Márquez y Santrich, afirmando: “Iván Márquez y Jesús Santrich son bienvenidos a Venezuela y al Foro de Sao Paulo, cuando quieran venir, porque son líderes de paz”, frase consignada en los documentos judiciales.
En la narrativa judicial más reciente, el Cartel de los Soles ya no es caracterizado únicamente como una organización de narcotráfico, sino que aparece como parte de un mayor sistema de corrupción clientelar. Este enfoque amplía el alcance penal del caso, mostrando nuevas alianzas entre funcionarios venezolanos y organizaciones armadas, y destacando la incorporación de actores como el ELN, el Tren de Aragua y cárteles mexicanos.
Con la caída de Maduro, se han observado movimientos estratégicos en los disidentes armados, entre ellos Márquez, que buscan refugio fuera de Venezuela. Mientras Estados Unidos redefine el equilibrio de poder regional y Colombia observa con atención el devenir de los acontecimientos, el conflicto y el desplazamiento se imponen entre quienes, durante años, cruzaron fronteras y forzaron el éxodo de otros.
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