El prolongado conflicto jurídico entre Empresas Públicas de Medellín (EPM) y la sociedad propietaria del proyecto Hidroituango concluyó tras un acuerdo de conciliación avalado por un tribunal de arbitramento.
Este pacto establece la entrega de dividendos anticipados a Antioquia y supone un hito para la economía regional, así como para la continuidad del principal proyecto hidroeléctrico colombiano.
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La disputa comenzó en abril de 2018, cuando una emergencia originada por el colapso de un túnel provocó retrasos y sobrecostos en la construcción, poniendo en duda la viabilidad financiera del proyecto.
La composición accionaria, con la Gobernación de Antioquia como principal socio y EPM como constructor y accionista, dificultó la asignación de responsabilidades bajo el contrato de construcción, operación, mantenimiento y transferencia.
En 2020, tras la emergencia, la sociedad propietaria presentó reclamaciones por supuestos incumplimientos de EPM relacionados con el cronograma y solicitó sanciones contractuales ante los sobrecostos e impactos ocurridos.
“Se presentaron diferencias debido a las contingencias, que solo entorpecen el avance”, reconoció Enrique Posada Restrepo, expresidente de la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, al analizar el contexto del proceso en diálogo con El Colombiano.
Ambas partes formularon demandas y contrademandas, discutiendo si existían causas justificadas de incumplimiento contractual o si debían imponerse sanciones. El tribunal de arbitramento, tras analizar más de 20.000 folios y 70 pretensiones legales, concluyó que EPM debía asumir $781.828 millones en sobrecostos. Esta decisión inició nuevos recursos de anulación y una segunda demanda arbitral, extendiendo las negociaciones a lo largo de 2024.
“Las mesas técnicas trabajaron casi un año sin pausa, revisando cada aspecto técnico, legal y financiero”, explicó en su momento el gerente de EPM, John Maya. Según el directivo, la prioridad fue proteger la continuidad operativa del contrato y establecer mecanismos justos para los adelantos financieros por utilidades.
“Permite seguir concentrados en finalizar la segunda etapa del proyecto y asegura a EPM su sostenibilidad financiera. Además, garantiza la continuidad de las transferencias al Distrito de Medellín”, puntualizó.
La fórmula pactada contempló adelantos financieros periódicos por utilidades destinados a la Gobernación de Antioquia. Este punto, considerado fundamental por los involucrados, estabiliza los flujos económicos para los socios y permite financiar directamente proyectos sociales, ambientales y de infraestructura.
“Es fundamental que el departamento disfrute de esos beneficios lo más anticipadamente posible”, señaló Posada Restrepo al diario nacional, destacando la relevancia estratégica de anticipar dividendos en un escenario de altos precios de la energía.
El acuerdo evita la terminación anticipada del contrato de construcción, operación, mantenimiento y transferencia, lo que habría reducido las rentas futuras de EPM y amenazado la estabilidad del sistema energético nacional.
Con la ratificación del tribunal el 22 de diciembre de 2025, las partes ahora procederán a ajustar el contrato principal para reflejar la nueva metodología de cálculo y los beneficios consolidados.
Para Posada Restrepo, “el cierre del pleito es supremamente importante”. Celebró que “es sumamente positivo que se resuelvan los problemas con relativa rapidez y que no existan más pleitos internos en Antioquia. El acuerdo alcanzado beneficia a Antioquia, EPM, Medellín y a la sociedad propietaria del proyecto”.
De cara al futuro, la expectativa gira en torno al impacto de los nuevos recursos anticipados en el desarrollo regional y el fortalecimiento de la empresa pública. “Antioquia es la dueña del paso del río Cauca, un recurso natural importantísimo que estamos utilizando. Si el proyecto es rentable, como lo está siendo, resulta lógico que EPM reconozca la participación del departamento desde ahora”, añadió Posada a El Colombiano.
Este desenlace destaca el valor de resolver grandes controversias a través de la negociación, promoviendo así una gestión más eficaz y colaborativa de los grandes proyectos de infraestructura en la región.
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