La Contraloría General de la República detectó múltiples irregularidades en la gestión de bienes incautados a la mafia en Medellín, entre los que destacan dos mansiones de lujo y dos discotecas.
Según un reciente informe de auditoría conocido por la revista Cambio, existen contratos de arrendamiento bajo fundamentos discutibles, subarriendos sin autorización y un posible daño fiscal que supera los 1.800 millones de pesos en operaciones vinculadas a la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
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En el exclusivo sector de El Poblado se encuentran los cuestionados inmuebles: las mansiones Villa Merlot y Villa Mónaco, destinadas al alquiler turístico de alta gama, y las discotecas La Chula y La Chismosa, que funcionan en un lote expropiado al clan Ochoa. Todos forman parte del portafolio que administra la SAE.
El reporte citado por Cambio describe cómo la SAE suscribió en junio de 2022 un contrato de arrendamiento con I.L.F.C.M S.A.S., el cual incluía el compromiso previo de “recuperar la tenencia material del predio”.
Sin embargo, la auditoría establece que no existía tal ocupación irregular: el inmueble tenía un depositario provisional y generaba ingresos desde 2013, por lo que “la causa invocada como fundamento jurídico del contrato no corresponde a la realidad fáctica”, de acuerdo con el documento. Además, la tarea de recuperación de inmuebles es competencia exclusiva de la entidad estatal, no de terceros.
El contrato comenzó a ejecutarse antes de obtener la debida autorización del Comité Central de Negocios. Previamente, el predio se hallaba arrendado al médico Juan Guillermo Tirado Tobón, cuyo contrato fue finalizado tras alegatos de incumplimiento en los pagos, hecho que desató procesos legales y denuncias sobre una posible mora inducida en medio de la pandemia.
El informe también vincula a empresarios y figuras políticas en la gestión de estos bienes. El nombre del empresario Luis Fernando Castaño Marín aparece relacionado con el contrato de las discotecas.
Por otro lado, el senador Jhon Jairo Roldán (Partido Liberal) fue señalado por supuesta influencia en la regional de la SAE en Antioquia, acusaciones que fueron negadas tácitamente por el congresista. “No lo he recomendado para ningún cargo”, señaló al diario nacional.
Tanto el exdirector regional Alejandro Henao Barrera como el representante legal de Producterra S.A.S., Juan Fernando Zabala Castro, habrían tenido vínculos laborales o de amistad con Roldán, aunque Zabala negó mayor cercanía y atribuyó coincidencias empresariales a un “error de digitación”.
En el segmento de los alquileres de lujo, la SAE firmó en agosto de 2022 un contrato con Producterra S.A.S. para arrendar un predio en Los Balsos, donde se adecuaron varias mansiones. El acuerdo fue terminado por la entidad en abril de 2023 debido a presuntos incumplimientos y modificaciones no autorizadas.
Zabala expresó ala revista Cambio que la experiencia fue adversa y que no recuperaron la inversión ni pudieron operar con normalidad.
Tras la rescisión siguió un intento de nuevo convenio (2025-2027), condicionado por el Comité Central de la SAE a la prohibición expresa del subarriendo. Pese a ello, la Contraloría comprobó la existencia de un contrato vigente entre Producterra y Alta Gama Propiedades S.A.S., firma dedicada al alquiler de propiedades de lujo.
Ese acuerdo, con un canon mensual de 45 millones de pesos, no contaba con autorización de la SAE, situación que, según el informe, generó un daño fiscal superior a 1.800 millones de pesos en 40 meses.
El empresario Mateo Toro Maya, propietario de Alta Gama Propiedades, evitó comentar el caso al ser consultado por las presuntas irregularidades.
En defensa, la SAE indicó ante la Contraloría que algunos contratos no alcanzaron efectos legales por falta de consentimiento de las partes y anunció que notificará formalmente cualquier ocupación irregular. Insistió en que el contrato del lote donde operan La Chula y La Chismosa se celebró conforme a los procedimientos y que solicitará información sobre los subarriendos detectados.
Exfuncionarios como Henao y Urquijo criticaron el informe del órgano de control por desconocer la complejidad de los procesos internos de la entidad y las restricciones legales sobre la gestión de estos activos.
Henao señaló: “Nunca se autorizó el ejercicio de las facultades de policía administrativa a un tercero”, mientras que Urquijo afirmó que las irregularidades son parte de una problemática generalizada en bienes de alto valor administrados por privados en la gestión anterior.
El informe actualmente reposa en el despacho de Amelia Pérez, presidenta de la SAE, y definirá los siguientes pasos legales. Mientras tanto, la gestión de estos bienes y la polémica sobre su administración en Medellín continúan siendo objeto de debate y revisión.
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