Enrique Gómez arremetió contra Petro y su abogado en EE. UU. tras conocerse monto de su defensa para buscar salida de Lista Clinton: “Rateros”

Con un duro mensaje en su perfil de X, el dirigente político Enrique Gómez calificó como un abuso la adjudicación de un contrato por 10.000 millones de pesos para la defensa del presidente de la República, Gustavo Petro, en Estados Unidos, tras su inclusión en la Lista Clinton. El director del partido de Salvación Nacional y que aspira al Senado en la lista que apoya la aspiración de Abelardo de la Espriella, apuntó al jefe de Estado por lo que sería el derroche de recursos públicos.

El acuerdo, firmado entre el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) a y la firma británica Amadeus Consultancy Limited, desató una fuerte discusión sobre el uso de fondos públicos y el cumplimiento de promesas previas sobre la gratuidad de la representación legal. En especial, porque se había expresado que sería una gestión pro bono, es decir, sin el pago de emolumentos por parte de del abogado Daniel Kovalik, que asumió el caso en octubre.

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La reacción de Gómez, director de Salvación Nacional, no tardó en hacerse pública, pues utilizó sus redes sociales para denunciar lo que considera una contradicción flagrante entre las declaraciones previas del abogado y el gasto finalmente asumido por el Estado. No sin antes aprovechar para hacerle campaña a su candidato, que según él se encargará de poner fin a toda clase de prácticas que vayan en contra de los intereses de las arcas nacionales.

“Descarado Gustavo Petro y su abogado Daniel Kovalik que abiertamente, en prensa nacional, afirmaron que su defensa sería gratuita y nos va a costar 10.000 millones de pesos tener que representar la causa que llevó a Petro a la Lista Clinton. Rateros descarados, esto se acaba con la llegada de Abelardo de la Espriella a la presidencia”, indicó Gómez en las plataformas digitales, frente a lo que sería este controversial episodio y las repercusiones para el Ejecutivo.

En ese orden de ideas, cabe destacar que sobre este caso el jurista y académico Martín Eduardo Botero insistió en que el proceso legal responde a intereses personales y no institucionales, por lo que, a su juicio, los recursos estatales no deberían emplearse para tal fin. “La defensa internacional de Petro no es un asunto de Estado, sino un proceso personal. El presidente debe responder como persona natural, no con recursos públicos”, enfatizó el dirigente deportivo.

¿Por qué estalló la polémica por el contrato firmado para la defensa de Gustavo Petro?

La controversia quedó a la luz el 11 de enero de 2026, cuando se conoció que el Dapre adjudicó un contrato por $10.000 millones a la referida firma internacional, para ofrecer defensa internacional y asesoría jurídica especializada a Gustavo Petro. La medida busca enfrentar las sanciones impuestas al mandatario por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos, luego de su inclusión en la denominada Lista Clinton.

De acuerdo con el documento, se estableció que la firma internacional brindará asesoría jurídica altamente especializada, enfocada en el análisis normativo y estratégico de los regímenes de sanciones financieras internacionales que afectan al presidente. La mayor parte de esta labor se llevará a cabo fuera del país, ya que el proceso se adelanta ante autoridades extranjeras y organismos internacionales, debido a la naturaleza del caso que involucra al mandatario.

Y como se explicaba, la polémica cobró mayor relevancia al recordarse la las declaraciones del abogado Kovalik en octubre de 2025. En ese momento, el letrado afirmó que asumiría la defensa de Petro “sin costo” para el Gobierno nacional. Sin embargo, la minuta contractual, consultada evidencia que el contrato formal estipula pagos en cuatro cuotas iguales, equivalentes a 500.000 libras esterlinas cada una, entre enero y abril de 2026.