
El servicio de energía eléctrica en Colombia ha representado un problema para muchos ciudadanos durante años, que han estado enfrentando el pago de tarifas muy altas, la situación se ha hecho mucho más evidente en la costa. De acuerdo con el Grupo de Investigaciones de Bancolombia, entre 2020 y 2024 el incremento anual de las tarifas en el país fue del 12,4%, en promedio.
Indicó que esa situación es responsabilidad del Gobierno, ante la falta de pago de deudas. “Los comercializadores de energía enfrentan grandes desafíos de liquidez debido a la acumulación de deudas. Esto se debe a la falta de pagos del Gobierno nacional por concepto de subsidios, el saldo de la opción tarifaria y la morosidad de las entidades públicas”, detalló el grupo, citado por Portafolio.
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En 2024, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios intervino a la empresa Air-e, que suministra energía en la costa Caribe. Desde entonces, las tarifas han comenzado a disminuir, según la superintendencia, que informó que los precios han bajado en un 25% en Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Para 2026, la empresa no tiene planeado incrementar esas tarifas que desde la intervención se han reducido. Así lo anunció Santiago Villa, jefe de Regulación de la compañía. Indicó que Air-e Intervenida optará por la estabilización de la tarifa energética en $796 por kilovatio/hora para los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira, una cifra que permanece $80 por debajo del promedio nacional.
Esta tarifa garantizada hasta 2026 responde, de acuerdo con Villa, a la combinación de una gestión técnica responsable, niveles óptimos de contratación y precios eficientes dirigidos a los usuarios de la región. “La empresa ratifica su compromiso de velar por tarifas justas y estables durante todo el 2026″, precisó el funcionario.
Gobierno busca incrementar tarifas de energía
Esta decisión surgió después de que el Ministerio de Minas y Energía publicara un borrador de resolución en el que se establece un aumento transitorio en la tarifa de energía eléctrica en todo el país para cubrir una parte sustancial de la deuda registrada por Air-e.

De acuerdo con el documento oficial difundido por el Gobierno nacional, la deuda acumulada por la empresa, que alcanza los $2,5 billones, representa una amenaza para la estabilidad del sistema eléctrico de Colombia. En ese sentido, según la administración, esta medida responde a la urgencia de prevenir consecuencias en cadena para otros actores del sector eléctrico y será gestionada bajo criterios estrictamente proporcionales.
El ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, defendió la medida y aseguró que se está tratando de evitar un daño mayor en el país en materia energética.“Recibimos un sistema al límite; empresas quebradas que se las dieron a privados, deudas acumuladas y riesgo real de apagones. No actuar era condenar al país a una crisis eléctrica. El problema energético del caribe no es solo de los costeños. Es un problema nacional”, precisó el funcionario en X.

El ajuste propuesto establece un cobro de $8 por kilovatio/hora, que aparecerá como un cargo adicional dentro del componente de restricciones de la factura de la luz de los colombianos durante un periodo transitorio definido por la autoridad. Esta modificación a la tarifa atendería a la demanda total del Sistema Interconectado Nacional.
El impacto económico sería considerable para una amplia porción de la población: cerca de 10 millones de hogares y empresas verían reflejado un importante incremento. Este sería de $1.200 mensuales en el caso de los usuarios residenciales, mientras que las grandes empresas enfrentarían aumentos que podrían alcanzar los $40 millones por mes, dependiendo de su nivel de consumo. La medida afectará con mayor intensidad a quienes presenten mayores registros de consumo energético.
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