Quince personas, entre ellas adultos mayores de Bogotá, recuperaron la libertad tras haber sido capturadas en una operación contra una banda de extorsionadores, luego de que la juez a cargo detectara inconsistencias en la investigación de la Fiscalía General de la Nación y concluyera que no existía prueba alguna de su implicación en actividades ilegales.
Varios de los liberados analizan la posibilidad de iniciar acciones legales contra la Fiscalía debido a estas irregularidades, según reportó Semana.
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Durante la audiencia, quedó manifiesto que los investigadores cometieron errores al vincular a los adultos mayores con el grupo criminal.
La juez advirtió que no existía material probatorio que los asociara ni con la organización ni con las extorsiones cometidas. Uno de los casos destacados fue el de Alba, una mujer de la tercera edad que tuvo que comparecer en audiencia virtual desde cuidados intensivos y con oxígeno, luego de que la Policía la detuviera bajo la sospecha de recibir dinero relacionado con actividades ilícitas.
Sin embargo, la Fiscalía no pudo demostrar ningún nexo entre ella y la banda investigada. Según Noticias Caracol, Alba solo había recibido dinero de su hijo para gastos en comida y medicinas.
El hijo de Alba explicó ante la juez que su madre desconocía el origen de los fondos y creyó que se trataba de una ayuda familiar, lo que llevó a su liberación.
La juez del caso fue contundente: “En ningún momento se aportó material probatorio que confirmara que Alba estaba involucrada en las extorsiones”, estableciendo que aceptar dinero de un familiar no constituye, por sí solo, prueba de vinculación criminal.
Una situación semejante atravesó María, otra adulta mayor que posee un taller de costura y recibió dinero de su hijo, actualmente recluido, mediante una transferencia realizada desde un teléfono celular. La juez subrayó: “Con esta información no se establece que la ciudadana hubiera participado ni en la llamada extorsiva, ni que esté relacionada con el evento”, lo que propició su inmediata liberación.
De los 39 detenidos inicialmente por la Policía durante los operativos de diciembre, solo 24 continúan bajo investigación, mientras 15 ya se encuentran en libertad luego de no hallarse pruebas en su contra.
Estos hechos han suscitado fuertes cuestionamientos públicos sobre la actuación de la Fiscalía y el rigor con el que se condujo la investigación, al vincular a personas inocentes únicamente por recibir ayuda económica de sus familiares.
Megatomas en Bogotá
Una serie de operativos simultáneos de la Policía en Bogotá y Cundinamarca propició la detención de 5.200 personas e incidió en reducciones históricas en los índices de homicidio, hurto y extorsión en ambos territorios.
Estas acciones, desplegadas durante los últimos 90 días, forman parte de una estrategia integral de seguridad con impacto directo en la seguridad ciudadana y las estructuras criminales de la región.
Entre los resultados más destacados se cuenta la desarticulación de cerca de tres bandas criminales en Bogotá, precisó El Tiempo en su balance de los operativos realizados. La intervención intensiva permitió atacar de manera focalizada variables delictivas que tradicionalmente han generado preocupación en la ciudadanía, marcando un descenso relevante en los indicadores analizados.
La operación incluyó la participación coordinada de la Policía Metropolitana de Bogotá y dependencias policiales de Cundinamarca, que ejecutaron redadas en múltiples puntos de ambas jurisdicciones en el plazo de tres meses. Estas incursiones resultaron, además, en la aprehensión de mujeres que operaban como parte de las organizaciones criminales, demostró la información fotográfica y testimonial provista por la Policía.
El reporte oficial resalta la magnitud del esfuerzo desarrollado, que demandó recursos logísticos, labores de inteligencia y la articulación interinstitucional entre autoridades locales y departamentales. De acuerdo con datos recopilados por El Tiempo, las capturas y disminuciones en los delitos clave evidencian la efectividad del dispositivo y sientan un precedente en la gestión de la seguridad regional.
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