
En Tunja, el drama de la salud pública se resume en el testimonio de Víctor Delgado, paciente a punto de cumplir un año de haber recibido un trasplante renal, atraviesa una odisea: lleva tres meses sin recibir los medicamentos esenciales que impiden el rechazo de su órgano.
El escenario no es aislado, sino el reflejo de lo que enfrentan más de 524.000 usuarios afiliados a la Nueva EPS en Boyacá, incluidas 230.000 personas del régimen contributivo, quienes desconocen el lugar al que deben acudir para reclamar sus medicinas, según reportó Noticias RCN.
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El propio Víctor Delgado relató la magnitud de su angustia: “Para mí fue un milagro de Dios de que yo saliera después de seis años y dos meses de una unidad renal y ir a perder un trasplante en este momento, sería algo, pues como triste”, afirmó el hombre al medio de comunicación.
En su voz, la sensación de oportunidad cercenada se mezcla con la impotencia generada por el abandono administrativo.
La situación se agrava con la inestabilidad del sistema de suministro. Mientras aguardaba en la fila de un dispensario esperando respuesta sobre su tratamiento, Víctor recibió una notificación lapidaria: el sistema volvió a caerse y tuvo que regresar a casa sin medicamentos.
“Si no consumo ese medicamento, puede hacer rechazo el riñón con el cuerpo y pierdo el trasplante y vuelvo a la unidad renal, Dios no quiera, si me va bien, y si me va mal, pues me voy pa’l cielo, pero también sería mejor de pronto”, confesó Víctor Delgado al medio.

La búsqueda de alternativas lo ha llevado a depender de la solidaridad de otros pacientes y a racionalizar su propio tratamiento. “Tengo aquí a la farmacia Discol Médica, que tengo tres pendientes de tres meses, a ver si me hacen el favor y me entregan medicamento de Tracolimus”, explicó, evidenciando la precariedad del acceso.
Mientras tanto, la única respuesta oficial está en un comunicado en la página web de la Nueva EPS, donde se limita a informar que “estamos en proceso de transición de operador farmacéutico y que en este momento se encuentran en proceso de transición hacia nuevos operadores, pero que aún no hay ninguno definido por el momento”, según la revisión realizada por la periodista Ángela Porras para Noticias RCR.
Vocero de Pacientes Colombia habla sobre la crisis de salud en el Gobierno Petro
La reciente decisión del Gobierno de Gustavo Petro de ajustar la Unidad de Pago por Capitación (UPC) ha intensificado el malestar entre pacientes y representantes del sistema de salud en Colombia, quienes alertan que la medida incrementa la desfinanciación y profundiza la crisis sanitaria.
Denis Silva, vocero de Pacientes Colombia, advirtió sobre los graves efectos de estas políticas y cuestionó la administración de recursos estatales tras la intervención a la Nueva EPS, según declaraciones recogidas por Semana.

El informe de la Contraloría expone que la deuda acumulada por hospitales supera los 22 billones de pesos en cuentas pendientes, principalmente atribuibles a entidades promotoras de salud (EPS) bajo supervisión gubernamental. Silva destacó que estas deudas repercuten directamente en los ciudadanos: “El paciente siempre va a ser el gran afectado”, precisó. Argumentó que cuando las EPS dejan de pagar a los hospitales, los pacientes terminan asumiendo el papel de cobradores frente a todos los agentes del sistema.
Entre las situaciones más preocupantes, Silva señaló que Colsubsidio, uno de los principales operadores farmacéuticos, suspendió la provisión de medicamentos a la Nueva EPS por incumplimiento de pagos. “La Nueva EPS recibe cerca de 2 billones de pesos. ¿Qué están haciendo con esos recursos? ¿Para dónde va el dinero de la salud?”, planteó, e insistió: “¿Dónde está la plata?”
El vocero también denunció una inestabilidad en la gestión estatal tras la intervención de la Nueva EPS, al describir la rotación frecuente de directivos: “Han pasado cuatro gerentes, cuatro interventores, siete gerentes de contratación y cuatro gerentes financieros. Cada vez que llega un interventor, arma su propio equipo”. Según Silva, esta falta de continuidad obstaculiza la recuperación del sistema.

En el plano político, de cara a las elecciones presidenciales de 2026, Silva exhortó a los candidatos a priorizar la salud pública y pidió propuestas claras para transformar el sistema sin desmantelarlo. Advirtió que el país enfrenta “más cierres, mayores demoras en la atención y pacientes en condiciones de vulnerabilidad” ante el actual panorama financiero y político.
Silva manifestó su preocupación por la estrategia del Gobierno al anunciar el ajuste de la UPC un día antes del Año Nuevo, interpretándolo como una maniobra para eludir el debate público y responsabilizar a los ciudadanos del costo de la reforma fallida. Consideró que restan “219 eternos y largos días para finalizar el gobierno de Gustavo Petro”, y calificó de “desolador” el escenario futuro para el sector.
El cuestionamiento principal permanece: “Si no lo están invirtiendo en salud, no pagan lo que contratan hoy ni las deudas anteriores, entonces, ¿dónde está la plata?”
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