El gerente del Hospital Universitario del Valle, Irne Torres, defendió el sistema de contratación vigente tras las críticas del presidente de la República, Gustavo Petro, que lo definió como un “centro de esclavitud” y cuestionó el modelo laboral.
“En el Hospital Universitario del Valle tenían prácticamente un centro de esclavitud. La fuerza de la salud debe ser respetada”, escribió Petro en X, alegando irregularidades en los contratos del personal.
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Torres rechazó esta caracterización, calificando el señalamiento como “desafortunado”, y aseguró que la modalidad actual responde tanto a restricciones legales como a la búsqueda de garantizar la atención a los pacientes en medio de la crisis del sistema de salud colombiano, según dijo en entrevista con Blu Radio.
Después de la polémica declaración de Petro, la discusión se enfocó en la magnitud de la contratación sindical. Las cifras oficiales presentadas por Torres indican que actualmente hay 3.078 personas vinculadas mediante agremiaciones sindicales, frente a 475 trabajadores en planta. El resto del personal corresponde a empleados de empresas tercerizadas encargadas de servicios de aseo y vigilancia.
Esta distribución generó preocupación en el Ministerio de Trabajo, la viceministra Sandra Muñoz afirmó que “cerca del 90% del personal estaría bajo la figura de contrato sindical”. Torres desestimó esa proporción, argumentando que no ha recibido un informe oficial conclusivo y defendió que estas formas de contratación cuentan con el aval de la cartera.
El gerente del centro médico explicó que las restricciones presupuestarias influyen de manera directa en la estructura laboral. El hospital está sometido a la Ley 550, lo que impide ampliar la planta de personal y obliga a emplear alternativas contractuales autorizadas para asegurar el sostenimiento de los servicios. Indicó que la viabilidad financiera de la institución depende del nivel de pagos que las Entidades Promotoras de Salud (EPS) realizan en función de los servicios facturados: actualmente, los hospitales reciben menos del 50% de lo que facturan.
De igual manera, abarcó las diferencias en la compensación de los empleados, punto en el que el Gobierno señaló una brecha salarial entre el personal de planta y quienes están bajo contratos sindicales. Frente a este señalamiento, Torres admitió al medio citado que existen diferencias salariales entre ambas modalidades de contratación, aunque comparó la situación con lo que sucede en los contratos de prestación de servicios frente a los cargos de planta en otros ámbitos.
En sus declaraciones subrayó que el hospital no determina el salario final de los trabajadores contratados por agremiaciones. “Nosotros contratamos un servicio mediante licitación y la agremiación, de manera autónoma, establece la compensación de su talento humano”, aseguró. Remarcó que las modalidades actuales de vinculación han sido avaladas institucionalmente y que “no se puede satanizar un proceso que ha sido validado”.
Cuestionado sobre la legalidad de los contratos, Torres insistió en que las agremiaciones cuentan con la respectiva autorización del Ministerio de Trabajo. Añadió que el hospital utiliza “los mecanismos que nos permite la ley para garantizar la atención, no para desconfigurar los derechos de los trabajadores”. La controversia, por lo tanto, gira en torno al alcance y los efectos reales de estas figuras autorizadas en las condiciones laborales del personal, en un contexto de límites legales para la ampliación de la planta y fuerte dependencia de los recursos efectivamente recibidos por servicios hospitalarios.
El gerente ratificó que el equipo médico y asistencial del Hospital Universitario del Valle continúa asegurando la atención y que cualquier revisión del modelo tendrá que considerar no solo los derechos laborales, sino la sostenibilidad operativa de la institución dentro de las restricciones impuestas por el marco legal y financiero actual.
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