El Gobierno de Gustavo Petro decretó un aumento de 23,7% en el salario mínimo de 2026, lo que establece una remuneración mensual de $2.000.000, compuesta por un salario vital de $1.750.905 y un subsidio de transporte de $249.095. El mandatario fundamentó la medida en el concepto de “salario vital” impulsado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y argumentó que el objetivo es que los trabajadores puedan cubrir alimentación, vivienda y salud.
La decisión fue tomada luego de una negociación infructuosa entre sindicatos, que propusieron un aumento del 16%, y empresarios, que sugirieron un 7,21%, en línea con la inflación anual de 5,3%. El alza aprobada se ubica muy por encima de estos valores y suscitó respuestas inmediatas de los gremios empresariales.
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Por ejemplo, la Asociación Colombiana de Instituciones Microfinancieras (Asomicrofinanzas), advirtió que “esta medida tendrá una afectación significativa tanto en los negocios formales como en los informales, al elevar de manera considerable los costos laborales y operativos que deben asumir los micronegocios y las mipymes”.
De acuerdo con el gremio, las micro, pequeñas y medianas empresas representan más del 99% del total de empresas colombianas, generan alrededor del 79% del empleo formal y aportan cerca del 40% del Producto Interno Bruto (PIB). Asimismo, se alertó que el alza salarial también “incrementa de forma acumulada las cargas prestacionales, los aportes a la seguridad social y otros costos asociados, comprometiendo su viabilidad financiera”.
Cierres y recortes de operaciones
Según el análisis del mismo, la medida podría llevar a que muchos negocios deban cerrar, recortar operaciones o prescindir de empleos, lo que afectaría la estabilidad laboral y los ingresos de miles de hogares en Colombia. La organización remarcó que la situación es muy sensible en zonas rurales, donde el empleo depende en buena medida de unidades productivas de pequeña escala.
El gremio microfinanciero también resaltó que “este sobrecosto genera un desincentivo claro para la formalización, llevando a que micronegocios que estaban en procesos de transición hacia la formalidad opten por permanecer en la informalidad o retroceder en los avances logrados”.
Y es que el ajuste fijado por el gobierno supera ampliamente la inflación registrada y se aparta de los parámetros sugeridos tanto por sindicatos como por empresarios. Desde la óptica de Asomicrofinanzas, las consecuencias pueden afectar tanto la formalidad como la capacidad de supervivencia de pequeños y medianos negocios, especialmente en contextos rurales.
Profunda preocupación de las empresas
Anterior a esto, la Asociación Colombiana de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (Acopi), manifestó una “profunda preocupación” ante el decreto que establece el aumento del salario mínimo, al considerar que tendrá “impactos significativos sobre el empleo formal, la sostenibilidad empresarial y la formalización laboral”, en especial en las mipymes, que componen más del 90% del tejido empresarial nacional y son las principales generadoras de empleo formal.
La asociación que lidera María Elena Ospina advirtió que el incremento salarial “genera profundas preocupaciones por sus nefastas consecuencias sobre la sostenibilidad de las empresas, especialmente de las micro, pequeñas y medianas”.
Riesgos concretos
Entre los riesgos concretos, el gremio señaló:
- Reducción o congelamiento de nuevas contrataciones.
- Destrucción de empleo formal.
- Mayor informalidad laboral.
- Incremento de la tercerización y de formas de contratación no laboral.
- Presiones inflacionarias por el traslado de costos a los precios finales.
En un comunicado, enfatizó en que ”este aumento no guarda coherencia con la productividad real de la economía, la capacidad de pago de las empresas ni la frágil situación financiera que enfrentan miles de empresarios”.
A la vez, criticó la metodología y la motivación de la decisión. “Resulta especialmente grave que el Gobierno haya optado por una decisión irresponsable y politiquera, priorizando intereses ideológicos sobre criterios técnicos y desatendiendo el espíritu de diálogo social que debe regir la Comisión Permanente de Concertación de Políticas Salariales y Laborales”, apuntó.
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