La Misión de Observación Electoral (MOE) alertó sobre un aumento atípico en la inscripción de cédulas en aproximadamente 20 municipios del Tolima, lo que generó inquietud ante las próximas elecciones legislativas y presidenciales, que se llevarán a cabo en este 2026.
Este comportamiento, reportado por la organización, fue puesto en conocimiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que investigue si puede existir alguna irregularidad asociada a estos registros.
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Según la MOE, la tasa nacional de inscripción se ubica en 23,5 cédulas por cada 1.000 habitantes, pero en 19 de los 47 municipios del Tolima este indicador supera ampliamente el promedio.
Cristian Martínez, coordinador departamental de la entidad, señaló: “Nos preocupa muchísimo los municipios de Ataco y Chaparral, que realizan las elecciones de Citrep, que tienen una tasa de 60,98 y 60,5, respectivamente”.
Estas cifras corresponden a las Circunscripciones Transitorias Especiales de Paz, donde se ha puesto especial atención a la transparencia electoral.
Además de Ataco y Chaparral, la MOE identificó la misma tendencia en Suárez, Ambalema, Fresno, Rovira, Villarrica, Herveo, Valle de San Juan, Ortega, Planadas, Alvarado, Rioblanco, Casabianca, San Luis, Coyaima, Coello y Líbano.
Para Martínez, este escenario podría estar vinculado a una dinámica interna que implica traslados desde áreas urbanas hacia sectores rurales con el propósito de modificar el potencial electoral: “Nuestra hipótesis es que en estos municipios se puede estar dando una migración interna y es trasladar a las personas de los puestos urbanos a los rurales para que puedan votar. Esto debe ser revisado directamente por el CNE que no ha hecho mayor cosa y es el momento en el que deben hacerlo”.
El informe de la MOE también incluyó a Ibagué por primera vez en este tipo de listados, con una tasa de 36,9 inscripciones por cada 1.000 habitantes. De acuerdo con la organización, esta situación no había ocurrido en anteriores procesos electorales en la capital tolimense.
Respecto a una posible trashumancia, Martínez aclaró el alcance de su labor: “Nosotros evidenciamos que hay unos datos atípicos, es el CNE el que puede decretar la trashumancia porque ellos deben verificar esa situación para saber si se trata de inscripciones irregulares de cédulas o si es una migración normal de las zonas urbanas a los entornos rurales”.
Por el momento, la vigilancia sobre las inscripciones inusuales en estos municipios se mantiene, mientras se espera un pronunciamiento oficial del CNE.
Otro caso relacionado con cédulas
Recientemente, la Registraduría Nacional del Estado Civil informó que canceló 119 cédulas de ciudadanía a extranjeros por falsa identidad durante 2025.
La mayoría de los documentos anulados correspondía a ciudadanos de nacionalidad dominicana, quienes lograron obtenerlos de manera fraudulenta para gestionar pasaportes, salir del país o verse implicados en posibles hechos delictivos.
Según la Registraduría, también se invalidaron 287 registros civiles de nacimiento tras identificarse anomalías en los procesos de inscripción.
El registrador nacional, Hernán Penagos, advirtió a los colombianos sobre la gravedad de prestar su testimonio para la inscripción de nacimientos de extranjeros, acción que constituye una conducta penalizada.
“Ciudadanos colombianos se han prestado para testificar en la inscripción de registros civiles de nacimiento de ciudadanos extranjeros, haciéndolos pasar como colombianos. Es importante decirles con claridad que están cometiendo un delito que puede llevarlos a la cárcel”, afirmó Penagos.
La entidad atribuyó estos resultados a un trabajo coordinado con Migración Colombia, la Cancillería, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín) de la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación. Este esfuerzo permitió identificar casos de suplantación y falsedad documental, así como el desmantelamiento de redes dedicadas a la falsificación de documentos y el tráfico de migrantes.
Durante el año, la Registraduría detectó 86 intentos de suplantación de identidad, frustrados gracias a controles de biometría dactilar y facial. Estos hechos se pusieron en conocimiento de la Fiscalía, que mantiene acciones para contener las estructuras criminales vinculadas a estas prácticas.
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