El proceso disciplinario contra el presidente del Concejo municipal de Ortega (Tolima), Luis Eduardo Suárez, surgió tras la divulgación de un video donde el funcionario, durante una sesión en noviembre de 2025, utilizó expresiones que fueron consideradas ofensivas hacia la gobernadora Adriana Magali Matiz.
La Procuraduría General de la Nación investiga actualmente si estos comentarios pueden constituir un caso de violencia de género.
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La controversia se intensificó cuando la grabación, ampliamente difundida en redes sociales, mostró a Suárez realizando un gesto de pistola acompañado de frases que generaron rechazo en distintos sectores.
De acuerdo con la información difundida, el presidente del Concejo expresó: “Qué podemos esperar del gobierno departamental, nosotros enviamos un oficio firmado por todos los concejales solicitando una audiencia, ni siquiera nos contestó la gobernadora, entonces qué podemos esperar de una ‘vaca que no puede parir’, nos toca inyectarla o qué. Esa señora no ha tenido voluntad política con nosotros”, durante la discusión sobre la falta de respuesta a las peticiones relacionadas con la reparación de un puente en mal estado.
La reacción del propio Suárez no tardó en llegar. En un comunicado público, el concejal buscó justificar sus palabras y explicó: “Quiero manifestar de manera categórica que mis palabras han sido tergiversadas y sacadas de su contexto original para generar una controversia que dista mucho de mi intención. La frase que ha causado indignación, referida a ‘qué hacemos si la vaca no puede parir’, fue empleada en mi discurso no como una ofensa personal dirigida a la gobernadora, sino como una expresión de carácter estrictamente coloquial y de arraigo campesino”.
El inicio de la investigación disciplinaria estuvo a cargo de la Procuraduría Provincial del municipio de Chaparral, entidad que deberá determinar si la conducta del concejal configura una falta disciplinaria por violencia de género.
El contexto del incidente remonta al reclamo de los concejales sobre la gestión departamental y la falta de respuesta ante las necesidades de infraestructura local.
Procuraduría destituye e inhabilita por 10 años a capitán de Policía por acoso sexual
La resolución que impone una destitución e inhabilidad de 10 años a José Daniel Díaz, excomandante de la estación de la Policía Nacional en Tocancipá, se fundamentó en un enfoque de género y en recomendaciones específicas consignadas en informes previos, según la Procuraduría General de la Nación.
La entidad enfatizó que, durante el proceso disciplinario, se consideraron estas perspectivas para robustecer el análisis sobre los episodios de acoso y violencia sexual atribuidos al oficial.
El fallo de segunda instancia validó la gravedad de las acusaciones, al confirmar que Díaz cometió actos abusivos hacia una auxiliar policial en dos ocasiones distintas, lo que llevó a clasificar su conducta como una falta disciplinaria de altísima severidad dentro de la institución.
La indagación de la Procuraduría Regional de Juzgamiento de Cundinamarca concluyó que las pruebas presentadas resultaron contundentes al corroborar la veracidad de los hechos denunciados y la responsabilidad del entonces teniente, ahora capitán de la Policía Nacional.
Durante la exposición de motivos, el Ministerio Público, bajo la dirección de Gregorio Eljach, sostuvo que “con su comportamiento Díaz Domínguez afectó la dignidad de su víctima, al evidenciar una intención deliberada de transgredir los deberes inherentes a su cargo, por lo que de manera definitiva calificó la falta disciplinaria como gravísima cometida a título de dolo”, de acuerdo a lo consignado en la resolución oficial.
La ratificación de la sanción no solo consolida los señalamientos contra el excomandante policial, sino que destaca la gravedad de los hechos en la valoración disciplinaria efectuada por la Procuraduría General de la Nación.
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