Frustran millonario robo en zona esmeraldera de Boyacá: habrían construido gigantesco túnel

El aumento de la tensión en la zona esmeraldera de Boyacá ha generado alarma entre multinacionales, autoridades y la población local.

Las demandas históricas de los guaqueros —mineros artesanales y ancestrales— han escalado en los últimos meses, mientras la presencia de empresas extranjeras y la llegada de estructuras criminales han transformado el conflicto en un fenómeno con dimensiones inéditas desde el acuerdo de paz de 1990.

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La raíz del problema, según denuncian múltiples sectores, radica en el cierre de oportunidades para los guaqueros. “Las empresas y el Gobierno nacional no han querido entender una reclamación justa: que se permita a los guaqueros acceder a las voladoras. Eso está convirtiendo el conflicto en una bomba de tiempo, porque en medio de la protesta legítima se están infiltrando personas con intereses delincuenciales”, advirtió uno de los alcaldes de la región al diario El Tiempo.

Los hechos recientes dan cuenta de episodios cada vez más violentos. El 11 de diciembre de 2025, una incursión armada de 37 personas encapuchadas en la mina Santa Rosa terminó con el secuestro de 71 trabajadores y un fallido intento de robo masivo de esmeraldas.

La intervención del Ejército y la Policía, mediante un operativo con helicópteros, permitió frustrar el plan y detuvo a ocho responsables.

Sin embargo, para la empresa Compañías Muzo Colombia, esta escalada criminal no es un caso aislado. Camilo Acero, vicepresidente de Asuntos Corporativos, sostiene que desde hace medio año vienen alertando a las autoridades sobre la existencia de 240 socavones ilegales cuya operación está en manos de organizaciones con gran capacidad financiera.

“Esto es un robo en cámara lenta. Hay un delito en curso desde hace meses y no pasa nada. Hemos hablado con el Ministerio de Defensa, la Policía, el Ejército, alcaldes, pero no hay una reacción contundente”, afirmó Acero al medio mencioando.

Incluso, aseguró Acero, existen indicios de excavaciones de túneles para invadir ilegalmente áreas concedidas legalmente a la empresa, replicando el modelo de minería ilegal de oro dominado por grupos armados. Además, destacó una paradoja: “Es muy grave. Paradójicamente, algunos de los mismos mineros ilegales denuncian que están siendo desplazados por estructuras criminales que llegaron a la zona, pero la respuesta institucional ha sido débil”.

Sobre varias minas en Boyacá

Las disputas han tenido un efecto visible en la vida cotidiana de los municipios de Coscuez, San Pablo de Borbur, Muzo, Quípama y Maripí.

En la mina La Paz, en Coscuez, los daños a la propiedad y el robo de materiales llevaron a la imposición de un toque de queda en un radio de dos kilómetros, mientras la empresa Fura Gems decidió suspender sus operaciones en septiembre y buscar un nuevo socio inversionista. En otro episodio, cerca de 200 guaqueros irrumpieron en la mina Pablo Sánchez, entre Quípama y Muzo, para extraer tierra en busca de esmeraldas.

Las imágenes de decenas de personas huyendo con costales motivaron la intervención policial y el uso de gases lacrimógenos. Uno de los manifestantes, enfrentando a los uniformados y empleados de la mina, exclamó: “¿Por qué no le dan esos estériles a la comunidad? Esa tierra no les sirve a las empresas y para la gente es comida”.

El trasfondo de este conflicto radica en la paradoja social de una región rica en recursos, pero aquejada por la pobreza. Cientos de habitantes afirman haber agotado las vías institucionales para reclamar la posibilidad de ganarse la vida con la minería artesanal, recurriendo finalmente al acceso forzado a las minas.

Las cifras que expone la Defensoría del Pueblo muestran la magnitud de la disputa: “El año pasado ingresaron cerca de 700 guaqueros. Hemos acompañado este proceso y de ahí surgió una mesa de gobernanza local con compromisos para evitar que estas situaciones se repitan”, señalaron voceros de la institución al diario.

En el centro de la disputa permanece el reclamo por el acuerdo de paz de 1990, que reconocía la labor ancestral de los guaqueros. Estos aseguran que, tras la llegada de las multinacionales, ese reconocimiento se ha diluido casi por completo. Las empresas argumentan impedimentos ambientales, específicamente el riesgo de contaminar los ríos con residuos, y por eso restringen el acceso a las voladoras.

Para los alcaldes, la situación es cada vez más incierta: “Mientras se intenta acabar con una labor ancestral, se abre la puerta a actores criminales. El Gobierno nacional nos está dejando solos con este problema”, lamentó otro mandatario local al diario mencionado.

El envío de contingentes policiales especializados tampoco ha garantizado soluciones de fondo. El mismo alcalde expuso: “Las multinacionales se llevan las esmeraldas, exigen que hagamos cumplir la ley y enfrentemos a nuestra propia gente, pero el aporte real a la región es mínimo”

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