
Zulma Guzmán enfrenta graves acusaciones por su presunta implicación en la muerte de dos menores en Bogotá (Inés de Bedout, de 14 años, y Emilia Forero, 13 años) tras ser envenenadas con talio al consumir frambuesas contaminadas, por lo que enfrentará una audiencia crucial en la que se le imputarán cargos serios relacionados con estos hechos, ocurridos en abril de 2025.
La empresaria, actualmente recluida en un centro médico de Londres tras su captura en Reino Unido —luego de ser rescatada en el río Támesis, al parecer, en una situación de riesgo— fue notificada de los cargos en su contra a través de un edicto emplazatorio.
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La Fiscalía General de la Nación dio a conocer que la empresaria enfrentará cargos de homicidio en concurso con tentativa de homicidio agravado, basados en lo establecido por la Ley 599 de 2000, la cual estipula una pena que podría oscilar entre 40 y 50 años de prisión; esta es la pena base que podría enfrentarse la empresaria, pero existe la posibilidad de que se añadan más cargos.

Audiencia de imputación contra Zulma Guzmán se realizará mediante edicto judicial
De acuerdo con el comunicado emitido por el Juzgado 69 Penal Municipal, el acto judicial de emplazamiento se realizó el 16 de diciembre de 2025 y será ejecutado a partir del 24 de diciembre; hasta el momento, solo se tiene conocimiento del proceso en el que se le imputarán los cargos a la mujer.
Pues el proceso en contra de la empresaria se llevará a cabo en su ausencia, dado que no se ha concretado su extradición desde el Reino Unido.
La Fiscalía explicó que, al no poder localizarla para que comparezca en la audiencia, se hizo una notificación pública a través de medios oficiales, incluyendo la página web de la Rama Judicial y la publicación en medios radiales y de prensa, tal como establece el artículo 127 del Código de Procedimiento Penal.
Frente a la investigación, el organismo judicial presentó elementos clave a las autoridades británicas, entre ellos una serie de búsquedas en internet realizadas por Guzmán un mes antes de las muertes de las menores. Estas búsquedas estaban relacionadas con los efectos del talio y otras sustancias químicas.
En los cuerpos de las víctimas se halló talio, confirmando así la causa de fallecimiento, por lo que la Fiscalía remitió un informe de 15 páginas a Reino Unido como parte del proceso formal de extradición, en el que se encuentra toda la evidencia y el requerimiento, pero no se ha dado respuesta dicha solicitud.
La indagatoria señala que tres menores fueron afectados por el veneno; dos de ellos fallecieron (por las que se le imputarán los cargos), mientras que el tercero permanece en estado crítico, con daños en varios de sus órganos vitales, por lo que la Fiscalía sostiene que Guzmán coordinó el envío de las frambuesas envenenadas a la vivienda de las víctimas, debido a que se presume que la acción de la empresaria derivó por el fin de una relación sentimental entre ella y el padre de una de las víctimas.

Esta es la razón por la que la empresaria se encuentra en Reino Unido
La huida de Guzmán inició ocho días después de los hechos, antes de que se emitiera una orden de captura formal. Su recorrido abarcó varios países de Sudamérica y Europa. La mujer primero escapó a Argentina, donde ingresó en abril de 2025 y llegó a matricularse en una maestría en periodismo con el fin de mantener un perfil bajo durante cinco meses.
Posteriormente, fue rastreada en Brasil y España, antes de ser encontrada en el Reino Unido; su localización final en Londres se logró gracias a tareas de inteligencia y a una pista obtenida en redes sociales sobre una marca de agua mineral exclusiva de Inglaterra, según señaló el diario BBC News.
A principios de diciembre, la Interpol emitió una circular roja para buscar a Guzmán en 195 países por el delito de homicidio, pero fue el 16 de diciembre, cuando fue rescatada del río Támesis en las inmediaciones del puente de Battersea, en un episodio que las autoridades británicas interpretaron como un intento de suicidio ante el inminente cerco policial.

Tras ser atendida en un hospital, permanece bajo custodia y sujeta a la Ley de Salud Mental del Reino Unido, mientras que las autoridades colombianas esperan lograr su extradición a Colombia.
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