Nicolás Ernesto Maduro Guerra, conocido como El Príncipe e hijo del presidente de Venezuela, realizó una visita a Medellín en 2020, donde se reunió con representantes de las Farc para discutir acuerdos vinculados al tráfico de cocaína y armas con destino final en Estados Unidos, según la justicia de ese país.
Esta reunión ha sido documentada en expedientes judiciales estadounidenses, que lo señalan como una pieza relevante en la estructura del poder venezolano con presuntos vínculos criminales.
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Desde 2013, Maduro Guerra ocupa el cargo de jefe del Cuerpo de Inspectores Especiales de la Presidencia, función creada para él tras el ascenso de su padre. Posteriormente, en 2017, ingresó a la Asamblea Nacional Constituyente y, desde enero de 2021, tiene un escaño en la Asamblea Nacional.
Los documentos judiciales lo vinculan como integrante del denominado Cartel de los Soles, organización compuesta por civiles y militares del régimen venezolano, que permite el flujo de cocaína desde Colombia, pasando por Venezuela, hasta los Estados Unidos.
En los expedientes judiciales norteamericanos se detalla su participación desde 2014 en el manejo de rutas aéreas y en el uso de aviones de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) para fines ilícitos.
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Durante sus visitas a la isla de Margarita, el hijo del presidente estuvo presente en operativos donde se cargaban grandes paquetes sospechosos en aeronaves estatales. Un capitán de la Guardia Nacional coordinaba la logística y el traslado de estos cargamentos, mientras que Maduro Guerra continuaba con actividades similares en los años siguientes.
En 2017, los expedientes lo observan involucrado en la planificación de envíos de cientos de kilogramos de cocaína hacia Miami. También habría negociado, en conversaciones referidas en la acusación, el transporte de droga de menor calidad a Nueva York, utilizando tanto aviones estatales como contenedores marítimos para estos movimientos.
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El encuentro en Medellín con las disidencias de las Farc señala un acuerdo para el envío de grandes cantidades de drogas en rutas seguras, pactando también el suministro de armas como método de pago. La alianza establecida buscaba asegurar la colaboración entre el aparato político venezolano y organizaciones armadas colombianas hasta, al menos, 2026.
Las autoridades judiciales estadounidenses identifican la existencia de un entramado de alianzas criminales transnacionales, en el que también participan el Ejército de Liberación Nacional (ELN), el Cártel de Sinaloa, los Zetas y el Tren de Aragua. Estas redes han facilitado la protección, el transporte y la distribución de toneladas de droga con destino al mercado estadounidense.
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En el plano legal, Maduro Guerra está acusado de conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y delitos relacionados con el uso y posesión de armas automáticas y artefactos explosivos.
El expediente contempla el decomiso de bienes obtenidos a través de estas actividades y extiende la investigación a posibles colaboraciones con otros funcionarios y actores protegidos por el Estado venezolano.
La documentación judicial destaca que el rol de Maduro Guerra va más allá de sus funciones oficiales, identificándolo como una figura estratégica para la articulación de redes internacionales de narcotráfico con nexos directos a organizaciones que muchos países consideran terroristas.
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Entretanto, las autoridades colombianas no han dado a conocer información sobre la presunta visita del hijo del exdictador venezolano recientemente capturado por las autoridades estadounidenses.
Sin embargo, tanto las disidencias de las Farc, especialmente las encabezadas por alias Iván Márquez, así como el ELN han mantenido una relación estrecha con el vecino país, aprovechándose de la frontera que une a ambos países.
Incluso, varios reportes de inteligencia colombiana han señalado que alias Iván Márquez se mantiene escondido en Venezuela, tras las ofensivas de las Fuerzas Militares para acabar con esa facción de las disidencias de las Farc.
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