Procuraduría ordenó alcalde ad hoc en Pereira tras aceptar impedimentos de Mauricio Salazar por intervenir en la campaña electoral de su esposa

El 2 de enero de 2026, la Procuraduría General de la Nación solicitó al Ministerio del Interior la designación de un alcalde ad hoc para Pereira. La decisión busca evitar conflictos de interés y asegurar la imparcialidad en la administración municipal durante el proceso electoral legislativo de 2026, luego de que el alcalde Mauricio Salazar Peláez reconociera un impedimento para intervenir en asuntos electorales debido a la postulación de su esposa al Senado.

El Ministerio Público informó que se mantiene abierta la investigación disciplinaria contra Salazar por presunta participación indebida en política, proceso que fue iniciado en diciembre de 2025. La pesquisa pretende determinar si hubo un comportamiento indebido por parte del mandatario municipal y si este hecho se ajusta a una falta disciplinaria, además de establecer si actuó amparado en alguna causa legal que excluya responsabilidad.

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La Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda formalizó la restricción que impide a Salazar involucrarse en cualquier asunto, deliberación o decisión del Comité de Seguimiento Electoral del municipio. Tampoco podrá intervenir en trámites administrativos relacionados, directa o indirectamente, con el proceso electoral al Congreso para el periodo 2026-2030. Esta medida implica que el Ministerio del Interior asumirá la designación de un funcionario temporal que se encargue de los temas electorales.

“La Procuraduría Regional de Juzgamiento de Risaralda confirmó que el burgomaestre no podrá participar, deliberar o decidir sobre asuntos que sean sometidos a consideración del Comité de Seguimiento Electoral del municipio”, según comunicado.

Y agregó: “Salazar Peláez tampoco está habilitado para intervenir en ninguno de los trámites administrativos que guarden relación directa o indirecta con las elecciones al Congreso 2026 - 2030”.

El pronunciamiento del órgano de control ocurrió tras conocerse denuncias sobre un presunto constreñimiento a contratistas de la Alcaldía para apoyar la candidatura senatorial de la esposa de Salazar. De acuerdo con información recopilada en diciembre de 2025, varios contratistas de la administración habrían sido llamados a encuentros para recolectar listas de posibles votantes y participar de manera activa en actividades proselitistas.

Entre las denuncias se incluye la circulación de material de campaña y planillas, que, según congresistas de Risaralda, podrían constituir prueba de un posible uso de la estructura administrativa municipal con fines electorales; estos señalamientos fueron trasladados a los organismos de control pertinentes. Frente a los reclamos, la Alcaldía de Pereira mantuvo su posición de que no existen elementos internos que comprometan a sus funcionarios ni presión alguna sobre los contratistas para fines políticos.

Con la restricción oficial y la investigación disciplinaria en curso, el nombramiento de un alcalde ad hoc por parte del Ministerio del Interior se plantea como una figura preventiva mientras avanza la revisión exhaustiva de los hechos que involucran al actual burgomaestre.

La denuncia contra el alcalde de Pereira

La congresista Carolina Giraldo Botero reveló presiones políticas dentro de la administración pública de Pereira, enfocando el debate nacional en el presunto uso de estructuras oficiales para favorecer la precampaña al Senado de María Irma Noreña, esposa del alcalde Mauricio Salazar.

Según Giraldo, los hechos podrían configurar delitos relacionados con el constreñimiento al elector y la utilización indebida del poder público, dado que funcionarios y contratistas de la Alcaldía habrían sido impulsados a participar activamente en actos proselitistas y a recolectar datos de posibles votantes, exponiendo así el alcance de la presunta instrumentalización de la planta pública con fines electorales.

Entre los puntos expuestos, destacó el señalamiento de que la precandidata organizaría encuentros en los que exige a los asistentes reclutar más participantes y cumplir cuotas de referidos. Esta práctica, sustentada en varios testimonios, subraya la presión a la que se verían sometidos especialmente los contratistas, que relataron experiencias donde se les pedía explícitamente asistir a reuniones obligatorias, portar chalecos con el logo de la Alcaldía de Pereira mientras distribuían volantes de la campaña de Noreña y del propio alcalde, e incluso entregar listas con información personal detallada de decenas de ciudadanos.

Uno de los contratistas, bajo condición de anonimato, relató a la congresista: “Hace dos semanas me citaron a una supuesta reunión obligatoria. (…) Cuando llegué, había personas pasando lista verificando quiénes sí habían ido. Después entré al auditorio y allá estaba María Irma y nos dijo que necesitaba que todos estuviéramos con ella en su campaña”. Tras este primer encuentro, se les solicitó recolectar información de posibles votantes: “Nos dijo que teníamos cada uno que entregar listas con el teléfono, cédula y dirección de 60 personas. Nos pasaron las listas y volantes de María Irma y de Franyela”.