
La tensión latente entre la necesidad de protección y las limitaciones estructurales se hizo evidente durante la noche del 31 de diciembre de 2025, cuando altercados en la UPI La Rioja de Bogotá pusieron en primer plano la vulnerabilidad de la comunidad emberá alojada en el lugar.
Juliana Sánchez, subsecretaria técnica de Integración Social, comentó que la administración distrital decidió “reforzar, por un lado, la presencia institucional que hacemos desde la Secretaría de Salud, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad, por supuesto el Idipron, la Alta Consejería para la Paz, Víctima y Reconciliación e Integración Social”.
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La funcionaria explicó que este despliegue respondió “a contextos que normalmente son muy complejos por el alto consumo de alcohol que se presenta en estas fechas”.
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La preocupación central se centró en “proteger ante posibles vulneraciones de derechos a los niños, niñas y adolescentes”, ante lo cual “trasladamos 51 niños a los centros Amadas el mismo treinta y uno para poder prevenir cualquier situación que se diera en el marco de este alto consumo de alcohol”, detalló Sánchez.
Los hechos registrados durante la celebración incluyeron tanto “agresiones hacia los gestores de las entidades que estábamos haciendo allí presencia” como “riñas entre la propia comunidad que expone y pone en riesgo precisamente a la población más vulnerable como los niños y las niñas o las mujeres”, informó la subsecretaria.
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Este tipo de incidentes no son aislados: “Solo en el 2025 se presentaron cuarenta y dos denuncias de violencia en el contexto familiar por parte de la población emberá que está alojada en estos asentamientos”, indicó Juliana Sánchez.
Frente a este panorama, la administración distrital reiteró dos mensajes clave. Por una parte, Sánchez afirmó: “En Upi La Rioja no están las condiciones para poder continuar con el albergue por parte de la población allí”. Por otra, subrayó la necesidad de una responsabilidad compartida: “La protección, específicamente de niños, niñas y adolescentes, requiere, más que cualquiera, de la corresponsabilidad de todos, no solamente del Estado, sino particularmente de las familias y la comunidad”.
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La serie de incidentes ocurridos durante las celebraciones de fin de año en los asentamientos indígenas emberá de Bogotá ha puesto en foco los desafíos de convivencia y protección de menores en la capital. Isabelita Mercado, consejera para la Paz, Víctimas y Reconciliación de Bogotá, subrayó la tensión existente entre el deber institucional de resguardar a niños y adolescentes y las reacciones de ciertos miembros de la comunidad emberá ante acciones del Distrito.
Desde la administración distrital, Mercado explicó que: “En el marco de las celebraciones de fin de año de la comunidad emberá asentada en la UPI La Rioja y en la UPI La Florida, el distrito dispuso de una estrategia especial que pudiera mitigar cualquier tipo de riesgo al que se vieran enfrentados los niños, las niñas y los adolescentes en ambas instalaciones”.
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La funcionaria detalló que se desplegó un equipo adicional con el propósito de vigilar ambos centros: “El distrito, por esta razón, dispuso de un equipo redoblado en ambos lugares con el fin de poder hacer distintos recorridos, identificar riesgos y mitigarlos y adicionalmente, en La Rioja, trasladar a cincuenta y un niños y niñas a los centros Amar de la Secretaría de Integración Social”. Según Mercado, esta decisión respondía a la detección de “riesgos para los menores y consumo de alcohol por parte de algunos adultos de la comunidad”.
En el desarrollo del operativo, Mercado afirmó haber encontrado fuertes resistencias: “Desafortunadamente, pese a esos esfuerzos, nos encontramos con distintos tipos de situaciones que generaron riñas, lesiones personales, violencias basadas de género y violencia de todo índole en ambos lugares”, declaró a El Tiempo. La consejera rechazó “categóricamente cualquier tipo de agresión, amenaza y violencia contra los funcionarios distritales que se encontraban prestando sus funciones”.
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Mercado fue enfática en exigir que las normas de convivencia rigen para todos los habitantes de la ciudad: “Le reiteramos a la comunidad que cualquier tipo de celebración y cualquier comportamiento en ambas instalaciones tiene que ceñirse, no solamente al código de convivencia, sino a la Constitución y a la ley”. Además, dirigió un mensaje a los responsables de los menores: “Le hacemos un llamado, además, a los adultos de ambos lugares que ellos tienen una función y un deber especial de protección a los niños, niñas y adolescentes”, sostuvo Mercado al medio.
Recordó, finalmente, la obligación colectiva: “Vivir en la ciudad implica cumplir con unas reglas de ciudad que están ancladas y amarradas en lo que es cumplir con la Constitución y la ley”.
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Indígenas embera generan malestar entre vecinos en Bogotá
El temor ante una posible prolongación de las celebraciones durante las festividades decembrinas llevó a varios residentes de la localidad de Mártires a buscar alternativas para poder descansar, incluso fuera de sus propias viviendas, de acuerdo con testimonios recopilados por Citytv.
La comunidad se encuentra inquieta por el recuerdo de noches anteriores, marcadas por ruido excesivo y el uso de pólvora por parte de menores, situaciones que se repiten frente a la UPI de La Rioja.

Vecinos como César Eduardo han manifestado su agotamiento ante la persistencia de estas celebraciones y la falta de soluciones concretas. “Duraron más de tres días con una música en volumen como cuando hay un concierto. Duramos desvelados tres días totalmente. Estamos agotados. La verdad ya se está complicando esta situación otra vez. Ya se avecina 24 y 31, y tememos que estas parrandas de estos indígenas emberá se extiendan tres, cuatro, cinco días hasta una semana, porque ya la hemos vivido”, expresó César Eduardo al medio.
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Este testimonio resume la principal preocupación de los habitantes: la incertidumbre de enfrentar nuevamente jornadas de insomnio justo cuando se aproximan las fechas de fin de año.
A este panorama se suman situaciones que, según los residentes, comprometen la seguridad y la protección de los menores en la zona.

Un habitante del sector relató a Citytv la gravedad de los hechos observados en los alrededores: “Nunca me imaginé este impacto negativo en cuanto a la tranquilidad de nosotros como personas. El eco y la situación de ruido es bastante compleja, pero yo quiero hablar de un tema que me parece mucho más importante y es la protección de los menores y de esta comunidad, porque lo que nosotros visualizamos desde la parte posterior es situaciones impresionantes como la violencia, como el abuso sexual”.
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La comunidad indígena emberá, asentada en la UPI de La Rioja, enfrenta además conflictos internos que han derivado en sanciones tradicionales y disputas, según imágenes y reportes recogidos en la zona.
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