El presidente Gustavo Petro continúo defendiendo la decisión de su Gobierno de incrementar el salario mínimo de 2026 en un 23%, estableciéndolo en $1.746.882 –cifra que se eleva a $2.000.000– por el auxilio de transporte. Desde varios sectores, incluyendo el empresarial, han alertado sobre las consecuencias de esta medida en materia económica, pero el primer mandatario se mantiene en que el incremento contribuirá a aumentar el poder adquisitivo de la población trabajadora y, en consecuencia, movilizará la economía.
En el debate sobre la situación se involucró la senadora y precandidata presidencial Paloma Valencia, del Centro Democrático. De acuerdo con la explicación que dio en su cuenta de X, el presidente Petro busca implementar cambios en el país con base en ejemplos del exterior, pero sin tener en cuenta otras medidas adicionales que se tomaron para garantizar su efectividad.
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Mencionó el caso de México, durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), en la que también hubo un incremento importante en el salario mínimo.
“Petro copia, pero copia mal. Lo primero que hizo López Obrador en México antes de subir el salario mínimo en 20% fue cambiar la indexación de los salarios públicos del SMLV al IPC. Petro no lo hizo, y de esa manera pone en un riesgo adicional las finanzas públicas”, indicó la congresista de la oposición.
En su publicación, insinuó que el alza en el salario mínimo para 2026 –considerada por algunos como excesiva– respondería a objetivos electorales, teniendo en cuenta que en marzo y en mayo de 2026 se llevarán a cabo las elecciones al Congreso de la República y las elecciones presidenciales.
“¿Tal vez porque sus intereses son electorales y no sociales?”, cuestionó la senadora.
El jefe de Estado contestó a los señalamientos e insinuaciones de la congresista de derecha, asegurando que tiene planeado cambiar la indexación, como se hizo en México. Informó que se realizará a través de un decreto, a través de la declaratoria de emergencia económica que ya estableció el Gobierno nacional –también controvertida–.
Recordó, además, que desde la perspectiva oficialista, el Legislativo es responsable de una parte de la crisis fiscal que afronta el país y que llevó a la administración a declarar la emergencia económica.
“Y quién te dice que no lo vamos a hacer. Algunos son por ley y por eso la indexación de precios por salario mínimo vital se hará por decreto ley en la emergencia que desataron ustedes en el Congreso”, escribió el primer mandatario en su cuenta de X.
El primer mandatario y otros altos funcionarios del Gobierno culpan al Congreso por la situación fiscal actual, debido al hundimiento de dos leyes de financiamiento (reformas tributarias), con las que pretendía completar faltantes en los presupuestos de 2025 y 2026.
Riesgos por el incremento del salario mínimo, según la oposición
En su momento, el exembajador de Colombia en Washington y exministro de Defensa Juan Carlos Pinzón se pronunció sobre el aumento del salario mínimo dispuesto por el Gobierno, advirtiendo que aunque parece ser beneficioso para la población trabajadora, en realidad es perjudicial.
“El aumento del salario mínimo en 23% puede sonar bien, pero en la realidad pone en riesgo el empleo formal de millones de colombianos”, precisó el exfuncionario del Estado, explicando que más personas podrían quedar inmersas en la precariedad y en la informalidad, que ya supera el 55%.
Esto, teniendo en cuenta que las pequeñas empresas del país, al parecer, no podrán asumir el alza de los costos salariales de sus empleados y tendrán que recurrir al recorte de personal.
Al igual que Pinzón, el expresidente Álvaro Uribe Vélez rechazó la decisión de la administración y señaló al jefe de Estado de engañar a la ciudadanía asalariada, que, desde su perspectiva, se verá seriamente perjudicada con el incremento del salario.
“Petro endulza el oído de los trabajadores y les amarga la vida”, aseveró.
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