Daniel Briceño desempolvó video de Gustavo Bolívar advirtiendo consecuencias para los congresistas si se reducía su salario

El Gobierno nacional, en cabeza del presidente Gustavo Petro, alista un decreto para reducir el salario de los congresistas en Colombia a través de la eliminación de la prima de servicios, que ronda los $15 millones. Esta decisión tiene tanto apoyos como críticas.

Una de las personas que públicamente ha abogado por la disminución del sueldo de los legisladores es el exsenador y exdirector del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) Gustavo Bolívar. Sin embargo, el concejal de Bogotá Daniel Briceño desempolvó un video en el que Bolívar, acompañado de Iván Cepeda, aseguró que los congresistas podrían enfrentar problemas por la reducción de sus ingresos.

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“Aquí el día que Gustavo Bolívar e Iván Cepeda como congresistas este periodo se opusieron a la reducción del salario de los congresistas”, indicó Briceño.

De acuerdo con la grabación, el exsenador advirtió sobre el riesgo jurídico que implicaría reducir salarios en el Legislativo, teniendo en cuenta que muchos legisladores adquieren compromisos financieros basados en el ingreso esperado de su cargo. “Por decirle algo, un senador se endeuda en $500 millones porque sabe que puede pagar cuotas de $15 millones, a esa persona no se le puede decir hoy: ‘No, ya no va a ganar $35, sino $25’. Entonces, podrían venir demandas”, precisó en su momento.

Indicó que esa situación podría afectar, sobre todo, a quienes están en campaña, porque requiere de una inversión muy alta que los congresistas deben ser capaces de solventar.

Por otro lado, en octubre de 2022, el exdirector del DPS expuso públicamente sus dificultades personales para sostenerse con el salario de congresista que entonces tenía. Aseguró que estaba “quebrado”. “Para algunas personas es una cantidad considerable. Para otras, que traemos un ritmo de gasto y que tenemos una carga impositiva, digamos, en la reforma tributaria (que establecía una reducción en el salario, bajando a los $21 millones), no nos alcanzaría”, indicó Bolívar en la sección de Pregunta Yamid, del noticiero CM&.

Por eso, informó que estaba interesado en dar un paso al costado y salir del Congreso, para buscar otras oportunidades laborales en el sector privado. “No puedo seguir hundiéndome, porque es el patrimonio de toda la familia”, precisó, explicando que la diferencia de sueldos entre el sector privado y público es muy amplia; aseguró que en el primero, perfil similar al suyo podría justificar ingresos de hasta $80 millones.

La propuesta de Bolívar para reducir el salario de los congresistas

Pese a las advertencias que hizo Bolívar, en tres ocasiones intentó que se redujera el salario del Legislativo con la presentación de un proyecto, pero no tuvo éxito. La última iniciativa, orientada e impulsada en 2025 por el senador y precandidato presidencial del Pacto Histórico Iván Cepeda, también fue rechazada.

Según el exdirector del DPS, parte del problema radica en que los propios congresistas suelen evitar votar estas iniciativas o alegan conflictos de interés, impidiendo cualquier avance en la materia. “Siempre se pierden, siempre se ausentan de esas votaciones o alegan no poder legislar en causa propia”, recalcó en un video publicado en sus redes sociales.

Por eso, propuso una medida para lograr esa disminución: que los aspirantes Congreso firmen un acta durante su campaña, comprometiéndose públicamente a impulsar o votar un proyecto de ley para limitar el salario de los legisladores a 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes, estimados en alrededor de $28 millones.

Para Bolívar, la clave estaría en comprometer a los candidatos desde la campaña. Pues, según precisó, los congresistas reciben, además del salario, un paquete de beneficios como automóviles, escoltas, secretarias, pasajes de avión, gasolina y teléfonos. “No debería ser poquito $28 millones. Así que la forma de comprometerlos es ahorita en las campañas, meternos a sus reuniones, pedir la palabra”. Advirtió también que, si los legisladores electos incumplen su firma del acta, los ciudadanos tendrían la opción de acudir al Consejo de Estado e iniciar un proceso por “fraude al elector”.