Un grupo de 43 ciudadanos colombianos fueron retornados desde Panamá a Colombia en un vuelo chárter coordinado por el Servicio Nacional de Migración, en una operación que forma parte de la estrategia panameña para reforzar el control migratorio y la seguridad nacional.
Según información de Migración Panamá, la acción fue realizada bajo el respeto al debido proceso y los derechos humanos, responde al interés de las autoridades de evitar que el país se convierta en refugio para quienes infringieron la ley o intentaron evadir los controles migratorios.
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El vuelo, que fue recibido en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, incluyó a 38 hombres y cinco mujeres, treinta de ellos fueron deportados y trece fueron expulsados.
La operación fue acompañada por las autoridades colombianas, que implementaron los procedimientos correspondientes para el ingreso de los ciudadanos retornados.
Las trece personas que fueron expulsadas representaban una amenaza para el orden y la seguridad pública.
Según información oficial, para estos últimos se activaron protocolos especiales de seguridad, y la decisión se tomó luego de una verificación exhaustiva de antecedentes judiciales y administrativos.
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El Servicio Nacional de Migración indicó que los expedientes incluían casos de posesión de armas de fuego, drogas, fabricación y tráfico de armas, delitos vinculados al narcotráfico, tráfico ilegal de migrantes, homicidio calificado, robo agravado y antecedentes criminales en Estados Unidos. Algunos de los expulsados habían reingresado al país utilizando pasos no habilitados y burlando los puestos de control migratorio.
Durante los primeros 11 meses del año, más de 418.000 colombianos cruzaron la frontera de Panamá, mientras que 403.651 salieron del país en el mismo lapso, según cifras de Migración Panamá.
Este flujo migratorio se acompaña por la emisión de 8.996 permisos de residencia a colombianos, siendo los ciudadanos nacionales quienes más solicitudes presentan. A su vez, 724 permisos de residencia han sido rechazados, posicionando nuevamente a los solicitantes colombianos en los primeros lugares de la estadística.
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La autoridad migratoria panameña reporta 496 deportaciones y 126 expulsiones ejecutadas durante el año. Las primeras son motivadas por ingreso irregular, mientras que los expulsados se deben a los antecedentes penales.
Pero para quienes desean instalarse y trabajar legalmente en territorio panameño deben tramitar un visado y obtener un permiso laboral. Para ello, es imprescindible presentar una serie de documentos, entre los que figuran un poder y una solicitud notariados, tres fotografías tipo carné, copia cotejada del pasaporte, certificado de antecedentes penales y certificado de salud vigente.
En cuanto a los requisitos de ingreso, Panamá exige a los visitantes portar un pasaporte con una validez mínima de 6 meses al momento de ingresar, así como un boleto de regreso o de continuación de viaje.
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Además, se debe demostrar la posesión de USD 500 en efectivo o en una tarjeta de crédito con ese cupo disponible. Los ciudadanos colombianos están exonerados de la obligación de tramitar una visa para entrar como turistas, aunque esta categoría no les permite realizar actividades remuneradas.
Si algún visitante extranjero es sorprendido trabajando sin la autorización correspondiente, puede ser sancionado económicamente y enfrentar la deportación.
Las familias que viajan con hijos menores de edad deben presentar un permiso notariado y apostillado del progenitor que no los acompaña, requisito obligatorio para abandonar el país o ingresar con menores.
Por otra parte, toda gestión vinculada a la solicitud de visa debe realizarse a través de un abogado habilitado ante el Servicio Nacional de Migración, lo cual constituye un paso indispensable en los procedimientos migratorios.
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El movimiento migratorio y las regulaciones asociadas reflejan el papel de Panamá como destino y punto de tránsito para ciudadanos colombianos, quienes encabezan tanto las entradas como las solicitudes de residencia en el país.
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