
El salario mínimo en Colombia experimentará en 2026 un aumento histórico, tras la decisión del Gobierno Nacional de fijarlo en $1.750.905, lo que representa un ajuste del 23,7%.
Con el auxilio de transporte de $249.095, el ingreso mínimo mensual llegará por primera vez a la barrera simbólica de dos millones de pesos colombianos.
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Se trata del mayor incremento decretado en una sola vigencia en la historia reciente y es una decisión que, según advertencias empresariales y de expertos, podría no solo elevar de manera significativa los costos fijos de las compañías, sino también impactar la dinámica del empleo formal y la inflación.
Los costos fijos son, en esencia, los egresos que “la empresa paga siempre, independientemente de su nivel de producción o volumen de ventas·, de acuerdo con una definición publicada en la página web del banco Caja Social.
Estos costos, por ejemplo, incluyen el alquiler de un local comercial, salarios de los empleados de planta, mantenimiento de maquinarias, gastos de transporte y logística, y algunos impuestos fijos.
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Incremento del salario mínimo impacta a las empresas, aseguran gremios económicos
De acuerdo con un reporte periodístico de La República, los expertos apuntan que el ajuste salarial podría traducirse en aumentos de entre 15% y 20% en los precios de bienes y servicios formales, trasladando la presión de costos a los consumidores.
Pero en cuanto a las empresas, Camilo Cuervo, socio de la firma Holland & Knight, mostró algunos argumentos en contra del pronunciado incremento.
En diálogo con el medio especializado mencionado dijo que el incremento fijado “prácticamente quintuplica la inflación”, lo cual representa una fractura importante para el ya reducido mercado formal de trabajo en Colombia.
Desde su perspectiva, sectores como el de la seguridad privada enfrentarían una situación crítica a muy corto plazo.
“Varias empresas no tienen literalmente cómo pagar la nómina de enero”, afirmó Cuervo, a la vez que prevé que el impacto será inmediato en las tarifas y en la estructura de costos de servicios esenciales como la vigilancia.
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Cuervo advirtió que “más del 80% de los trabajadores formales en Colombia devenga salario mínimo, por lo que los efectos se sentirán desde la primera semana de enero”.
Recortes de costos y automatización a la vista
En este contexto, las empresas se verán obligadas a elegir entre aumentar precios o recortar costos, lo que podría resultar en despidos y un incremento de la informalidad laboral.
El abogado también calificó la decisión como populista, al considerar que “generará más problemas de los que pretende solucionar”, y anticipó efectos adversos sobre la inflación, la formalidad y el empleo.
Otro gremio, Fenalco, a través de su presidente Jaime Alberto Cabal, calificó el proceso como una completa “farsa” y consideró que la cifra decretada constituye una “burla institucional para el sector productivo del país”.
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Cabal enfatizó que “las improvisaciones del Gobierno no las paga el Estado, las paga el pueblo con desempleo, informalidad y carestía (...). El resultado será inevitable: menos empleo, más informalidad y el cierre de empresas en todo el país”.
Para el líder gremial, “este incremento carece de sustento técnico y resulta especialmente grave en una economía altamente indexada al salario mínimo. Esta crea una ilusión de mayor ingreso nominal para los trabajadores, pero se oculta el impacto real: un aumento generalizado del costo de vida”.
El presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif),José Ignacio López, se sumó a las críticas mediante una publicación en su cuenta de X, en la que advirtió que “el aumento de una cifra de más de 20% agravará el principal problema del mercado laboral en el país, la informalidad”.
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López anticipó que “muchas empresas optarán por automatizar o reducir contratación; las más pequeñas, por irse a la informalidad”.
La carga también pasaría a los consumidores
Bruce Mac Master, presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), fue uno de los primeros en alzar la voz para apuntar que “afectar variables como la inflación, el empleo, la informalidad, la competitividad y la tasa de interés con el fin de mostrarse generoso, utilizando recursos que terminarán pagando las pymes, las empresas medianas y las empresas formales, constituye sin duda uno de los mayores actos de populismo en la historia de Colombia”.
En nombre de la entidad empresarial, advirtió que cada punto porcentual de aumento en el salario mínimo significa aproximadamente $400.000 millones adicionales en gasto público, lo que, en el contexto de la reciente “emergencia económica” reconocida por el propio Ejecutivo, incrementa los riesgos para las finanzas del Estado y para los hogares.
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