El Gobierno nacional evalúa la eliminación de la prima especial de servicios de quince millones de pesos mensuales que reciben los congresistas a partir de 2026, según un borrador de decreto.
La medida, que se aplicaría a los legisladores elegidos en los comicios del 8 de marzo de ese año, formaría parte de una estrategia de austeridad impulsada por el Ejecutivo colombiano, de acuerdo con el documento conocido por Blu Radio.
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Al respecto, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López escribió un mensaje con el que demostró su apoyo a la medida, pese a que sus más recientes publicaciones han sido críticas frente a la administración de Gustavo Petro, que resolvió decretar un aumento del 23 % al salario mínimo para el 2026.
Sin embargo, para hacer la salvedad, López comentó sobre la eventual eliminación de la prima: “¡Esta sí es una buena decisión!”.
El ajuste afectaría los ingresos mensuales de los futuros integrantes del Congreso de la República, que dejarían de percibir la prima creada mediante el decreto 2170 de 2013.
Esta disposición habría sido concebida para sustituir beneficios eliminados tras una sentencia de la Corte Constitucional, pero el borrador actual considera que su monto resulta desproporcionado frente al ingreso promedio de la población, informó el medio.
Claudia López se fue en contra del incremento del salario mínimo del 23%
La exalcaldesa, además, publicó una dura crítica contra el incremento al salario mínimo de un 23,7%.
En sus redes sociales escribió que un aumento así significa “la mayor transferencia de riqueza de los bolsillos de los colombianos a los de congresistas, ministros, magistrados y toda la burocracia estatal de la historia!”.
Agregó que “El 56% de los colombianos, los informales, no tendrán ningún incremento, ni más salario, sino mayor inflación y costo de vida, pero trabajarán para que toda la clase política se enriquezca, para que el 44% más privilegiado que ellos, con empleo formal, gane mejor, mientras que los informales, que son las mayorías, se joden trabajando más y ganando menos para que los de arriba vivan sabroso”.
Qué más dice el decreto que va por las primas de servicios de los congresistas
El borrador de decreto de la Presidencia de la República indica que la eliminación de la prima especial creada mediante el decreto 2170 de 2013, junto con otros beneficios relacionados, representa una acción inmediata de austeridad que busca avanzar en el cierre de brechas socioeconómicas.
La supresión de la prima implicaría una reducción cercana a 11 millones de pesos mensuales en la asignación total de los futuros congresistas, ya que el monto del beneficio actual asciende a aproximadamente 15 millones de pesos mensuales.
La propuesta del Gobierno fue respaldada públicamente por Juan Fernando Cristo, exministro del Interior y precandidato presidencial, que recordó que desde el primer año de la pandemia propuso esta medida como una alternativa para reducir los altos salarios de los congresistas sin necesidad de reformas constitucionales.
Cristo enfatizó en su cuenta en la red social X que “la prima no está contemplada ni en la Constitución ni en la ley, sino en un decreto que se puede derogar o modificar”.
El salario de los congresistas en Colombia se proyecta para 2026 en más de 52 millones de pesos mensuales, tras los recientes ajustes oficiales. El Decreto 1092 de octubre de 2025 fijó un aumento del 7% en las asignaciones de senadores y representantes a la Cámara, lo que elevó sus ingresos desde los 48,1 millones de pesos previos hasta una cifra superior a los 51 millones de pesos.
Para 2026, el salario mínimo legal vigente se estableció en 1.750.000 pesos, tras un incremento del 22,7% decretado por el gobierno de Gustavo Petro.
El debate sobre el salario de los parlamentarios ha sido recurrente en la opinión pública. El nivel salarial de los congresistas colombianos equivale a cerca de 37 veces el salario mínimo, una diferencia que ha generado críticas en un contexto de presión económica para millones de ciudadanos.
Además, los legisladores reciben beneficios adicionales, como gastos de representación y asignaciones por logística y seguridad, que incrementan el costo total para el Estado.
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