Fiscalía detuvo a funcionarios de la Dijín y del CTI: la banda cobraba millonadas por hacerle ‘conejo’ a la justicia alterando procesos judiciales

La Fiscalía General de la Nación anunció en la mañana del 29 de diciembre que, gracias a las labores investigativas, lograron la captura de nueve personas señaladas de integrar una red de corrupción dedicada a manipular procesos judiciales y a comerciar información reservada.

Entre los implicados figuran funcionarios activos y exfuncionarios de organismos de investigación judicial.

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Se estima que exigían entre cuatrocientos y mil millones de pesos a cambio de favorecer a investigados, lo que evidencia la penetración de la corrupción en entidades como la Dijín y el CTI de la Fiscalía, y plantea dudas sobre la transparencia del sistema de justicia en Colombia.

Las investigaciones, encabezadas por el Grupo de Tareas Especiales de la Fiscalía General de la Nación, permitieron documentar hechos ocurridos en 2014, 2015, 2024 y 2025.

“En los casos detectados algunos de los implicados se habrían reunido con los afectados en Bogotá y Villavicencio (Meta) y exhibido información reservada sobre procedimientos que se realizarían para ejercer presión e intensificar los cobros ilícitos”, señaló el ente acusador.

En el operativo, realizado en Bogotá, Chiquinquirá (Boyacá), Pereira (Risaralda) y Granada (Meta), se detuvo a los nueve presuntos responsables de participar en el entramado delictivo.

Entre los arrestados se encuentran cuatro miembros activos de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijín): el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, y el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo; así como dos funcionarios del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI): Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo.

La lista incluye también a tres particulares, exfuncionarios de la Policía Nacional y del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec): Luis Eduardo Riveros García, Rosember Gil Ramírez y Jimmy Gerardo Casas Torres.

La red cobraba millonarias sumas para filtrar informes, entregar expedientes completos y facilitar información confidencial principalmente sobre casos de lavado de activos.

Los afectados eran, en su mayoría, personas con antecedentes penales internacionales o presuntos lazos con el narcotráfico.

“Estas personas presuntamente aprovecharon los cargos que desempeñaron e hicieron exigencias económicas que oscilaban entre los 400 y 1.000 millones de pesos a un ciudadano que cumplió condena en Estados Unidos y a sus familiares para evitar la imposición de medidas cautelares con fines de extinción de dominio sobre sus bienes, impedir que se ejecutaran órdenes de captura, entre otras acciones judiciales en su contra”, señaló el ente acusador.

Para ejercer presión y asegurar el pago, los implicados se reunían con los interesados en ciudades como Villavicencio y Bogotá; en algunos encuentros incluso habrían suministrado memorias USB con documentos reservados.

Los presuntos responsables no solo filtraban documentación judicial sino que, de acuerdo con el material probatorio, habrían ejecutado actos para obstaculizar las investigaciones: eliminaron pruebas, ocultaron bienes perseguidos por la justicia y buscaron intimidar tanto a víctimas y testigos como a funcionarios encargados de los procesos.

Las acciones ilegales incluyeron la inducción de declaraciones falsas y la exhibición de información sobre operativos planificados para aumentar sus exigencias económicas. El pago de los sobornos buscaba evitar la imposición de medidas cautelares, impedir órdenes de captura y modificar el curso de los procedimientos judiciales.

En las próximas horas, los capturados serán presentados ante la justicia, donde la Fiscalía les imputará delitos de concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario.

Estas actuaciones ponen a prueba la capacidad de las instituciones para responder ante casos de corrupción dentro de sus propias filas y proteger la confianza de la ciudadanía.

Algunos de los involucrados lograron destruir evidencia relevante y obstruir las pesquisas, llegando incluso a forzar declaraciones falsas de testigos contra familiares de investigados en el extranjero, como represalia cuando no se cumplían las exigencias económicas.