En la Policía también hubo remezón: oficiales de inteligencia amenazados por investigación de “Papá Pitufo” fueron trasladados

El traslado de nueve oficiales de la Policía Nacional de Colombia de las áreas de inteligencia y criminalística, varios de ellos vinculados a investigaciones sensibles sobre corrupción y contrabando, ha provocado controversia interna en la institución.

Según información conocida por El Tiempo, la resolución, firmada por director la Policía Nacional, el brigadier general William Rincón Zambrano, el 22 de diciembre, dispuso el envío de los uniformados a departamentos como Caquetá, Guainía, Arauca, Vaupés, Norte de Santander, Risaralda y Santa Marta.

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Aunque la directiva oficial atribuye la medida a “necesidades del servicio”, fuentes dentro de la Policía manifestaron al diario nacional que hay inquietud ante posibles represalias y riesgos asociados al traslado de estos funcionarios.

Entre los oficiales afectados figuran el mayor Kevin Castaño Flórez, trasladado desde la Dirección de Investigación Criminal e Interpol al departamento de Arauca; la mayor Lorena Marcela Fonseca López, que pasa de la Dirección de Inteligencia a Guainía; el mayor Edwin Apolinar Grimaldo, a quien asignaron en Norte de Santander; y el mayor Fabián Chávez Herreño, que fue transferido desde la Seccional de Inteligencia Policial de Bogotá al mismo departamento.

El Tiempo detalló que todos recibirán la prima de instalación como parte del proceso.

De acuerdo con fuentes consultadas por el diario nacional, estos oficiales intervinieron directamente en investigaciones como la infiltración de Diego Marín, conocido como ‘Papá Pitufo’, en la Policía Fiscal y Aduanera, así como en operativos contra el contrabando en Antioquia.

La coronel Julie Katherine Ruiz, oficial superior de los trasladados y también involucrada en estos casos, fue retirada días antes de finalizar su misión en Washington D.C.

Se señala que Ruiz era cercana al exministro de Defensa Iván Velásquez y había sido mencionada anteriormente en el caso ‘Papá Pitufo’.

Respecto a la justificación institucional, altas fuentes de la Policía confirmaron a El Tiempo que los traslados responden a criterios de servicio y son parte de la estrategia para fortalecer la gestión de orden público, especialmente en épocas electorales.

Sin embargo, parte de los integrantes de la Policía interpreta la medida como una señal de tensión interna o incluso posible represalia.

Según recogió El Tiempo, hay quienes detectan un supuesto patrón de presión hacia quienes estuvieron involucrados en investigaciones relevantes, percepción que se intensifica en medio de una reestructuración de la cúpula policial y militar.

El ambiente se volvió aún más delicado tras la denuncia de, al menos, dos de los oficiales trasladados, quienes reportaron a sus superiores haber recibido mensajes amenazantes.

Uno de los textos enviados a sus teléfonos, y citado por El Tiempo, señala: “Van a sufrir ustedes y sus familias y ojalá todos los que trabajen en su empresa para trasladarlos y no dejarlos en paz. Se van para la mieerda (sic), van a pagarlo, se pudieron de valientas (sic) y empoderados. Pues se les acabó el cuarto de hora”.

Ante la gravedad de la situación, los afectados solicitaron de manera formal la adopción de medidas de protección.

Estos hechos se desarrollan en un momento de ajustes en la dirección institucional tanto militar como policial y, según registros revisados por el diario nacional, existen antecedentes inmediatos de traslados similares bajo la misma argumentación oficial, lo que ha contribuido a tensar el clima y a incentivar cuestionamientos dentro de la fuerza.

Incluso, en el mes de noviembre se conoció uno de los episodios más emblemáticos de esta ola de traslados que involucró a la Estación de Carabineros, donde el mayor Carlos Alberto León y la capitán Natalia Velásquez se convirtieron en figuras centrales.

Ambos oficiales, conocidos por su rigor en la aplicación del reglamento, fueron trasladados poco después de la posesión de Rincón: León a Tibú, Norte de Santander, y Velásquez, a Puerto Rondón, Arauca, con apenas 48 horas de preaviso, al parecer, después de que evitaran que el megacontratista Luis Eduardo Rosero, alias El Pastuso, obtuviera beneficios no permitidos para un preso, según informó la revista Cambio en su momento.