En el contexto de la crisis humanitaria registrada en el municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander, marcada por el desplazamiento forzado de familias campesinas, se conoció un pronunciamiento del Frente 33 de las disidencias de las Farc, grupo que se refirió a los señalamientos sobre presuntos bloqueos viales y restricciones a la labor humanitaria en la región del Catatumbo.
El pronunciamiento se produjo mientras persisten los enfrentamientos armados entre el ELN y las disidencias, situación que ha generado alertas de autoridades civiles y organismos de derechos humanos por el impacto directo en la población civil. La información fue divulgada inicialmente por W Radio.
De acuerdo con el comunicado conocido públicamente, el Frente 33 aseguró que no está bloqueando la vía que comunica a Tibú con el corregimiento de La Gabarra, uno de los corredores estratégicos de la zona.
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El grupo armado ilegal también negó estar interfiriendo con la misión médica que presta servicios en ese territorio, donde se han reportado dificultades de acceso para comunidades afectadas por el conflicto.
Andrey Avendaño, identificado como integrante del Frente 33 y delegado en la Mesa de Diálogo con el Gobierno nacional, afirmó que “no es política nuestra, en ningún escenario, perjudicar a la comunidad. Lamentamos que cosas como estas se presenten, pero nosotros nos estamos defendiendo de una agresión que nos impusieron, de una guerra que nos impusieron, una guerra que nunca quisimos, pero nos la impusieron”.
El vocero señaló que, según su versión, las acciones armadas responden a dinámicas de confrontación que no buscarían afectar directamente a la población civil.
En el mismo pronunciamiento, Avendaño se refirió de manera específica a las denuncias sobre presuntos obstáculos a la atención en salud. Indicó que “se está argumentando que nosotros estamos obstaculizando el paso de vehículos y las funciones de la misión médica hacia el corregimiento de La Gabarra. Manifestarles que esto no es cierto. He consultado con las unidades en terreno y lo que manifiestan es que no están, en este momento, sobre la vía”. Añadió que, desde su perspectiva, “no es responsabilidad nuestra si no hay tránsito de vehículos, en este caso, de la misión médica”.
Estas declaraciones se conocen mientras continúan los reportes de nuevos desplazamientos forzados en el Catatumbo. Organismos humanitarios han advertido que los recientes choques armados entre los grupos ilegales han obligado a comunidades enteras a abandonar sus viviendas ante el riesgo para su integridad.
Según información oficial, al menos 11 núcleos familiares, integrados por al menos 30 personas, salieron de la vereda Mineiro, en zona rural de Tibú, y se desplazaron hacia la ciudad de Cúcuta en busca de protección. Estos movimientos de población se suman a los ya registrados en semanas anteriores, en medio del deterioro de la seguridad en la región.
La Defensoría del Pueblo, a través de un mensaje publicado en la red social X, confirmó la llegada de estas familias a la capital de Norte de Santander. En el pronunciamiento se indicó: “El día de hoy han llegado a Cúcuta 11 familias desplazadas, compuestas por al menos 30 personas, procedentes de la vereda Mineiro de Tibú, Norte de Santander. El desplazamiento obedecería a enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 de las Farc. Solicitamos a la Alcaldía de Cúcuta ofrecer atención humanitaria inmediata a estas familias”.
La entidad también reiteró el llamado a los actores armados para reducir las confrontaciones en el territorio. En otro mensaje, la Defensoría señaló: “Nuevamente hacemos un llamado para que el ELN y las disidencias del Frente 33 desescalen las hostilidades en el Catatumbo, más aún en una época en la que las familias deberían tener algo de paz”.
Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, se refirió a los anuncios de ceses de hostilidades realizados por los grupos armados durante la temporada navideña.
En su declaración afirmó: “Este desplazamiento que se presenta hoy en el Catatumbo evidencia por qué los ceses al fuego anunciados por el ELN, así como por las disidencias del Frente 33, son muy insuficientes, pues no se extienden a las hostilidades que se desarrollan entre estos dos grupos”.
En el mismo pronunciamiento agregó que “un factor de riesgo serio y real para la población no son tanto las hostilidades entre la Fuerza Pública y estos grupos, sino las que se presentan entre los grupos ilegales”.
De acuerdo con el reporte más reciente del PMU Catatumbo, desde el 16 de enero de 2025 hasta la fecha, 87.438 personas han salido desplazadas de esta región del país, una cifra que refleja la magnitud del impacto humanitario asociado a la confrontación armada en Norte de Santander.
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