
Luego de las reacciones que dejó en el país político el anuncio de respaldo por parte del Gobierno nacional a la inscripción del comité promotor de la asamblea nacional constituyente la tarde del viernes 26 de diciembre de 2025, el expresidente Álvaro Uribe Vélez volvió a pronunciarse al respecto luego de advertir que dicha acción es para él “una estrategia electoral”.
Ahora, y pasadas las 6:20 a. m. del sábado 27 de diciembre, el exmandatario colombiano aseguró que no romperá “la norma de no referirme a la familia de Petro”.
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En el mismo mensaje que dejó en su cuenta de X Uribe Vélez calificó al jefe de Estado como un “aventajado” al expresar que “Petro manipula la justicia”.
El expresidente también se refirió a la condena a 28 años de cárcel en contra de su hermano Santiago Uribe por paramilitarismo, como un recurso de Petro para ocultar actos en su mandato: “Aprovecha la injusta condena contra mi hermano para tapar los robos de su gobierno”.

Y para dar algunos ejemplos de dichas polémicas durante el Gobierno Petro, Uribe escribió que además de los robos, el presidente busca “tapar” polémicas como: “La plata que su Gobierno pagó a parlamentarios, las 75 masacres de este año, los secuestros, cerca de 600, el récord de coca, etc.”
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Y es que este nuevo mensaje de Uribe Vélez se suma a la citación a un debate de control político de los ministros de Petro ante el Congreso de la República, luego de la aprobación a la solicitud hecha por parte del senador de Cambio Radical Carlos Eduardo Motoa en medio de la sesión extraordinaria virtual que se llevó a cabo el viernes 26 de diciembre.
Además de lo anterior, en la agenda legislativa se tocaron los ascensos militares y el decreto de emergencia económica que anunció Petro en víspera de Navidad durante su alocución presidencial del martes 23 de diciembre.
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Ahora, el Gobierno nacional expresó su apoyo a una iniciativa que, según el expresidente Álvaro Uribe Vélez, busca modificar la Constitución.

Qué debe ocurrir para que la asamblea constituyente de Petro sea una realidad
El 26 de diciembre de 2025, ante la Registraduría Nacional del Estado Civil en Bogotá, nueve representantes de organizaciones y movimientos de la sociedad civil formalizaron la inscripción del comité.
Este grupo debe reunir más de 3 millones de firmas para que la propuesta avance y llegue al Congreso de la República, órgano encargado de decidir sobre su viabilidad.
La presencia del ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, en el acto reforzó el respaldo oficialista a la convocatoria.
Además, durante los últimos meses el presidente Petro impulsó la idea de la asamblea constituyente desde sus redes sociales y en actos públicos.
El mandatario argumentó que el mecanismo permitiría introducir cambios en la Constitución Política que, a su juicio, impiden avances en temas fundamentales.
“El escenario que puede desbloquear estos cambios y estas reformas es una asamblea constituyente que sea la voz soberana, el poder constituyente de los ciudadanos y ciudadanas. El Gobierno nacional y el presidente de la República, Gustavo Petro, ha considerado que esta iniciativa ciudadana merece todo el respaldo”, afirmó Sanguino ante medios de comunicación.
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Las declaraciones oficiales hicieron hincapié en que la asamblea constituiría un instrumento clave para destrabar las reformas sociales promovidas por el Ejecutivo.
El Gobierno ve en la iniciativa una oportunidad para modificar aspectos normativos que han frenado su agenda.
Por otra parte, el expresidente Uribe Vélez publicó un video en su cuenta de X en el que cuestionó el respaldo del Ejecutivo a la propuesta.
“Ahora quieren cambiar la Constitución, una estrategia electoral, la Constitución que ellos, como guerrilla, el M-19, pidieron, que ayudaron a escribir y a aprobar; el sucesor, la cumbre moral de las Farc”, afirmó Uribe.
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El exmandatario sostiene que la constituyente funcionaría como “la disculpa” del Gobierno Petro, marcado —a su juicio— por escándalos y una gestión deficiente.
Entre los señalamientos del exjefe de Estado, figura el aumento de la violencia: “En 2010 se registraron 10 masacres, mientras que en 2025 la cifra alcanzó 75. Además, los secuestros han aumentado de manera exponencial, pasando de 120 en 2010, a más de 575 en el año en curso”, argumentó Uribe.
El líder del partido Centro Democrático también cuestionó el manejo de los recursos públicos y la gestión en áreas sensibles como salud y educación.
Según su perspectiva, el derroche de fondos y la corrupción impactan negativamente en la población más vulnerable.
“Dejaron a los pobres sin medicamentos, les acabaron la salud. El buen acceso solamente lo pueden tener aquellos colombianos, pocos, por cierto, con la posibilidad de comprar una póliza privada de salud”, expresó Uribe.
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En materia educativa, el exmandatario señaló la disminución de créditos del Icetex y la reducción de opciones de ingreso a la universidad como efectos adversos de la administración actual.
De paso, el dirigente político antioqueño sostuvo que los jóvenes colombianos enfrentan limitaciones que los empujan a emigrar o a integrarse a actividades informales e ilegales.
Además, advirtió sobre el incremento de cultivos ilícitos, sobre todo de hoja de coca, como un síntoma de la crisis.
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