
El sistema eléctrico colombiano enfrenta nuevas alertas relacionadas con el equilibrio entre generación y demanda de energía, en un contexto en el que, pese a no registrar apagones por falta de suministro desde hace más de 30 años, los balances futuros muestran escenarios cada vez más ajustados.
Así lo advierten reportes técnicos y análisis económicos divulgados por W Radio Colombia.
Colombia ha sido señalada como un referente regional en confiabilidad eléctrica. Mientras más de 11 países de América Latina han registrado cortes generalizados en los últimos dos años, el país ha sostenido el suministro gracias a la complementariedad entre generación hidroeléctrica y térmica, un esquema que se consolidó tras la crisis de los años 90.

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Luego de aquel apagón, el país fortaleció su infraestructura energética mediante inversiones superiores a 140 billones de pesos en proyectos de generación y expansión del sistema, además de recursos sociales y ambientales asociados al desarrollo de estas iniciativas. Estas decisiones permitieron mantener la estabilidad operativa durante décadas.
Sin embargo, los balances recientes del operador del mercado, XM, evidencian que la capacidad instalada no está creciendo al mismo ritmo que la demanda. Aunque se han incorporado fuentes diversas a la matriz eléctrica, las proyecciones indican una reducción progresiva del margen de seguridad.
De acuerdo con XM, las estimaciones muestran un faltante de energía que alcanzaría el -3,5 % en el año 2027, un escenario que podría tornarse crítico si coincide con un periodo de sequía prolongada o con la ocurrencia de un fenómeno de El Niño, condiciones que afectan la generación hídrica.

Las alertas se intensifican ante los retrasos en la entrada en operación de nuevos proyectos, una situación que se ha repetido durante los últimos cinco años. Según los datos oficiales, en 2021 solo ingresó el 7 % de la energía prevista; en 2022, el 27 %; en 2023, el 17 %; en 2024, el 25 %; y en lo corrido de 2025, apenas el 9,3 % de lo proyectado.
Estos incumplimientos en los cronogramas han sido asociados a varios factores. Trámites ambientales extensos, conflictos sociales en los territorios, procesos prolongados y con vacíos normativos de consulta previa, problemas de seguridad en algunas regiones y mensajes contradictorios de política pública han incidido en la ejecución de las iniciativas.
El impacto de estos retrasos no solo afecta la planeación técnica, sino que también repercute en los precios de la energía y en la percepción de estabilidad regulatoria por parte de los inversionistas, lo que influye en la toma de decisiones para nuevos desarrollos del sector.

En paralelo, distintos estudios han estimado los costos económicos que tendría un eventual racionamiento. Un análisis de Corficolombiana señala que cada hora de racionamiento representaría un costo de 5.200 millones de pesos y una reducción de 1,0 punto porcentual del PIB.
Otro estudio, elaborado en 2024 por el Banco de Bogotá, calcula que una hora diaria de racionamiento tendría un impacto económico de entre 175 y 204 mil millones de pesos. Según ese informe, los sectores más expuestos serían la manufactura, la minería y el comercio.
Estas actividades concentran aproximadamente el 24 % del PIB nacional y generan cerca del 30 % del empleo, por lo que la continuidad del suministro eléctrico es considerada un factor clave para la estabilidad productiva y laboral del país.
Por su parte, Fedesarrollo analizó un escenario comparable al racionamiento de los años 90 y estimó que una situación similar podría traducirse en una contracción económica de 1,5 puntos porcentuales, con la pérdida de 230 mil empleos, el ingreso a la pobreza de 203 mil personas y a la pobreza extrema de 102 mil.
Las proyecciones y estudios coinciden en que la seguridad energética depende de la entrada oportuna de nuevos proyectos, tanto de generación como de transmisión, y de la reducción de los obstáculos que han limitado su ejecución en los últimos años, según los análisis divulgados por W Radio Colombia.
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