La Defensora del Pueblo, Iris Marín, solicitó el cese inmediato de los enfrentamientos entre el ELN y el Frente 33 en el Catatumbo, región ubicada en el nororiente de Colombia, y reclamó el ingreso urgente de personal médico y misiones humanitarias para asistir a las personas heridas y a la población civil afectada por la escalada de violencia.
El llamado fue realizado el 25 de diciembre a través de los canales oficiales de la Defensoría del Pueblo, ante la intensificación de los combates en el corregimiento de La Gabarra, municipio de Tibú, en el departamento de Norte de Santander.
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Crisis humanitaria y confinamiento en La Gabarra
De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, durante la jornada del 25 de diciembre se reportó un recrudecimiento de los combates entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y las disidencias del Frente 33, lo que generó un escenario de alto riesgo para la población civil. La entidad confirmó que un grupo de habitantes permanece refugiado en una escuela rural para protegerse del fuego cruzado y los artefactos explosivos, en una situación que afecta a familias completas, incluidos menores de edad.
La Defensora, Iris Marín, expresó en sus redes sociales: “Pedimos al ELN y al Frente 33 cesar de inmediato los combates en La Gabarra - Tibú y permitir el ingreso del personal médico para evacuar a las personas heridas y para poder llevar atención humanitaria a la zona”. Según la información oficial, se han recibido reportes de personas heridas que requieren atención médica urgente, mientras la movilidad y el acceso a servicios básicos se encuentran severamente restringidos.
Desplazamientos masivos y respuesta de organizaciones humanitarias
El conflicto armado en el Catatumbo ha provocado el desplazamiento de cerca de 250 personas en las últimas 24 horas, según datos del Consejo Noruego para Refugiados (NRC) y autoridades locales. Las familias desplazadas provienen principalmente de los municipios de Tibú y El Tarra, y han llegado a ciudades como Cúcuta y Ocaña.
En Cúcuta se reportó la llegada de 54 núcleos familiares, cerca de 200 personas, mientras que en Ocaña arribaron 11 familias, aproximadamente 50 personas.
La situación es especialmente crítica en Tibú, donde comunidades han advertido sobre el riesgo de confinamiento y desplazamiento de más de 6.000 personas en el corregimiento de Pachelly, como consecuencia de la presencia y acciones de grupos armados organizados. El NRC activó su respuesta humanitaria de emergencia y solicitó al Estado colombiano garantizar atención inmediata a la población afectada, así como el respeto de la población civil por parte de los actores armados.
“Cientos de personas están huyendo para salvar sus vidas y necesitan asistencia humanitaria urgente: un techo seguro, alimentos, agua potable y protección”, advirtió Giovanni Rizzo, director de país del NRC en Colombia, según Blu Radio.
Restricciones a la atención médica y bloqueos en vías rurales
Los enfrentamientos se concentran en el kilómetro 16 de la vía que conecta el casco urbano de Tibú con los corregimientos de La Gabarra, Orú y Versalles. En este corredor vial, según la Defensoría del Pueblo, se han instalado retenes armados que impiden la circulación de vehículos de emergencia y agravan el riesgo para quienes requieren atención médica. Una ambulancia que intentaba llegar al hospital de Tibú tuvo que regresar tras encontrar un control armado, lo que dificultó la evacuación de personas lesionadas.
La Defensoría del Pueblo informó que la situación ha sido analizada con otras instituciones estatales para activar medidas de protección y atención humanitaria. El llamado de la entidad incluye la solicitud de permitir el ingreso de misiones médicas y humanitarias, y de frenar el avance de la emergencia humanitaria en la región.
Impacto en la región y reacciones institucionales
Durante 2025, al menos 200.000 personas han resultado afectadas por el escalamiento del conflicto armado en varios municipios del Catatumbo, de acuerdo con datos de la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas (OCHA). Esta cifra representa el 53% de la población de la subregión, y evidencia la magnitud de la crisis humanitaria en uno de los territorios históricamente más golpeados por la violencia en Colombia.
La Unidad de Implementación del Acuerdo de Paz se sumó al llamado de la defensora Marín, afirmando: “Nos sumamos al llamado de la Defensoría para clamar por el cese de las hostilidades y el respeto por la vida. La palabra debe ser la única arma para luchar por un mejor país”.
Desde el gobierno nacional, la vicepresidenta Francia Márquez pidió respeto por la vida, el territorio y la dignidad de las comunidades, y solicitó garantías de seguridad que permitan el retorno y la permanencia de las familias en sus tierras, además de apoyo humanitario inmediato y atención integral por parte de las autoridades competentes.
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