El 25 de diciembre de 2025, en el kilómetro 16 de la vía Tibú - La Gabarra, ubicado en el departamento de Norte de Santander, se registraron fuertes enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) que obligaron a los habitantes de la zona a buscar refugio en la escuela para no quedar expuestos al fuego cruzado.
Según videos publicados en redes sociales por testigos, la ambulancia de La Gabarra, que llevaba una remisión hacia el Hospital de Tibú, fue obligada a regresarse por uno de estos grupos armados que mantiene un retén en la vía.
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A su vez, explicaron que las disidencias advirtieron, en las plataformas digitales, que desde el 24 de diciembre de 2025 en horas de la noche emprendieron una ofensiva contra el ELN en este sector del Catatumbo con el fin de recuperar el control del territorio. Frente a las arremetidas de ambos grupos al margen de la ley, los habitantes afectados solicitaron al Gobierno nacional reforzar la seguridad en la región.
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El acelerado deterioro de la situación de seguridad en el Catatumbo generó en las últimas 24 horas el desplazamiento de cerca de 250 personas, con una amenaza adicional de confinamiento para unas 6.000 personas más como consecuencia de los enfrentamientos armados entre el ELN las disisdencias de las Farc.
Según advirtió el Consejo Noruego para Refugiados (NRC), la persistencia de las hostilidades, en particular en el municipio de Tibú, podría agravar de manera significativa la crisis humanitaria en la región, llevando a un número aún mayor de desplazados y personas en riesgo de confinamiento, si no se adoptan medidas eficaces de protección y asistencia por parte del Estado colombiano.
En las palabras de Giovanni Rizzo, director del NRC en Colombia, la urgencia de la situación es palpable: “Personas que habitan en la región del Catatumbo tienen miedo de los combates entre grupos armados organizados. Cientos se están desplazando para salvar sus vidas y necesitan de asistencia humanitaria urgente: un techo seguro para albergarse, alimentos, agua segura y protección. En los próximos días el número de personas podría incrementarse si no se protege y respeta a la población civil”, declaró.
Las cifras recopiladas en las cabeceras de Cúcuta y Ocaña indican que los flujos de desplazados han tenido un marcado volumen en las últimas horas: en Cúcuta se registró la llegada de 54 núcleos familiares, unas 200 personas, mientras que en Ocaña se sumaron 11 núcleos familiares, equivalentes a cerca de 50 personas, según datos oficiales difundidos por el NRC. Los afectados provienen principalmente de los municipios de Tibú y El Tarra, y la situación más crítica quedó ubicada en el corregimiento de Pachelly, Tibú, donde comunidades locales alertaron sobre un potencial confinamiento y desplazamiento de más de 6.000 habitantes.
El impacto acumulado de la violencia armada en la zona se refleja en los cálculos de organizaciones humanitarias, que estiman que al menos 200.000 personas habrían sido afectadas en 2025 por el escalamiento de las confrontaciones en municipios como Ábrego, Convención, El Carmen, El Tarra, Hacarí, La Playa, Ocaña, San Calixto, Sardinata, Teorama y Tibú. Esta cifra alcanza a ser más de la mitad de la población de la subregión del Catatumbo, lo que dimensiona la severidad del fenómeno.
Rizzo, al insistir en la dimensión del drama humano, señaló: “No puede ser posible que la vida de personas en el nororiente del país, así como en otras regiones, se siga poniendo en riesgo por las confrontaciones armadas. La solidaridad de todos, incluida la comunidad internacional y las instituciones del Estado, es fundamental para acompañar a quienes están siendo obligados a pasar esta época del año golpeados por la violencia y lejos de sus hogares y familias”, según el NRC.
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