El presidente Gustavo Petro se pronunció este miércoles 24 de diciembre de 2025 en su cuenta en X para rechazar los señalamientos que lo vinculan con la siembra de cocaína.
“Arranco matas de raíz de hoja de coca y las sustituyo por café, cacao, coco, sandía, ahuyama y selva nativa”, afirmó el mandatario, quien destacó los avances de su administración en el proceso de sustitución de cultivos en zonas rurales.
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Petro subrayó que uno de los objetivos centrales de su política es promover “contratos de largo plazo” para que los campesinos puedan vender sus productos legales a precios justos.
Según el presidente, esa estrategia ha permitido frenar el crecimiento de áreas sembradas con coca.
“Hemos logrado que dejen de aumentar los cultivos”, señaló, y agregó que la caída del precio de la hoja en América Latina, resultado de la sobreproducción, ha reducido su rentabilidad para los agricultores: “Lo lícito se vuelve más rentable. Aquí demuestro que Colombia ha dejado de sembrar cultivos de hoja de coca y los sustituimos por cultivos lícitos, por eso estuvimos el crecimiento de los cultivos que venía desde el 2013.”.
El mandatario hizo hincapié en que estos esfuerzos se financian principalmente con recursos del país.
“Todo lo hacemos con dinero colombiano, casi nadie nos ayuda en el mundo: solo China, España y Bélgica”, enfatizó en su publicación.
Petro informó que en la actualidad se encuentran en proceso de sustitución unas 30.000 hectáreas, cifra que representa un avance en la política de transformación productiva del campo.
El presidente también abordó las negociaciones con grupos armados que dialogan con el gobierno y están a la espera de decisiones judiciales.
“Les exigimos como condición abandonar el reclutamiento de menores y ayudar a transitar la economía de sus regiones de lo ilícito a lo lícito”, afirmó Petro, quien reiteró que el compromiso con la legalidad es un eje fundamental en los acuerdos.
El jefe de Estado resaltó que la transformación del campo colombiano requiere tanto incentivos económicos como la participación activa de las comunidades rurales y el acompañamiento institucional.
“Busco que le compren a los campesinos su producción lícita”, resumió, insistiendo en la importancia de construir alternativas productivas sostenibles en los territorios históricamente afectados por el narcotráfico.
Gobierno reactiva fumigación con glifosato mediante drones en zonas controladas por disidencias armadas
El Ministerio de Justicia anunció este lunes 22 de diciembre de 2025, la reactivación de la fumigación con glifosato en Colombia, enfocando la medida en regiones donde las disidencias armadas han obligado a comunidades rurales a sembrar coca.
Andrés Idárraga, ministro encargado, precisó que la decisión cuenta con el respaldo del Consejo Nacional de Estupefacientes, organismo responsable de definir el procedimiento y los encargados de la aplicación.
Según explicó Idárraga, el proceso se realizará exclusivamente con drones, los cuales operarán a una altura máxima de 1,5 metros sobre los cultivos ilícitos.
“La aspersión se limitará a zonas afectadas por violencia y coerción”, puntualizó el funcionario.
El sistema permitirá cubrir una hectárea en aproximadamente media hora, destinando catorce minutos a la fumigación y doce al recambio de baterías. Cauca será la primera región en la que se pondrá en marcha la estrategia.
El acta de protocolo y el plan de aspersión serán remitidos a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) antes de la autorización definitiva. Las operaciones están previstas para iniciar entre el 26 y el 27 de diciembre de 2025, una vez obtenido el visto bueno oficial.
El uso de glifosato ha generado polémica en el país, debido a los riesgos ambientales y sanitarios asociados.
En el pasado, la aspersión aérea alcanzó hasta trescientas mil hectáreas, situación que derivó en controversias internacionales, como la demanda presentada por Ecuador por daños en zonas fronterizas.
En 2017, la Corte Constitucional suspendió la fumigación aérea por los posibles efectos nocivos para la salud y el entorno natural.
Eduardo Montealegre, exministro de Justicia, defendió esa decisión, advirtiendo sobre el carácter potencialmente cancerígeno del herbicida y la proporcionalidad de la política.
La nueva propuesta oficial limita la aspersión al uso de drones y a métodos dirigidos, con el fin de minimizar impactos negativos sobre la población y el ambiente.
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