Para 2025, el Gobierno de Gustavo Petro fue protagonista del escenario político colombiano no solo por sus reformas, sino por una serie de escándalos judiciales que marcaron negativamente su gestión. Diversas investigaciones por corrupción, financiación irregular y abuso de poder involucraron a altos funcionarios del gabinete y personas del círculo cercano del presidente, debilitando el discurso de transparencia con el que llegó al poder.
Entidades como la Fiscalía, la Procuraduría y la Corte Suprema avanzaron en procesos que revelaron presuntos usos indebidos de recursos públicos, sobornos a congresistas, irregularidades en la campaña presidencial de 2022 y prácticas ilegales desde el interior del Estado. Estos casos, lejos de ser aislados, evidenciaron fallas estructurales en el manejo del poder y la gobernabilidad.
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Así, el años quedó registrado como uno crítico para el Gobierno nacional, en el que las investigaciones judiciales opacaron la agenda política y profundizaron la desconfianza ciudadana. El impacto de estos escándalos dejó en entredicho la promesa de cambio y abrió un debate nacional sobre la responsabilidad política y la ética en el ejercicio del poder.
A continuación, se presentan los casos más relevantes que estremecieron a la administración nacional:
Nicolás Petro Burgos: lavado de activos y enriquecimiento ilícito
El caso judicial de Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, comenzó en marzo de 2023, cuando su exesposa, Day Vásquez, reveló en una entrevista que el joven había recibido grandes sumas de dinero de empresarios con antecedentes dudosos durante la campaña presidencial de 2022.
Según Vásquez, el dinero no se destinó a la campaña, sino que Nicolás lo utilizó para mantener una vida de lujo, comprando propiedades y vehículos en Barranquilla. Este testimonio desató una serie de investigaciones que apuntan al enriquecimiento ilícito y al lavado de activos, con la Fiscalía asegurando que el patrimonio del hijo del presidente aumentó injustificadamente en más de $1.000 millones.
En la actualidad, Nicolás Petro enfrenta dos procesos judiciales principales; el primero, por los delitos previamente mencionados, que está en etapa preparatoria, con el juicio previsto para 2026; el segundo proceso es el conocido como el caso “fucoso”, que investiga presuntas irregularidades en contratos con la Gobernación del Atlántico a través de la Fundación Conciencia Social.
En el último caso, Nicolás Petro está acusado de peculado y de tener un interés indebido en los contratos, pero el 19 de diciembre de 2025, un juez le otorgó la libertad al considerar que no existía riesgo de fuga u obstrucción.
A pesar de la gravedad de los cargos, el exdiputado sigue libre mientras se desarrollan los procesos judiciales y Day Vásquez colabora como testigo a cambio de beneficios penales, aportando chats y audios que complican la situación de Nicolás.
Olmedo López y Sneyder Pinilla: el escándalo de los carrotanques en La Guajira
El escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), uno de los casos de corrupción más grandes del Gobierno de Gustavo Petro, estalló en octubre de 2023, cuando se descubrió que la compra de 40 carrotanques destinados a aliviar la sequía en La Guajira, por un valor de $46.800 millones, resultó en un desastre administrativo.
Los vehículos fueron almacenados durante meses en una base militar en Uribia debido a que carecían de pólizas, no tenían conductores y, lo peor, no eran aptos para los terrenos del desierto. Además, la Contraloría y la Fiscalía revelaron que los carrotanques habían sido adquiridos a un precio inflado, con un sobrecosto superior a los $16.000 millones, lo que equivalía a más del 54% del valor real del mercado.
Olmedo López, exdirector de la unidad, es señalado como el principal responsable de esta red de corrupción, mientras que Sneyder Pinilla, exsubdirector de la entidad, actuó como el ejecutor operativo de la trama.
Pinilla, al ser capturado, optó por colaborar con la justicia y “encender el ventilador”, al revelar que el dinero de los sobrecostos no solo se desvió hacia los carrotanques, sino que se usó para pagar sobornos a congresistas con el fin de asegurar el apoyo de reformas gubernamentales en el Congreso.
En cuanto a las sanciones, la Procuraduría destituyó a Olmedo López por 18 años y a Sneyder Pinilla por 20 años, con ambos fallos confirmados en 2025.
Mientras tanto, el exsubdirector ya fue incluido en un principio de oportunidad, convirtiéndose en testigo estrella, mientras que López sigue negociando su acuerdo judicial tras varios tropiezos. Además, la Contraloría imputó a los implicados una responsabilidad fiscal de $10.722 millones por el daño patrimonial causado por la compra irregular de los carrotanques. El caso sigue causando un fuerte impacto político en Colombia, con las investigaciones en curso que podrían implicar a más funcionarios de alto rango.
Laura Sarabia: el caso del polígrafo y las ‘chuzadas’
El caso de Laura Sarabia, figura clave en el Gobierno de Gustavo Petro, estalló en enero de 2023, cuando se reportó el robo de un maletín con dinero en efectivo en su casa, cuando fungía como jefa de gabinete.
Aunque inicialmente se habló de USD4.000, las declaraciones del fallecido coronel Óscar Dávila y otros testimonios sugirieron que la cifra real podría haber sido mucho mayor. Sarabia y su esquema de seguridad apuntaron Marelbys Meza, la entonces niñera de su hijo, como la principal sospechosa del robo, lo que desató una serie de eventos que involucraron prácticas ilegales por parte de funcionarios del Estado.
El escándalo se dividió en dos ejes de actuación ilegal para intentar recuperar el dinero. El primero fue el uso de un polígrafo “clandestino”, cuando Marelbys Meza fue llevada sin orden judicial a un sótano frente a la Casa de Nariño, donde se le sometió a una prueba de polígrafo por parte de la seguridad presidencial.
Meza denunció que fue retenida ilegalmente y sometida a presión psicológica. El segundo eje fueron las “chuzadas” o interceptaciones ilegales de comunicaciones, en las que miembros de la Dijín de la Policía incluyeron los números de teléfono de Meza y otra empleada doméstica en un informe de inteligencia falso, vinculándolas con el Clan del Golfo, un grupo criminal, con el fin de obtener autorización judicial para interceptar sus llamadas.
El caso alcanzó una tragedia con la muerte del coronel Óscar Dávila, encargado de la seguridad anticipativa de la Presidencia, que apareció muerto en su camioneta en junio de 2023. La justicia determinó que su muerte fue un suicidio, pero el policía era considerado una pieza clave en la investigación, ya que se sospechaba que conocía quién había ordenado el uso de los recursos del Estado para resolver un problema personal de Sarabia.
El caso sigue en curso, mientras Sarabia fue ascendiendo en varios cargos dentro del Gobierno Petro, incluso en medio de este escándalo, puesto que fue directora de Prosperidad Social, luego asumió la dirección del Dapre, más tarde se convirtió en Canciller y, en la actualidad, ocupa el cargo de Embajadora de Colombia en el Reino Unido.
Armando Benedetti: financiación ilegal y corrupción
El caso de Armando Benedetti, actual ministro del Interior, se convirtió en uno de los más complejos y mediáticos debido a la cantidad de investigaciones abiertas en su contra, así como a su estrecha relación con la llegada de Gustavo Petro a la Presidencia.
En junio de 2023, la revista Semana publicó unos audios en los que Benedetti, visiblemente molesto por su trato en la Casa de Nariño, amenazaba a Laura Sarabia con revelar secretos de la campaña presidencial de 2022. En estos, mencionó una cifra de $15.000 millones, dinero que presuntamente había conseguido para la campaña en la región de la Costa Caribe, pero que no fue reportado oficialmente.
Esta revelación generó una gran polémica, y tanto la Fiscalía como el Consejo Nacional Electoral (CNE) iniciaron investigaciones para determinar si hubo financiación prohibida o violación de los topes electorales.
Además del escándalo de los audios, Benedetti enfrenta varios procesos judiciales en la Corte Suprema de Justicia, dado su estatus de aforado (primero como senador y luego como ministro). Entre los casos más relevantes, se encuentra uno por enriquecimiento ilícito, en el que se le investiga por un incremento patrimonial injustificado de cerca de $3.000 millones entre 2002 y 2018.
A pesar de la gravedad de la acusación, la Corte negó enviarlo a prisión preventiva en diciembre de 2025, al considerar que no existía riesgo de fuga. También enfrenta un proceso por presunto tráfico de influencias en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade), relacionado con la manipulación de contratos, y otro dentro del llamado “carrusel de pensiones”, por un presunto entramado para cobrar pensiones de manera irregular a maestros en Córdoba, el cual fue reabierto en noviembre de 2025.
Ricardo Roa Barragán: financiación de la campaña y conflicto de intereses
El caso judicial de Ricardo Roa Barragán, actual presidente de Ecopetrol y exgerente de la campaña “Petro Presidente 2022”, se convirtió en uno de los más complejos y activos a finales de 2025.
Este proceso se divide en dos frentes principales: la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro y el conflicto de intereses relacionado con su rol en la petrolera estatal.
En noviembre de 2025, el CNE emitió un fallo histórico en el que determinó que la campaña presidencial de Petro superó los topes legales de financiación por más de $5.100 millones, entre la primera y segunda vuelta.
Entre las irregularidades destacadas, se mencionan pagos no reportados por $1.108 millones, aportes ilegales de sindicatos como Fecode ($500 millones) y la USO ($121 millones), y gastos no declarados en publicidad y en el evento de victoria en el Movistar Arena. Como resultado, Roa recibió una sanción económica personal y fue referido a la Fiscalía General, que lo investiga por fraude procesal, ya que firmó informes de cuentas que, según las investigaciones, no reflejaban la realidad de los gastos de la campaña.
El segundo frente judicial de Roa involucra la compra de un lujoso apartamento en Bogotá en diciembre de 2022, por $1.800 millones, un precio muy por debajo del valor de mercado, lo que ha generado serias sospechas de conflicto de intereses.
El vendedor del inmueble estaba vinculado a Serafino Iacono, un influyente empresario del sector de hidrocarburos con estrechos vínculos comerciales con Ecopetrol. La Fiscalía y la Procuraduría investigan si esta transacción fue una preventa o un beneficio indebido debido a su cargo en la petrolera estatal.
El 10 de diciembre de 2025, Roa fue citado a un interrogatorio como indiciado ante la Fiscalía para explicar esta operación financiera. Dependiendo de las pruebas, se decidirá si se le imputan cargos por cohecho o enriquecimiento ilícito, lo que podría poner en riesgo su posición en Ecopetrol.
Ricardo Bonilla González y Luis Fernando Velasco: irregularidades en la Ungrd
El caso de Ricardo Bonilla, exministro de Hacienda, y Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, sacudió la estructura política del Gobierno de Gustavo Petro. Ambos se encuentran en una situación jurídica crítica a finales de 2025, siendo la primera vez en la historia de Colombia que dos ministros de un mismo gabinete son enviados a prisión preventiva por el mismo caso de corrupción.
Este escándalo está relacionado con el desvío de fondos en la Ungrd –como antes se menciona–, en la que ambos exfuncionarios están acusados de coordinar una red de sobornos a congresistas a cambio de apoyo para las reformas del gobierno y la ampliación del cupo de endeudamiento del país.
Ricardo Bonilla es señalado de ser el principal responsable de la “maquinaria de sobornos” dentro del Ministerio de Hacienda. Según las pruebas presentadas por la Fiscalía y el testimonio de Sneyder Pinilla, Bonilla habría coordinado el direccionamiento de tres contratos por un total de $92.000 millones en los municipios de Cotorra (Córdoba), Saravena (Arauca) y el Carmen de Bolívar.
Estos contratos fueron entregados a congresistas a cambio de su respaldo en la reforma fiscal y otros proyectos clave del gobierno. La principal prueba en su contra son los chats de WhatsApp entre su asesora, María Alejandra Benavides, y Sneyder Pinilla, en los que se daban instrucciones específicas sobre qué contratos agilizar y para quién.
Por su parte, Luis Fernando Velasco es señalado de ser el “estratega político” que definía quiénes debían recibir los beneficios económicos de la Ungrd. De acuerdo con las declaraciones de Olmedo López y Sneyder Pinilla, él exministro era quien daba las órdenes sobre a qué congresistas se les debía entregar maletines con efectivo para asegurar su apoyo en las reformas del Gobierno.
Velasco habría utilizado los recursos de la Ungrd como una “caja menor” para facilitar la gobernabilidad, especialmente durante los debates de la reforma a la salud y la reforma pensional. Al igual que Bonilla, el 18 de diciembre de 2025, un juez le dictó medida de aseguramiento en centro carcelario, acusándolo de ser el principal articulador de la red de sobornos y concierto para delinquir.
Guillermo Alfonso Jaramillo: la administración de salud se vio empañada por la red de corrupción en la Ungrd
El caso de Guillermo Alfonso Jaramillo, actual ministro de Salud, dio un giro dramático en el segundo semestre de 2025, al ser vinculado directamente al entramado de corrupción de la Ungrd a través de la denominada “compulsa de copias”.
A diferencia de otros ministros como Ricardo Bonilla y Luis Fernando Velasco, cuya implicación está relacionada con el manejo de dinero y contratos, Jaramillo está siendo investigado por el presunto uso de la Ungrd como moneda de cambio para asegurar el apoyo político necesario para la aprobación de su reforma estrella: la reforma a la salud.
Según el testimonio de Olmedo López, Jaramillo participó en reuniones en las que se acordó “beneficiar” a ciertos congresistas a cambio de su voto a favor de la reforma. En estos acuerdos, el alto funcionario habría gestionado que las solicitudes de ayuda o contratos de los congresistas fueran atendidas con prioridad, a cambio de votos positivos o ausencias estratégicas en los debates de la Comisión Séptima del Senado.
El 18 de diciembre de 2025, en el mismo día en que fueron dictadas las medidas de prisión preventiva para Bonilla y Velasco, la Fiscalía General de la Nación oficializó la “compulsa de copias” contra Jaramillo ante la Corte Suprema de Justicia.
Este mecanismo implica que un fiscal, al encontrar indicios de un posible delito cometido por un funcionario aforado, envíe las pruebas a la Corte para que inicie una investigación formal.
Iván Velásquez Gómez: caso Odebrecht y solicitud de captura internacional
El caso de Iván Velásquez, exministro de Defensa y actual embajador ante el Vaticano, tiene un trasfondo muy diferente a los casos de corrupción dentro del Gobierno.
Su situación judicial surge debido a su labor pasada como jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) de la ONU. El 2 de junio de 2025, una sala de apelaciones de Guatemala emitió una orden de captura internacional contra Velásquez y la fiscal General de Colombia, Luz Adriana Camargo, acusándolos de asociación ilícita, obstrucción de justicia y colusión.
La Fiscalía de Guatemala, liderada por Rafael Curruchiche (que fue sancionado por Estados Unidos por corrupción), sostiene que ambos habrían permitido “acuerdos de colaboración eficaces” ilegales con directivos de Odebrecht en 2017, favoreciendo a la constructora a cambio de testimonios, sin seguir los procedimientos legales del país.
A diciembre de 2025, la solicitud de captura internacional contra Iván Velásquez sigue activa en los juzgados de Guatemala, pero no tiene validez práctica, ya que Interpol rechazó la emisión de “circulares rojas” por tratarse de un caso con claros tintes políticos y con inmunidad diplomática de por medio.
Aunque el caso no está relacionado con el Gobierno de Petro, lo cierto es que sigue vigente y, a pesar de esta situación judicial, el presidente lo eligió como ministro de Defensa.
Carlos Ramón González: un fugitivo que parece mantener realciones con el Gobierno
El caso de Carlos Ramón González, a finales de 2025, se convirtió en uno de los más polémicos dentro del escándalo de la Ungrd, no solo por la gravedad de las acusaciones, sino por su actual condición de prófugo de la justicia y la controversia internacional que provocó.
González, que fue una figura clave en el círculo cercano del presidente Gustavo Petro, ocupó importantes cargos de confianza como Director del Dapre y luego Director de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
La principal acusación en su contra, según la Fiscalía, es que fue el responsable del desvío de recursos de la Ungrd. Se le señala específicamente de haber ordenado entregar $4.000 millones en efectivo a los presidentes del Congreso, en su momento, Iván Name y Andrés Calle, con el fin de asegurar la aprobación de las reformas del Gobierno. Los delitos imputados incluyen cohecho por dar u ofrecer, interés indebido en la celebración de contratos, y peculado por apropiación en favor de terceros.
En marzo de 2025, antes de que se hiciera efectiva su captura, González abandonó Colombia y se refugió en Nicaragua, donde el gobierno de Daniel Ortega le concedió asilo político en septiembre del mismo año. Desde entonces, pesa sobre él una Circular Roja de Interpol desde el 22 de septiembre de 2025.
La situación de González volvió a captar la atención pública el 11 de diciembre de 2025, cuando se filtraron videos de él celebrando y bailando en la “Noche Vallenata Colombiana”, un evento organizado por la Embajada de Colombia en Nicaragua; aunque la Cancillería rechazó alguna particiapción de lleno.
Sandra Ortiz: enlace en la trama de corrupción de la Ungrd
El caso de Sandra Ortiz, exconsejera para las Regiones, es uno de los más visibles y comprometidos dentro del escándalo de la Ungrd, ya que se le señala como la “mensajera” de los sobornos entregados a congresistas.
Según la Fiscalía, Ortiz jugó un papel central al ser el puente entre la Ungrdy el Congreso, facilitando el pago de sobornos para asegurar la aprobación de las reformas del Gobierno.
La acusación se basa en que, en octubre de 2023, Ortiz recibió $3.000 millones en efectivo de Sneyder Pinilla, que fueron entregados en dos partes en el Hotel Tequendama de Bogotá. El destinatario final de ese dinero habría sido Iván Name.
La Fiscalía presentó pruebas técnicas como el rastreo de las celdas de su celular y el GPS de los vehículos asignados a ella, que coinciden con los lugares y horarios de las entregas, lo que fortalece las acusaciones en su contra.
A diferencia de otros implicados que permanecen en libertad o fuera del país, Sandra Ortiz es la única mujer de alto perfil que, al cierre de 2025, sigue detenida por este caso. Se encuentra privada de la libertad en la cárcel El Buen Pastor (aunque ha habido traslados por seguridad).
María Isabel Urrutia: el juego de contratos que termino en posible falsedad ideológica
El caso de María Isabel Urrutia, la emblemática medallista olímpica y exministra del Deporte en el Gobierno de Gustavo Petro, evolucionó de ser una controversia administrativa a convertirse en un juicio formal ante la Corte Suprema de Justicia.
A finales de 2025, Urrutia enfrenta graves acusaciones por presuntas irregularidades durante su gestión al frente del Ministerio de Deporte. El escándalo comenzó en marzo de 2023, cuando el presidente Petro le solicitó la renuncia pública debido a su “falta de gestión”.
Sin embargo, Urrutia no dejó el cargo de inmediato, y en los pocos días previos a su reemplazo formal (entre el 28 de febrero y el 6 de marzo de 2023), firmó un total de 104 contratos de prestación de servicios, muchos de ellos con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2023. La Fiscalía sostiene que ella firmó contratos de manera anticipada, terminando otros que ya estaban vigentes bajo pretextos falsos, con el objetivo de asegurar la permanencia de sus allegados en el ministerio antes de su salida.
La acusación formal llegó el 25 de junio de 2025, cuando la Fiscalía General de la Nación la acusó de cometer un delito de “contrato sin cumplimiento de requisitos legales”. La justicia considera que Urrutia actuó con dolo, ignorando las advertencias de su propio equipo técnico y jurídico sobre la ilegalidad de sus decisiones.
Además, se investiga una posible falsedad ideológica, ya que en algunos contratos se consignaron motivos inexistentes para dar por terminados los acuerdos previos. En diciembre de 2025, la exministra enfrenta un juicio oral que está listo para comenzar. Paralelamente, la Procuraduría le formuló un pliego de cargos por una falta gravísima, buscando inhabilitarla para ejercer cargos públicos entre 10 y 15 años.
General Huertas y funcionario de la DNI: las disidencias tuvieron sus enlaces con el Estado
El caso del general Juan Miguel Huertas y el funcionario de la DNI Wilmar Mejía es uno de los escándalos de inteligencia más graves que ucurrieron a finales de 2025.
Ambos están involucrados en una presunta infiltración de las disidencias de las Farc (facción de alias Calarcá) dentro de la cúpula militar y de inteligencia del Estado. La investigación comenzó a partir de documentos incautados en noviembre de 2024, los cuales sugieren que altos funcionarios del Estado habrían suministrado información crítica a las disidencias, incluyendo coordenadas de operativos y frecuencias radiales militares.
Además, se descubrió que existía una propuesta para crear una empresa de seguridad privada que serviría de fachada para que las disidencias pudieran portar armas y moverse con permisos oficiales.
El general Huertas, que fue reintegrado al Ejército por el presidente Petro, está acusado de coordinar la logística de seguridad para las disidencias, mientras que Wilmar Mejía habría actuado como enlace entre los cabecillas de “Calarcá” y oficiales de seguridad del Estado.
Ambos fueron suspendidos por la Procuraduría en noviembre de 2025 y retirados de sus cargos en diciembre. La Fiscalía comenzó a analizar los discos duros incautados para verificar la autenticidad de los mensajes y correos electrónicos que los vinculan con las disidencias.
Antonio Sanguino: trafico de influencias, delito que lo persigue en su cargo como ministro
El caso de Antonio Sanguino, actual ministro de Trabajo, esmarcado por procesos legales del pasado que resurgieron desde su nombramiento en febrero de 2025, así como nuevas controversias disciplinarias.
El expediente más grave que enfrenta es por el ‘carrusel de la contratación’, que tiene sus raíces en su época como concejal de Bogotá entre 2008 y 2009, en la alcaldía de Samuel Moreno. Sanguino es acusado de tráfico de influencias y cohecho impropio por supuestamente intervenir en el nombramiento de Liliana Paternina como gerente del Hospital de Usme para direccionar contratos de obras y dotación. La Corte Suprema de Justicia ratificó que el proceso sigue en pie, y el juicio oral está previsto para el primer semestre de 2026.
Además de este caso, en noviembre de 2025, la Procuraduría abrió una investigación por “Participación en Política” tras una serie de publicaciones en su cuenta de X, en las que cuestionó el encuentro entre los expresidentes Álvaro Uribe y César Gaviria. Según la ley colombiana, los ministros no pueden intervenir en asuntos políticos-electorales, por lo que si se le encuentra responsable, podría enfrentarse a sanciones como la suspensión o destitución.
A nivel administrativo, Sanguino también está siendo investigado por el CNE debido a su presunto apoyo a la consulta del Pacto Histórico, lo que podría implicar un respaldo público inapropiado para una figura de su cargo. Aunque las investigaciones continúan, el ministro se mantiene en funciones, pese a la presión.
En septiembre de 2025, tras conocer los avances de su juicio, Sanguino puso su cargo a disposición del presidente Petro. Sin embargo, el presidente no aceptó la renuncia de inmediato, permitiéndole liderar negociaciones clave, como la del salario mínimo para 2026.
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