La aprobación de la conciliación entre EPM y la Sociedad Hidroituango fue confirmada tras una decisión adoptada por un tribunal de arbitramento, que avaló el acuerdo con acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, según información publicada por Revista Semana.
La determinación pone fin al proceso jurídico originado por la emergencia registrada en 2018 en la central hidroeléctrica ubicada en Antioquia.
El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, se refirieron públicamente a la decisión, destacando que la conciliación permite resolver un conflicto de largo aliento entre las dos entidades vinculadas al proyecto.
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Ambos funcionarios señalaron que el acuerdo fue trabajado durante los últimos dos años, en el marco de sus administraciones.
“Desde hace dos años, cuando llegamos al Gobierno, el gobernador Andrés Julián Rendón y yo venimos trabajando en un acuerdo gana-gana para Antioquia, Medellín y Colombia. Hoy, el Tribunal de Arbitramento aprobó la conciliación EPM–Sociedad Hidroituango, con aval de la Procuraduría”, afirmó el alcalde de Medellín, quien también preside la junta directiva de EPM.
De acuerdo con lo expuesto por Gutiérrez, la conciliación aprobada contempla la protección del patrimonio público, la sostenibilidad financiera de EPM y la garantía de generación de energía para el país, aspectos que fueron resaltados dentro del alcance del acuerdo.
El mandatario agregó que los recursos derivados del cierre del litigio estarán orientados a inversión social, sin detallar montos específicos.
La Sociedad Hidroituango es la propietaria del proyecto hidroeléctrico y su composición accionaria corresponde en 52,8 % a la Gobernación de Antioquia y en 46,3 % a EPM.
Además de ser socia, EPM actúa como contratista principal de la obra, en virtud de un contrato tipo Boomt —construir, operar, mantener y transferir— formalizado en 2011, según explicó El Colombiano en publicaciones previas.
El origen del litigio se remonta a la emergencia ocurrida en 2018, cuando la Sociedad Hidroituango presentó una demanda ante la Cámara de Comercio de Medellín, solicitando que EPM respondiera por presuntos incumplimientos contractuales relacionados con los sobrecostos y las fallas técnicas presentadas durante la contingencia.
En diciembre de 2023, el tribunal arbitral que conoció el caso determinó que EPM era responsable de los sobrecostos y de las fallas del Sistema Auxiliar de Desviación, ordenándole el pago de 781.828 millones de pesos para cubrir gastos financieros y trabajos de reparación. Esa decisión fue posteriormente controvertida por EPM ante el Consejo de Estado.
El 23 de julio de 2024, el Consejo de Estado admitió el recurso presentado por EPM y suspendió los efectos del fallo arbitral, abriendo la puerta a un escenario de negociación entre las partes. Tras la llegada de nuevas administraciones a la Alcaldía de Medellín y a la Gobernación de Antioquia, se impulsaron conversaciones orientadas a alcanzar una salida concertada.
En un oficio remitido al Concejo de Medellín, EPM informó que se encontraba “trabajando en la construcción de un acuerdo integral que permita lograr la resolución definitiva de los conflictos jurídicos y económicos”, aclarando que dicho proceso estaba sujeto a los procedimientos y decisiones del tribunal arbitral competente.
La conciliación ahora aprobada formaliza ese proceso de diálogo y deja sin efecto las controversias judiciales en curso entre EPM y la Sociedad Hidroituango. Según lo anunciado por el alcalde Gutiérrez, los detalles técnicos, financieros y operativos del acuerdo serán presentados en enero de 2026, una vez se surtan los trámites internos correspondientes.
El gobernador Andrés Julián Rendón también se pronunció sobre la decisión, alineándose con la postura de la Alcaldía de Medellín y señalando que el acuerdo permite dar continuidad institucional al proyecto hidroeléctrico, considerado estratégico para el sistema energético nacional.
La central Hidroituango es la hidroeléctrica más grande del país y su entrada plena en operación ha sido objeto de seguimiento permanente por parte de autoridades locales, regionales y nacionales desde la emergencia de 2018, debido a su impacto en la generación de energía y en las finanzas públicas
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