Peajes en Colombia subirán de precio en 2026: Gobierno Petro confirmó la fecha y de qué dependerá el aumento

El ajuste proyectado para los peajes en Colombia en 2026 estará determinado por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), conforme a lo establecido por la ley. Así lo confirmó la ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, que explicó a Valora Analitik que “ese ajuste corresponde a una actualización por costo de vida y se aplica de manera general”. Adicionalmente, la funcionaria señaló que el incremento regirá para todas las concesiones a partir del 16 de enero, con lo que se sigue la fórmula establecida para estos ajustes anuales.

A pesar de la aplicación general del IPC (cerró en 5,30% anual en noviembre de 2025, según el Dane), el Gobierno tomó medidas para suavizar el impacto sobre los usuarios. Rojas detalló que “en algunos casos, peajes que debían subir en una fecha determinada se han postergado o se ha dividido el aumento en tramos para que no represente un golpe fuerte para la ciudadanía”.

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En ese sentido, ya se implementaron tarifas diferenciales, aplazamientos y esquemas graduales de incremento, decisiones que dependen del tipo de contrato de concesión y su antigüedad. Sin embargo, la funcionaria aclaró que “en enero se aplicará el ajuste general asociado al IPC”, en cumplimiento de la normativa vigente.

Las concesiones viales en Colombia atraviesan una etapa de renegociación. Muchos contratos fueron firmados hace varios años y en la actualidad se revisan para adaptarse a las condiciones actuales del país. La actualización contractual busca asegurar que los términos reflejen tanto la situación económica como las demandas de equidad y eficiencia que exigen los usuarios y las regiones.

Para el caso de la concesión Estanquillo–Popayán, uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país, la funcionaria informó que, aunque el proceso tuvo dos aplazamientos, existen “señales positivas del mercado”. La inversión proyectada es de $8,8 billones, con un gasto de capital (Capex) de más de $6,5 billones y un gasto operativo (Opex) cercano a $2,3 billones.

“Hay empresas interesadas y creemos que se van a presentar compañías importantes”, afirmó la ministra.

Ampliación del plazo en la recepción de ofertas

Por su parte, el presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Óscar Torres, justificó la ampliación del plazo para la recepción de ofertas en el interés de diversas compañías internacionales y en el objetivo de garantizar una competencia plural. Los requisitos para participar en estas licitaciones exigen respaldo financiero considerable, por lo que suelen postularse empresas de gran tamaño, muchas veces asociadas en consorcios.

Sobre las concesiones que están próximas a vencer, como la operada por Devimed entre Medellín, Rionegro, Guarne y El Retiro, la ministra admitió ante el medio que es poco probable que el Gobierno actual tome decisiones definitivas antes de finalizar su mandato. Además, planteó una reflexión sobre la utilidad futura de este modelo.

“Una concesión tiene sentido cuando hay grandes obras por construir. Para solo administrar y operar, el Estado podría hacerlo directamente”, sostuvo.

Alternativas de estudio

Dentro de las alternativas en estudio, el Ejecutivo analiza la posibilidad de introducir esquemas de gerencia vial pública respaldados por patrimonios autónomos, con mecanismos propios del Estado que permitan anticipar recursos y financiar obras de infraestructura.

Según María Fernanda Rojas, el propósito es dejar al próximo gobierno alternativas reales de gestión, distintas al esquema tradicional de concesión.

Cuáles son los peajes más caros de Colombia

Las diferencias en el costo de los peajes evidencian la magnitud de las quejas que hay a nivel nacional con respecto al costo de los mismos. Luego del aumento del 30% autorizado por el Instituto Nacional de Vías (Invías) en enero —que afectó a ocho estaciones principales— y de nuevas alzas en julio, el peaje de Pipiral en la vía de conexión con Villavicencio (Meta) se ubica como el más costoso del país, con un valor de $26.400.

Le siguen:

• Túnel del Oriente, en Antioquia: operado por Concesión Túnel Aburrá Oriente S.A., empresa en la que Odinsa S.A. tiene el 50% de participación como filial del grupo Argos: $25.000
• Cisneros, en Antioquia, administrado por Vías del Nus S.A.S.: $24.600.
• Aburrá, en el corredor que conecta el Eje Cafetero y Antioquia, administrado por Concesión Pacífico Tres, ahora parte de Patria Investments Limited: $24.107.
• Guaico, en San Cristóbal, gestionado por Concesión Autopista al Mar: $23.800.

Rojas reiteró que las alternativas propuestas por el Gobierno priorizan eficiencia y transparencia. La ministra insistió en que el Estado está capacitado para operar y administrar vías cuando ya se han completado las grandes obras de construcción.

Inconformidad ciudadana por las tarifas de los peajes

En medio de la inconformidad ciudadana por las tarifas y el modelo concesionado, el senador Guido Echeverri, de la ASI, radicó ante el Senado, en julio de 2025, un proyecto de ley orientado a transformar el sistema nacional de peajes, iniciativa presentada ante la Secretaría General del Senado.

La propuesta busca establecer reglas claras en el diseño y ejecución de obras, tarifas proporcionales y mecanismos efectivos de control ciudadano sobre el manejo de los recursos recaudados. También incorpora criterios ambientales y socioeconómicos para regular la ubicación y el cobro de peajes.

Echeverri, que centra buena parte de su trabajo Legislativo en el Eje Cafetero, reiteró la importancia de la transparencia. “Las regiones no pueden seguir pagando peajes sin saber cómo se invierte cada peso. Necesitamos un modelo de concesión donde el control ciudadano y la planificación del Estado estén por encima de intereses particulares”, dijo.

Además, en un debate de control político sobre el proyecto IP Conexión Centro —que asumirá la administración de una vía de 256 kilómetros entre Caldas, Risaralda y Quindío tras la finalización del contrato con Autopistas del Café en 2027—, el senador lamentó la falta de información clara sobre las proyecciones de recaudo y transparencia en el proceso, por lo que ha elevado derechos de petición demandando claridad al Ejecutivo.