
El Ministerio de Justicia reactivó la fumigación con glifosato en Colombia, específicamente en áreas donde operaciones de disidencias han forzado a comunidades rurales al cultivo de coca.
Según indicó Andrés Idárraga, titular encargado de la cartera, esta medida contó con el aval del Consejo Nacional de Estupefacientes, que definió tanto la metodología como los responsables de la aplicación.
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El funcionario explicó que el proceso se realizará únicamente con drones, los cuales volarán a no más de 1,5 metros sobre los cultivos ilícitos. “La aspersión se limitará a zonas afectadas por violencia y coerción”, afirmó Idárraga,.
El Gobierno prevé que el sistema cubra una hectárea cada 30 minutos aproximadamente: 14 para la fumigación y 12 adicionales para cambios de baterías. La primera zona donde se implementará será Cauca.

El ministro aclaró que el acta respectiva y el protocolo de aspersión se enviarán a la Anla como paso previo a la autorización oficial. Tras ese visto bueno, el inicio de las operaciones se programó entre el 26 y el 27 de diciembre de 2025.
El uso de glifosato en Colombia ha suscitado debates, particularmente sobre riesgos ambientales y de salud.
En administraciones anteriores, la aspersión aérea alcanzó coberturas de hasta trescientas mil hectáreas y provocó disputas, como la demanda internacional interpuesta por Ecuador por la afectación en zonas limítrofes.
La Corte Constitucional suspendió la modalidad aérea en 2017 por los efectos potencialmente peligrosos para la salud y el entorno natural.
Eduardo Montealegre, exministro de Justicia, fue uno de los funcionarios que mantuvo la decisión de frenar el uso del herbicida durante su permanencia, señalando preocupaciones relativas al posible carácter cancerígeno y la proporcionalidad de la política.
La nueva alternativa propuesta por el Ejecutivo contempla únicamente el uso de drones y aspersión dirigida, en un esfuerzo por reducir impactos adversos.
Armando Benedetti ya había advertido sobre propuesta de fumigación con drones por parte del Gobierno Petro
La reciente ola de violencia registrada en Colombia motivó nuevas acciones del Gobierno Nacional, el Ejército Nacional y la Policía Nacional.
Tras atentados atribuidos a las disidencias de las Farc en Buenos Aires, Cauca, y al Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Aguachica, Cesar, el 20 de diciembre de 2025 realizaron un consejo de seguridad en la Casa de Nariño encabezado por el presidente Gustavo Petro junto a altos mandos militares y autoridades gubernamentales.
Durante la sesión, el ministro del Interior Armando Benedetti informó en X que, tras examinar los incidentes y evaluar las estrategias desplegadas, identificaron deficiencias en la táctica militar y policial en los municipios afectados.
El ministro detalló que los grupos armados ilegales han logrado superar en número a los uniformados estatales, incluso logrando dispersar a contingentes de las fuerzas de seguridad, lo cual ha dificultado el control territorial.

Como respuesta, se decidió duplicar el pie de fuerza en las áreas críticas del Catatumbo y Cauca. Para reforzar las labores de defensa, el Gobierno utilizará tecnología militar avanzada, buscando evitar nuevos hechos violentos y brindar mayores garantías de seguridad a la población civil y los miembros de la fuerza pública.
“Se va a duplicar lo que está en la zona del Catatumbo y en la zona de Cauca. Se va a duplicar el pie de fuerza. Para que con esto se trate de pasar a la ofensiva”, afirmó Benedetti tras el encuentro.
Otra de las medidas acordadas contempla la utilización, de manera autorizada, de drones para fumigación en zonas donde grupos armados obliguen a campesinos a sembrar hoja de coca.
Esta estrategia, si bien no ha sido la preferida por el presidente Petro, quien prefiere la erradicación manual y voluntaria, ahora se implementará para enfrentar escenarios donde la población civil es forzada a colaborar con estructuras ilegales.
El mandatario nacional también destacó los vacíos de seguridad detectados tras los ataques: mencionó que en Aguachica faltó vigilancia en la ruta del sol II cercana a la base de entrenamiento militar y que, en Buenos Aires, hubo carencias en los distintos anillos de protección que resguardan la estación de Policía.
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