La cámara de fotomulta instalada en Silvania, Cundinamarca, se convirtió en el centro de un intenso debate tras una serie de denuncias sobre su legalidad y funcionamiento, pero que terminó con muy buenas noticias para las personas que se movilizan por esta zona del país.
Las quejas de diversos conductores y la intervención de la Veeduría Nacional del señor Biter destaparon una controversia que terminó con la orden judicial de retiro del dispositivo, tras comprobarse que operaba sin la autorización requerida por la Agencia Nacional de Seguridad Vial (Ansv).
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Según relató el señor Biter en su canal de YouTube, la cámara comenzó a facturar una importante cantidad de comparendos a conductores desde el momento de su instalación. Ante el creciente número de reclamos, un equipo liderado por Adriana, coordinadora de la Veeduría Nacional, acudió al sitio para realizar una investigación.
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De acuerdo con la veeduría, la cámara aplicada para notificaciones utilizaba únicamente medios electrónicos, como el correo electrónico, sin realizar detenciones en sitio ni notificaciones personales, una práctica que, según Adriana, requería de manera obligatoria la autorización de la Ansv. No obstante, al revisar el sistema oficial, encontraron que la cámara no tenía registro de autorización.
Las denuncias públicas presentadas por la veeduría y el señor Biter forzaron una respuesta de la Secretaría de Tránsito y Transporte de Silvania. Según la titular de la dependencia, Daira Arianda, los puestos de control tecnológico en vía estaban permitidos bajo la normatividad vigente y no requerían autorización de la Ansv, siempre y cuando contaran con la presencia de un agente de tránsito en el sitio.
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Sin embargo, la veeduría insistió en que la evidencia mostraba que los comparendos no se estaban imponiendo en sitio y que la cámara seguía operando ilegalmente. Ante la negativa de la administración local para suspender la operación de la cámara, uno de los ciudadanos afectados acudió a la vía legal mediante la interposición de una acción de tutela, alegando la vulneración de su derecho al debido proceso.

El fallo del juez fue contundente: determinó que el comparendo era ilegal y que el ciudadano no debía pagar ninguna suma por este concepto. Además, el juzgado constató la ilegalidad de la cámara y ordenó su retiro en un plazo máximo de 48 horas.
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Según declaraciones de la veeduría, aunque la alcaldía fue notificada del fallo, evitó inicialmente cumplir la orden y apeló. En respuesta, el alcalde buscó el respaldo de la Superintendencia de Transporte, pidiendo un pronunciamiento público sobre la validez del procedimiento. El superintendente aseguró que el mecanismo utilizado por la Secretaría de Tránsito de Silvania era legal según la normativa vigente para el control en vía y que no requería autorización de la Ansv, brindando un “parte de tranquilidad” para que la cámara pudiera seguir instalada.
La intervención del superintendente generó preocupación en la veeduría y los denunciantes, quienes cuestionaron que se priorizara el concepto de la Superintendencia por encima de la decisión judicial. La doctora Adriana, con experiencia previa en el Ministerio de Transporte, recalcó que la sentencia de un juez de la República es de cumplimiento obligatorio y que, a pesar de los argumentos administrativos, la legalidad de la cámara no se sostenía al faltar el registro ante la Ansv.
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Finalmente, el 11 de diciembre de 2025, un nuevo fallo judicial ratificó la orden de retirar la cámara. En esta ocasión, las autoridades locales cumplieron y desinstalaron el equipo de detección, decisión que fue verificada por la veeduría en los días siguientes. La medida deja en vilo la situación de los múltiples conductores sancionados durante los tres meses de operación de la cámara.
Como mecanismo de apoyo, la Veeduría Nacional del señor Biter ofrecerá gratuitamente un formato de acción de tutela para todos los afectados, permitiéndoles solicitar la revocatoria de los comparendos emitidos por este dispositivo en Silvania. Los ciudadanos interesados pueden comunicarse con la veeduría para acceder a la herramienta y avanzar con el procedimiento judicial.
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