El Gobierno nacional se prepara para declarar la emergencia económica con el objetivo de evitar un colapso fiscal, luego de que la reforma tributaria fue rechazada en el Congreso de la República. Esta decisión responde a un déficit presupuestal de $16,3 billones, que deja sin financiación el Presupuesto General de la Nación 2026, estimado en $546,9 billones.
La medida permitirá al Ejecutivo implementar una serie de reformas impositivas de manera expedita, con el fin de garantizar la continuidad de servicios esenciales y el cumplimiento de compromisos internacionales. Desde la cartera se advirtió que la falta de estos recursos podría provocar una parálisis en los servicios públicos y el incumplimiento de obligaciones internacionales el próximo año.
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Frente a ese escenario, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, en una rueda de prensa, subrayó la urgencia de la situación al afirmar: “El rechazo legislativo nos obliga a actuar con la rapidez que la Constitución permite en situaciones de crisis. Sin esta inyección, el próximo año enfrentaría parálisis en servicios públicos e incumplimientos internacionales”.
El plan contempla nuevos gravámenes sobre las utilidades de sectores considerados rentables, como el sector financiero (bancos y aseguradoras), el minero-energético (petróleo, carbón y minerales) y las plataformas digitales (servicios de streaming y comercio electrónico transnacional), con tasas estimadas entre el 2% y el 5% sobre las utilidades. En el ámbito del consumo, se prevé un aumento de los impuestos a productos considerados de “vicio”, como las bebidas azucaradas —incrementando el 10% actual— y los alimentos ultraprocesados, en línea con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para combatir la obesidad.
Entre los ajustes estructurales, el Ejecutivo propone reducir exenciones tributarias en sectores privilegiados, modificar el IVA con posibles alzas selectivas en bienes suntuarios, revisar la tasa de ganancia ocasional —que pasaría del 10% al 15-20% en ventas de activos— y actualizar el impuesto al patrimonio para las grandes fortunas. Como contrapartida, se ofrecerán incentivos verdes, como deducciones por inversión en movilidad sostenible, incluyendo vehículos eléctricos, transporte público y ciclovías, con el objetivo de equilibrar la carga fiscal y avanzar en metas ambientales.
La declaración de emergencia económica también otorgará al Ejecutivo facultades extraordinarias para revivir y fortalecer impuestos, orientando la reforma hacia una mayor progresividad. Entre las propuestas principales se encuentra la creación de un impuesto a las transacciones financieras del 5 x 1000, según lo estipulado en el borrador del decreto. Además, se plantea una ampliación de la base gravable del impuesto de renta para personas naturales, con tramos más altos para quienes perciban ingresos superiores a $10.000.000 mensuales, eliminando deducciones consideradas excesivas y priorizando la progresividad fiscal.
Para el exministro de Hacienda José Manuel Restrepo, las propuestas que plantea el Gobierno nacional son nocivas para el desarrollo económico y social de los colombianos. En su opinión, si el decreto es aprobado, el poder adquisitivo será destruido.
“Parece que tuvieran ganas es de destruir la economía a propósito !! Qué falta de rigor técnico !!! Impuesto de 5 por mil !! Impuesto al patrimonio en empresas !!! Falta de sinderesis!!”, escribió en su cuenta de X.
En efecto, sostuvo que la emergencia económica de la admiración Petro es una fabricación de hechos.
“La genialidad !! “Fabrican” una emergencia económica con derroche, aumento desbordado en deuda, presupuestos inalcanzables llenos de burocracia e inversiones mal focalizadas, metas de ingreso que nunca se cumplen, aumento de la prima de riesgo país y con ello más intereses sobre la deuda (50% más costoso vs 2022), y ahora decretan la emergencia que fabricaron !!!! Eso es “manosear” la figura constitucional de la “emergencia económica”. Por donde se le mire esa emergencia es inconstitucional”, dijo.
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