La Oficina en Colombia de ONU Derechos Humanos reiteró su llamado a los grupos armados no estatales para que respeten de manera permanente a la población civil y cumplan las normas del Derecho Internacional Humanitario y del Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
El pronunciamiento se conoció tras una semana marcada por un paro armado del ELN y múltiples hechos de violencia que afectaron amplias zonas del país, de acuerdo con información divulgada por la propia oficina del organismo internacional.
En un mensaje público, la entidad recordó que las obligaciones de los actores armados incluyen el principio de distinción, la proporcionalidad y la precaución, con el fin de evitar ataques indiscriminados y agresiones contra personas que no participan en las hostilidades.
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En ese contexto, el organismo señaló: “Reiteramos nuestro llamado a los grupos armados no estatales para que respeten en todo tiempo y lugar a la población civil. Sus obligaciones son con el DIH y también con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos”.
El comunicado enfatizó que los grupos armados deben ajustar su conducta a esos principios para prevenir daños a comunidades y bienes civiles. En el mismo mensaje, la oficina indicó que condena todos los ataques perpetrados por estructuras armadas no estatales que deriven en vulneraciones de derechos humanos, sin atribuir responsabilidades específicas a una organización determinada.
De manera paralela, ONU Derechos Humanos dirigió un llamado al Estado colombiano para que cumpla con su obligación de garantizar los derechos humanos, prevenir violaciones y proteger a la población civil en los territorios. En ese sentido, instó a que se implemente de forma integral y efectiva la Política de Seguridad a nivel territorial, con acciones coordinadas que respondan a los riesgos identificados en distintas regiones.
El pronunciamiento se produjo luego de que la oficina informara que, durante la semana, se registró un paro armado atribuido a un grupo armado no estatal. Según el reporte, este episodio habría dejado al menos una persona muerta, quien conducía una ambulancia en el momento del ataque, así como 60 acciones de violencia e intimidación que impactaron a 48 municipios ubicados en 13 departamentos del país.
Entre los hechos documentados se mencionan ataques armados, incineración de vehículos y peajes, bloqueos viales mediante la instalación de aparentes explosivos, amenazas a la población y restricciones a la movilidad terrestre y fluvial. La información señala que estas acciones generaron afectaciones a la circulación de personas, al transporte de bienes y a la prestación de servicios en distintas zonas.
La oficina explicó que este tipo de dinámicas incrementa los riesgos para comunidades rurales y urbanas, así como para misiones humanitarias y personal de salud, como quedó evidenciado con el fallecimiento del conductor de la ambulancia reportado durante los hechos. En ese marco, reiteró la necesidad de que todos los actores armados respeten la misión médica y las actividades humanitarias, conforme a las normas internacionales vigentes.
En relación con el papel institucional, el organismo recordó que el Estado tiene la responsabilidad de prevenir violaciones, proteger a la población civil y garantizar el acceso a derechos en contextos de conflicto y violencia armada. El mensaje subrayó la importancia de adoptar medidas de seguridad con enfoque territorial, diferenciadas según las dinámicas locales y con participación de las comunidades afectadas.
La comunicación también insistió en que la respuesta estatal debe articularse con políticas públicas que atiendan las causas estructurales de la violencia y fortalezcan la presencia institucional en los territorios. En ese punto, ONU Derechos Humanos reiteró su disposición a acompañar técnicamente los esfuerzos orientados a la protección de civiles y al cumplimiento de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
El pronunciamiento fue divulgado por ONU Derechos Humanos Colombia a través de su cuenta oficial en la red social X, donde se detallaron los hechos registrados y se reiteraron los llamados tanto a los grupos armados no estatales como a las autoridades. La oficina señaló que continuará monitoreando la situación y documentando posibles afectaciones a la población civil en el marco de estos eventos.
A lo largo del mensaje, el organismo mantuvo su énfasis en la protección de civiles, el respeto por el DIH, la necesidad de prevenir ataques indiscriminados y la implementación de políticas de seguridad que respondan a los contextos territoriales.
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