La Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres) dejó en firme la suspensión de pagos a 16 Instituciones Prestadoras de Salud (IPS), tras detectar reclamaciones fraudulentas por atenciones a víctimas de accidentes de tránsito sin Soat.
El monto de las facturas reclamadas supera los $12.260 millones, mientras que el fraude estimado podría alcanzar los $25.000 millones, según informó el director de la entidad, Félix León Martínez.
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La decisión, formalizada mediante las resoluciones 0087804 y 0087805, implica que no se autorizarán pagos por las reclamaciones radicadas por estas IPS, que operaban principalmente en los departamentos de Atlántico, Córdoba, Magdalena y Valle del Cauca.
La Adres trasladará los hallazgos a la Superintendencia Nacional de Salud y a la Fiscalía General de la Nación, al considerar que se trata de intentos de fraude contra el sistema de salud.
En el proceso de verificación iniciado en septiembre, la Adres identificó que 23 IPS no contaban con dirección física reportada en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (Reps).
De ese grupo, 16 fueron suspendidas por no demostrar infraestructura para prestar servicios de salud relacionados con la atención a víctimas de accidentes de tránsito sin póliza.
El director Félix León Martínez explicó que estas entidades, aunque inscritas formalmente y con documentación en regla, resultaron ser “IPS fraudulentas”, y detalló: “Estas IPS fraudulentas tienen todos sus papeles en regla, están inscritas en el Regsa del Ministerio de Salud. Después son una panadería, pero están inscritas y tienen todos los papeles”.
El boletín oficial de la Adres precisa que, de las 16 IPS afectadas, 13 no presentaron recursos de reposición, por lo que la decisión quedó en firme y no se autorizarán los pagos reclamados. Otras tres presentaron recurso, pero este fue resuelto en su contra, al no demostrar que estaban habilitadas conforme a la ley para reclamar servicios de salud prestados a víctimas de accidentes de tránsito. Siete instituciones adicionales continúan con recursos de reposición en trámite, pendientes de verificación.
El listado de las IPS suspendidas incluye a Grupo Ambulancias J1 S.A.S (Cali, Valle del Cauca), Medic Servicio Médico en Casa S.A.S (Buga, Valle del Cauca), Centro Integral de Salud San Gabriel y Clínica Moscati (Barranquilla, Atlántico), Gareth Salud IPS S.A.S, Salus Integral y Preventiva IPS, IPS Jasa Médica S.A.S., IPS Centro Clínico para la Atención Integral S.A.S. e IPS Centro de Rehabilitación Arcángeles S.A.S. (Soledad, Atlántico), Nova Salud Integral IPS (Sabanalarga, Atlántico), IPS Solosalud K & S.A.S. y Global Medica S.A.S. (Baranoa, Atlántico), IPS Alma Salud Mía (Malambo, Atlántico), Famica y Saluvida (Santa Marta, Magdalena), y Rehabilitar de la Costa IPS Ltda. (Fundación, Magdalena).
La Adres subrayó que el proceso de verificación responde a su misión institucional de “velar por el control y el uso adecuado de los recursos del sistema de salud”. En el comunicado, la entidad recordó que en 2024 ya había suspendido pagos a 52 IPS que presentaron facturas por más de $70 mil millones, y que en 36 de esos casos se notificó a la Fiscalía por presunto fraude o intento de fraude, al no demostrarse la existencia física de las entidades, pese a contar con registro de habilitación.
La entidad reiteró que los hallazgos de este caso serán puestos en conocimiento de la Superintendencia Nacional de Salud y de la Fiscalía General de la Nación.
Director de la Adres, advirtió sobre la falta de transparencia en el manejo de recursos por parte de algunas EPS en Colombia
El hundimiento de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado dejó en evidencia la persistente necesidad de cambios estructurales en el sistema, según advirtió el director de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres), Félix Martínez.
El funcionario subrayó que la falta de transparencia en el manejo de los recursos por parte de algunas EPS representa un obstáculo grave para el desarrollo del país, mientras el sistema actual permanece sin modificaciones y los pacientes continúan a la espera de mejoras sustanciales.
Martínez cuestionó la opacidad en la gestión de los fondos destinados a la salud. Señaló que las EPS del régimen subsidiado administran más de $40 billones y no entregan información clara sobre el destino de estos recursos.
“¿Ustedes creen que eso es aceptable? ¿Que podemos seguir así? Desde el contributivo la entrega mal, pero es que la destrucción ni siquiera entrega. ¿Qué hacemos para el desarrollo del país con una situación de este tamaño?”, expresó el director de la Adres.
El Gobierno, a través del Ministerio de Salud, sostuvo que la no aprobación de la reforma mantiene intacto el sistema vigente, lo que impide fortalecer la atención primaria desde los territorios y controlar los incentivos que concentran los recursos en pocos actores.
Según el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, el respaldo fiscal estaba garantizado a 10 años, con aumentos históricos de la UPC y recursos permanentes para el sector. El ministro enfatizó: “El problema no es la plata: es la opacidad, el mal manejo y un modelo que permite que los recursos se queden en intermediarios y no lleguen a la gente”.
Por su parte, la senadora Norma Hurtado (Partido de la U) argumentó que el proyecto estaba desfinanciado en cerca de $26 billones, equivalentes a siete puntos del PIB, lo que, en su opinión, genera pérdida de vidas, ausencia de tratamientos y falta de medicamentos.
La apelación presentada por el senador Fabián Díaz Plata (Alianza Verde) será sometida a votación en la plenaria del Senado. Si se aprueba, la reforma podría ser enviada a otra comisión para reiniciar el trámite. No obstante, se anticipa que la resolución de la apelación quedará pendiente para la siguiente legislatura, ya que no hay tiempo suficiente en la actual.
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