La existencia de una presunta red de corrupción en el Ministerio de Justicia de Colombia, dedicada a la expedición y renovación irregular de certificados para el manejo de sustancias químicas controladas, fue denunciada formalmente ante las máximas autoridades judiciales y disciplinarias del país.
El caso, revelado por Caracol Radio, expone un esquema en el que se habrían cobrado hasta veinte millones de pesos por cada documento, comprometiendo la integridad de los controles estatales sobre insumos críticos para la producción, almacenamiento y comercialización de químicos regulados.
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Según la información, “se estarían cobrando sumas de hasta veinte millones de pesos por cada documento legalizado”, lo que pone en evidencia la magnitud del presunto fraude y su impacto en la cadena de control de sustancias sujetas a fiscalización.
El hallazgo fue formalizado en un documento remitido por el ministro de Justicia encargado Andrés Idárraga a la fiscal general Luz Adriana Camargo y al procurador general Gregorio Eljach, solicitando la apertura de investigaciones penales y disciplinarias.
El comunicado oficial de la cartera de Justicia detalla el alcance de las competencias institucionales y la gravedad de los hechos.
“En el marco de la Ley 30 de 1986 y demás normas que la adicionan y modifican en ejercicio de sus competencias legales, el Ministerio de Justicia y del Derecho tiene atribución a través del área de Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes para llevar a cabo el trámite de certificados de carencia, certificados que acreditan la ausencia de antecedentes y que se expiden con ocasión de una solicitud efectuada por una persona natural o jurídica, interesada en ser habilitada para la producción, almacenamiento y comercialización de sustancias químicas controladas, entre ellos algunos precursores”.
La denuncia se originó tras la alerta de una persona afectada en septiembre de 2024, lo que llevó a la radicación de una denuncia penal el 29 de octubre de 2025. El ministro Idárraga, en el mismo comunicado, precisó: “A propósito del proceso de empalme que se está llevando a cabo al interior del Ministerio, he sido informado el día de hoy por parte de la Oficina de Control Disciplinario Interno de presuntos hechos de corrupción que se habrían presentado desde septiembre del año 2024 en el proceso de expedición y/o renovación de certificados de carencia, al parecer presuntamente por prácticas corruptas al exigir dinero o dádivas por dichos trámites”.
La solicitud de intervención a la Fiscalía y la Procuraduría es explícita. El ministro Idárraga pidió: “Debido a la presunta gravedad de los hechos, se solicita a la señora Fiscal General, designar un Fiscal competente y un equipo de técnicos investigadores a fin de poderles entregar por parte del área competente las pruebas recaudadas hasta el momento”.
Y agregó: “En igual sentido, se le solicita al señor Procurador General disponer lo necesario para ejercer la vigilancia preventiva de la función pública inherente las actuaciones llevadas a cabo en el proceso relativo al Control y Fiscalización de Sustancias Químicas y Estupefacientes del Ministerio de Justicia y del Derecho, teniendo como referente los hechos denunciados”.
El Ministerio de Justicia, según el comunicado difundido por Caracol Radio, aseguró que “continuará avanzando en las indagaciones disciplinarias relacionadas e igualmente se adoptarán medidas preventivas y correctivas que permitan mitigar el riesgo detectado en el proceso de atención a ciudadanos interesados en la expedición o renovación de certificados de carencia, como lo exige el deber constitucional de velar por el interés general y la transparencia en las actuaciones de los servidores públicos”.
El ministro de Justicia y el presidente de la Corte Constitucional dialogaron sobre crisis carcelaria
En un contexto marcado por la tensión institucional, el ministro de Justicia encargado Andrés Idárraga y el presidente de la Corte Constitucional Jorge Enrique Ibáñez sostuvieron un encuentro en el Palacio de Justicia para abordar la crisis carcelaria y buscar restablecer canales de comunicación entre el Gobierno y el alto tribunal.
La reunión, celebrada en medio de relaciones deterioradas, cobra especial relevancia por la preocupación de la Corte ante el hacinamiento en las cárceles y los brotes de enfermedades como la tuberculosis, que afectan tanto a estaciones de policía como a centros transitorios y penitenciarios en Colombia.
En el tramo final del encuentro, el ministro Idárraga subrayó la importancia de la cooperación institucional al afirmar: “El diálogo franco y transparente, son fundamentales para una colaboración armónica entre las ramas del poder público. Desde el Gobierno nacional reafirmamos nuestro respeto por la independencia de poderes en Colombia”.
Este gesto busca disipar las tensiones surgidas en los últimos meses, especialmente tras el episodio del 10 de diciembre, cuando el magistrado Ibáñez declinó recibir un reconocimiento otorgado por el propio Idárraga durante un evento del Consejo Superior de la Judicatura en el Teatro Colón.
Ibáñez justificó su decisión en la necesidad de preservar la separación de poderes y la independencia judicial, un mensaje que resonó en el ambiente institucional.
Durante la conversación, los funcionarios centraron su atención en el Estado de Cosas Inconstitucional declarado por la Corte Constitucional sobre el sistema penitenciario, una situación que ha generado alarma por el impacto en la salud pública y la vulneración de derechos fundamentales.
La Corte considera que el hacinamiento y la propagación de enfermedades como la tuberculosis constituyen un desafío urgente que requiere respuestas coordinadas entre las distintas ramas del poder público.
Además de los temas carcelarios, la agenda incluyó la urgencia de reconstruir puentes de diálogo, especialmente ante el examen de constitucionalidad de iniciativas clave para el Gobierno, como la reforma pensional impulsada por el presidente Gustavo Petro.
La reunión entre Idárraga e Ibáñez representa un intento explícito de superar las fricciones recientes y garantizar que las diferencias institucionales no obstaculicen la gestión de asuntos de alto interés nacional.
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