La Corte Suprema condenó a exgobernador del Amazonas, a casi 16 años de prisión por corrupción

La Corte Suprema de Justicia condenó a 15 años y 9 meses de prisión al exgobernador del Amazonas César Lugo Morales por delitos relacionados con corrupción en la contratación pública.

El tribunal dispuso la captura inmediata de Lugo Morales, que deberá ser recluido en un centro carcelario y recibir atención médica debido a sus problemas de salud, comunicó el medio W Radio.

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La decisión judicial se fundamentó en la gravedad de los hechos, ya que durante su mandato, Lugo Morales favoreció de manera indebida a contratistas en varios contratos estatales.

Según la determinación de la Corte Suprema de Justicia conocida por el medio radial, el exgobernador proporcionó información privilegiada a proponentes interesados y comprometió a funcionarios de la gobernación en sus actividades ilícitas.

El fallo detalló que Lugo Morales buscó beneficiar a su amigo Wiston Hernández, facilitándole acceso clandestino a datos sobre los procesos de selección y permitiendo que este elaborara documentos oficiales en nombre de la administración departamental para influir en la elección de contratistas.

“Lugo Morales tuvo la intención de favorecer indebidamente a su amigo Wiston Hernández, permitiéndole acceder de manera clandestina a información sobre los procesos de selección que adelantaba la gobernación y hasta admitió que éste elaborara algunos de los documentos en nombre de la administración departamental para escoger al contratista”, determinó la Corte Suprema.

La Sala de Primera Instancia negó la suspensión de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, y ordenó el cumplimiento efectivo de la condena en prisión. La decisión contó con el salvamento de voto del magistrado Jorge Emilio Caldas, quien se opuso al encarcelamiento de Lugo Morales por motivos de salud.

El exgobernador se había allanado a los cargos: los detalles de los ilícitos que comentió

La Corte Suprema de Justicia informó en mayo del 2024 que el exgobernador de Amazonas, César Antonio Lugo Morales, se allanó a los cargos en el proceso judicial que enfrentó por varios años por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros.

El exmandatario había sido acusado ante la Sala de Especial de Primera Instancia por tres procesos relacionados con presuntos hechos de corrupción

El comunicado oficial del alto tribunal detalló en ese momento que Lugo Morales fue vinculado por gestionar “de manera irregular y sin observancia de los requisitos legales esenciales el proceso de licitación pública N° 020 de 2017, para la celebración del contrato de obra No. 00375 del 30 de octubre de 2017, cuyo objeto era la ‘Optimización del Sistema de Acueducto del Centro Poblado Corregimiento de Tarapacá del departamento de Amazonas‘”, según palabras de la propia Corte.

El valor del contrato asciendió a $898.447.431, con un plazo de ejecución de 90 días calendario. Las investigaciones indican que al entonces gobernador, como representante legal y ordenador del gasto departamental, le correspondía verificar el desarrollo y legalidad de la contratación pública. Las autoridades sostienen que, al omitir este deber, propició condiciones irregulares que derivaron en el proceso penal.

La Corte Suprema puntualizó: “El exmandatario decidió allanarse a los cargos y ahora los tres magistrados que integran la Sala definirán la pena a imponer. Le quedan pendientes otros nueve procesos”.

A su vez, El Tiempo conoció, además, que en agosto de 2023 la Procuraduría General de la Nación ya había formulado pliego de cargos contra Lugo Morales por supuestas anomalías en otro contrato, esta vez de alcantarillado, por un valor superior a los 1.500 millones de pesos.

Según el informe de la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría, “en el proceso de contratación no se publicaron diseños en la página del Secop, lo cual hace imposible conocer la cantidad, calidad, requisitos, procedimientos y prácticas constructivas”.

El Ministerio Público concluyó que esta omisión limitó la participación de potenciales licitadores interesados, dada la falta de claridad sobre las obras previstas y las falencias en los pliegos de condiciones.