La audiencia de solicitud de medida de aseguramiento contra Nicolás Petro Burgos, hijo mayor del presidente colombiano Gustavo Petro, ha concentrado la atención nacional tras cuatro jornadas en el juzgado 14 de control de garantías de Barranquilla.
El proceso, que tuvo su cuarta jornada este jueves 18 de diciembre, se centra en la investigación por presunta corrupción y desvío de fondos públicos destinados a proyectos para adultos mayores.
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La Fiscalía le imputa delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento público, tráfico de influencias y peculado por apropiación.
La defensa sostiene que no existen pruebas materiales que vinculen a Petro con los hechos y cuestiona la competencia de la Fiscalía para adelantar la investigación.
Durante las sesiones, la Fiscalía solicitó una medida de aseguramiento preventiva contra Petro Burgos, argumentando su presunta participación en el desvío de 111 millones asignados a programas sociales cuando ejercía como diputado del Atlántico.
El caso ha involucrado a otros actores, como la Fundación Conciencia Social (Fucoso), señalada como eje del supuesto entramado de corrupción. La diligencia judicial, extendida por cuatro jornadas, ha incluido la presentación de cargos y la exposición de los argumentos de las partes ante el juez.
Entretanto, la defensa, encabezada por el abogado Alejandro Carranza, abrió la última jornada con una intervención en la que cuestionó la legitimidad de la Fiscalía para investigar los presuntos delitos tributarios incluidos en el expediente.
Carranza argumentó que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) es la única entidad facultada para iniciar procesos penales por este tipo de conductas y que la Fiscalía no ha presentado denuncia formal de la Dian ni pruebas materiales como la declaración de renta o el balance contable de su cliente.
El abogado insistió en que Nicolás Petro no estaba obligado a llevar contabilidad, lo que, a su juicio, impide cualquier interpretación sobre supuestas afectaciones al impuesto a pagar.
Además, el abogado Carranza señaló que las inferencias de la Fiscalía no justifican una medida privativa de la libertad y que acceder a la solicitud vulneraría derechos fundamentales del imputado.
“La única forma como usted puede probar, demostrar, que supuestamente un anexo afectó el impuesto a pagar (…) es con el balance del contribuyente. Y no se lo trajeron porque no está obligado a llevar contabilidad. Y si no está obligado a llevar contabilidad, la Fiscalía no puede interpretar algo sobre una declaración de renta que tampoco le trajo al señor juez”, comentó la defensa.
Carranza también subrayó la ausencia de pruebas que vinculen a Petro con Fucoso. Según su exposición, no existe ningún elemento material que relacione a su cliente con la fundación, ni en los chats, declaraciones o documentos aportados por la Fiscalía.
El defensor recalcó que la testigo Daysuris del Carmen Vásquez Castro, exesposa de Petro e implicada en el caso, no lo vinculó directamente con la fundación ni con su representante legal, y que su participación se limitó a apoyar actividades del proyecto para adultos mayores, en las que, según la versión presentada, la madre de Vásquez era la involucrada.
La defensa también criticó la falta de respaldo documental en el expediente, señalando que varios de los elementos mencionados por la fiscal Lucy Laborde no fueron presentados formalmente ante el juez.
Carranza afirmó que no se exhibieron documentos clave, como inspecciones a la Gobernación o entrevistas a personas supuestamente involucradas, y que los archivos compartidos posteriormente no contienen soporte alguno de esas actuaciones.
En su análisis, el abogado sostuvo que los elementos presentados por la Fiscalía carecen de cohesión probatoria y que, lejos de incriminar a Petro, algunos testimonios resultan exculpatorios.
Además, advirtió sobre una supuesta doble incriminación, al señalar que la Fiscalía habría variado los hechos y la calificación jurídica entre la imputación y la solicitud de detención preventiva, lo que está prohibido en el proceso penal.
En la última jornada, el delegado de la Procuraduría, Henry Bustos, intervino para manifestar que no solicitaba la medida de aseguramiento contra Petro Burgos. Bustos argumentó que el imputado no representa peligro para la comunidad, ni riesgo de obstrucción a la justicia o de evasión del proceso en caso de una eventual condena. Esta postura se tradujo en un respaldo parcial a la posición de la defensa, al considerar que no se cumplen los requisitos para una detención preventiva.
El proceso también ha involucrado a Day Vásquez, exesposa de Petro, a quien la Fiscalía señala como la persona encargada de facilitar el desvío de recursos públicos a través de contratos con Fucoso.
Sin embargo, la defensa sostiene que Vásquez no vinculó directamente a Petro con la fundación y que su conocimiento sobre la entidad era limitado y de carácter operativo. Carranza argumentó que cualquier relación de tráfico de influencias corresponde a Vásquez y a la gobernadora Elsa Noguera, y no a Petro.
El abogado extendió este razonamiento a otros actores políticos mencionados, como Pedro Name, y reiteró que su defendido no tuvo injerencia en los procesos contractuales ni control sobre la contratación pública.
La audiencia continuará viernes 19 de diciembre, con la intervención prevista del juez, al que le corresponderá decidir si ordena o no la medida de aseguramiento solicitada por la Fiscalía.
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