Estados Unidos designó al Clan del Golfo como organización terrorista, una decisión que introduce nuevas tensiones en los diálogos de paz que el Gobierno Petro mantiene con este grupo armado.
La medida, acompañada de sanciones financieras y legales, impacta la política de ‘paz total’ impulsada por la administración colombiana, justo cuando se habían alcanzado acuerdos clave para la concentración y sometimiento de los combatientes.
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El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la inclusión del Clan del Golfo en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y como Organización Terrorista Global Especialmente Designada (SDGT), decisión confirmada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro.
A pesar del endurecimiento de la postura estadounidense, el Gobierno Petro ha continuado los acercamientos con el Clan del Golfo.
En agosto de 2024, el presidente Gustavo Petro autorizó la creación de un “espacio de conversación socio-jurídico” con el Clan del Golfo.
Este mecanismo, dispuesto por la Resolución 257, abrió la puerta a la exploración de vías para la aceptación de normas legales y al posible sometimiento a la justicia de la organización criminal. La intención fue iniciar una interlocución formal para desarticular el grupo e iniciar su transición hacia la legalidad.
En septiembre de 2025, las partes firmaron en Doha un acuerdo para arrancar una etapa inicial de construcción de confianza. Entre los compromisos destacados, el Clan del Golfo aceptó respaldar un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos en cinco municipios clave: Mutatá (Antioquia), Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó). El grupo armado accedió a respetar los derechos de la infancia, a observar el Derecho Internacional Humanitario y a no interferir en las elecciones de 2026.
Según la Consejería Comisionada de Paz el 5 de diciembre de 2025 ambas partes firmaron en Doha, Catar, dos protocolos fundamentales para el proceso de paz: uno de comunicaciones y otro de seguimiento, monitoreo y verificación.
Estos acuerdos establecen mecanismos tripartitos, con participación de la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la Organización de los Estados Americanos (Mapp/OEA), para garantizar la transparencia y el cumplimiento de los compromisos.
El Protocolo de Comunicaciones define los principios y procedimientos para la emisión de mensajes conjuntos, el manejo de redes sociales, la entrega de imágenes y la organización de ruedas de prensa.
El Protocolo de Seguimiento, Monitoreo y Verificación (SMV) detalla la estructura y funciones del mecanismo tripartito, encargado de informar, prevenir incidentes y verificar el avance de los acuerdos, con informes bimestrales que serán compartidos con los grupos de trabajo.
Como parte de los acuerdos, se establecieron tres Zonas de Ubicación Temporal (ZUT) en los municipios de Belén de Bajirá y Unguía (Chocó), y Tierralta (Córdoba), donde los combatientes del Clan del Golfo comenzarán a concentrarse gradualmente a partir del 1 de marzo de 2026, bajo supervisión internacional.
El listado inicial de integrantes será entregado al consejero comisionado de Paz, Otty Patiño, y se actualizará progresivamente. Antes del 3 de febrero de 2026, deberán definirse los protocolos operativos en materia de seguridad, logística y manejo de material de guerra.
El acuerdo también contempla la suspensión de órdenes de captura y extradición para los combatientes durante su traslado a las ZUT, con el objetivo de ofrecer garantías jurídicas y humanas, según detalló la Consejería Comisionada de Paz.
La decisión de Estados Unidos de catalogar al Clan del Golfo como organización terrorista representa un desafío para la política de ‘paz total’ del Gobierno Petro.
Coinciden en que esta medida limita los márgenes legales y políticos para cualquier tipo de acuerdo, mediación o verificación internacional, y endurece el tratamiento judicial en Estados Unidos para los miembros del grupo y quienes mantengan contacto con ellos.
Además, la inclusión en la lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN) de la Ofac implica repercusiones legales, financieras e internacionales severas, dificultando la implementación de los acuerdos alcanzados en Doha.
Mientras el Gobierno colombiano busca avanzar en la negociación y el sometimiento del Clan del Golfo, la postura estadounidense introduce incertidumbre sobre la viabilidad y el futuro de los diálogos, en un contexto donde la cooperación internacional resulta clave para la verificación y el acompañamiento del proceso.
En el plano local, la llegada de los combatientes a las ZUT ha generado inquietud entre líderes sociales y comunidades, especialmente en Tierralta, Córdoba.
Según Caracol Radio, José David Ortega, vocero de la Asociación de Campesinos del Sur de Córdoba, solicitó al Gobierno una prórroga de diez días para que el ingreso de los integrantes del EGC ocurra después de la jornada electoral, ante el temor de que la presencia de estas agrupaciones coincida con el proceso de elección de representantes a la Cámara por la Circunscripción Especial de Paz.
Esta designación implica sanciones que bloquean activos y restringen cualquier tipo de transacción financiera con el grupo y sus miembros.
El Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), Banda Criminal de Urabá, Clan Úsuga, Los Urabeños y Los Autodefensas Gaitanistas de Colombia, se suma así a la lista de organizaciones armadas colombianas sancionadas por Washington, junto al ELN, las Farc-EP y la Segunda Marquetalia.
Una alta fuente del Departamento de Estado declaró que el Clan del Golfo “no es solo un cartel de drogas, es una Organización Terrorista Extranjera que ha infligido un sufrimiento incalculable al pueblo colombiano y amenaza la estabilidad de nuestra región”.
El comunicado oficial subraya que el grupo, con miles de miembros, financia sus actividades violentas a través del tráfico de cocaína y es responsable de atentados contra funcionarios públicos, fuerzas del orden y civiles.
“Estados Unidos seguirá utilizando todas las herramientas disponibles para proteger a nuestra nación y detener las campañas de violencia y terrorismo perpetradas por cárteles internacionales y organizaciones criminales transnacionales”, afirmó el Departamento de Estado.
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