Corte Suprema ya tiene estrategia para determinar irregularidades en campaña al Senado de Álvaro Uribe: Salvatore Mancuso y ‘Don Berna’ son clave

El magistrado César Reyes, que dirige las pesquisas contra el líder politico del Centro Democrático, contempla la citación de 31 testigos

La Corte Suprema de Justicia inició labores para determinar la culpabilidad del expresidente Álvaro Uribe Velez en medio del proceso que se adelanta en su contra por presuntas irregularidades en la campaña al Senado de la República en 2018.

El magistrado César Reyes, que dirige las pesquisas contra el líder político del Centro Democrático, contempla la citación de 31 testigos, incluidos exjefes paramilitares y narcopilotos, para esclarecer un aporte de $20.000.000.

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El alto funcionario elaboró una resolución el 16 de enero de 2026 que exige la comparecencia de una amplia lista de testigos con vínculos dispares con la causa, según documentos a los que accedió Semana. Entre los llamados destacan Salvatore Mancuso, exjefe paramilitar nombrado gestor de paz por el gobierno de Gustavo Petro, y Diego Fernando Murillo, mejor conocido como alias Don Berna, antes cabecilla del bloque Nutibara.

El listado incluye a Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán y Raúl Emilio Hasbún, jefe financiero de las Autodefensas Unidas de Colombia en Urabá, condenado en Estados Unidos por falsedades en declaraciones judiciales.

Uno de los objetivos del máximo tribunal de la jurisdicción ordinaria es establecer el vinculo del exgobernador de Antioquia con la antigua Llanera de Aviación, hoy Navir Air, que prestó un vuelo en febrero de 2018 a Uribe Vélez durante la campaña. Para ello, es fundamental la versión del piloto Samuel David Niño, que fue mencionado en investigaciones relacionadas con el narcotráfico.

Dentro del comando judicial figuran personas ajenas al vuelo investigado, como María Patricia Rodríguez, extraditada a Estados Unidos en 2010 y pareja de Francisco Cifuentes Villa, histórico cabecilla del narcotráfico colombiano. Otro de los citados es Carlos Eduardo Restrepo o alias Caco, que cumple una condena de 11 años en tierras estadounidenses por su participación en el transporte de casi una tonelada de cocaína, además de mantener contactos con la campaña del Pacto Histórico y el equipo presidencial de Gustavo Petro.

El proceso se suma a una trayectoria de conflictividad entre Álvaro Uribe Vélez y el magistrado César Reyes. Este último fue quien, en agosto de 2020, impulsó la orden de captura contra el líder político por fraude procesal y soborno a testigos. Después de la renuncia de Uribe Vélez al Senado, el caso pasó a la jurisdicción ordinaria y el Tribunal Superior de Bogotá dictó su inocencia en segunda instancia. Ahora, la Corte Suprema de Justicia vuelve a tener el expediente en sus manos para decidir si procede una casación.

Cabe recordar que Reyes llegó al órgano superior del Poder Judicial con apoyo del gobierno de Juan Manuel Santos, en plena tensión con Uribe Vélez. El magistrado, en ese entonces, mantenía un contrato superior a $575.000.000 con entidades creadas por el Fondo de Programas Especiales para la Paz, para tareas de acopio y análisis de datos sobre detenidos y condiciones carcelarias.

Sobre la investigación que lidera el magistrado, Jaime Granados, abogado principal del expresidente, declaró que es una prueba más de la persecución de cierto sector politico contra su cliente. “Se trata de una nueva investigación basada en anónimos para mantener el asedio y persecución a Álvaro Uribe por parte del magistrado César Reyes”, dijo al medio citado.

Granados precisó la inexistencia de antecedentes judiciales en 2018 contra Samuel Niño y sostuvo: “No se puede exigir a una campaña que tenga capacidades de inteligencia superiores a las del Estado para detectar presuntos criminales”. El jurista anticipa que recusará al magistrado Reyes por, según sus palabras, “haber perdido la objetividad necesaria para juzgar cualquier causa relacionada con la familia Uribe”.

A criterio de la defensa del exmandatario, la insistencia del magistrado Reyes en abrir procesos constituye una reacción política frente a la declaración de inocencia del Tribunal Superior de Bogotá en el caso de fraude procesal.