Sanciones en propiedad horizontal: los dueños de mascotas enfrentan multas y obligaciones estrictas

En las propiedades horizontales del país, la presencia de animales domésticos ha originado múltiples disposiciones que buscan mantener la armonía entre residentes.

Según información divulgada por Revista Semana, las reglas internas de los conjuntos forman la base para regular la convivencia, lo que incluye parámetros claros sobre el manejo de mascotas en zonas comunes, el comportamiento exigido a los propietarios y las consecuencias por no cumplir el reglamento.

Estas normativas, estructuradas bajo la legislación de propiedad horizontal, establecen lineamientos sobre la movilidad, supervisión y cuidados que deben garantizar quienes habitan con animales.

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Dentro de este marco, los conjuntos residenciales fijan disposiciones específicas para organizar el tránsito de las mascotas y minimizar situaciones que generen molestias entre los vecinos. Se indica que los residentes deben conocer los derechos y deberes definidos por estos reglamentos, que tienen entre sus objetivos preservar la seguridad, la limpieza y la tranquilidad en las áreas compartidas. En estos espacios, los propietarios deben asegurar que sus animales se comporten adecuadamente y evitar incidentes que puedan afectar a terceros.

Las administraciones están facultadas para imponer medidas disciplinarias cuando se comprueba el incumplimiento de las normas internas. Las sanciones económicas, según lo informado, pueden llegar hasta el valor del canon de arrendamiento, cifra que constituye el límite máximo autorizado, aunque no se permite que estas multas lo superen. En cada caso, la administración debe basarse en el reglamento de propiedad horizontal para determinar la sanción correspondiente y comunicarla al residente infractor.

A la par de las regulaciones internas, el Código Nacional de Policía y Convivencia establece un conjunto de obligaciones adicionales. En su artículo 126, este código explica que quienes poseen animales deben garantizar que estos no generen riesgos para otras personas ni afecten el orden en espacios compartidos. El documento exige que los perros se movilicen con collar y correa, y que aquellos considerados de razas catalogadas como de manejo especial usen bozal durante los desplazamientos en zonas públicas o comunes.

Entre las disposiciones más relevantes, se encuentran las multas tipo 1, equivalentes a aproximadamente $130.000, y las multas tipo 2, que rondan los $260.000. Cuando se trata de animales clasificados como potencialmente peligrosos, la ausencia de correa o bozal puede derivar en medidas adicionales, entre ellas la retención preventiva del animal o sanciones económicas superiores. Estas acciones buscan garantizar que los propietarios mantengan el control de sus mascotas y eviten riesgos en áreas frecuentadas por otros habitantes del conjunto.

En los conjuntos residenciales, una de las infracciones más frecuentes tiene relación con permitir que los animales se desplacen sin correa en zonas comunes. Cuando esta situación produce daños a bienes o personas, la responsabilidad recae directamente en el dueño del animal, quien debe responder por las consecuencias del incidente. Los reglamentos internos suelen detallar los escenarios en los que podrían aplicarse estas sanciones para mantener claridad entre los residentes.

Otra de las conductas recurrentes es no recoger los desechos dejados por las mascotas, una práctica regulada tanto por los conjuntos como por el Código de Policía. Las reglas obligan a los propietarios a disponer de bolsas para recoger los excrementos y depositarlos en los recipientes designados. Esta medida tiene como propósito evitar afectaciones higiénicas en andenes, zonas verdes y demás espacios de uso compartido. El incumplimiento de esta obligación puede generar llamados de atención o sanciones dependiendo de la reincidencia.

En caso de episodios que involucren ataques de animales, los propietarios deben contactar a las autoridades competentes para que se determine el procedimiento correspondiente. La comunicación inmediata permite que las instituciones verifiquen la situación y adopten las medidas establecidas por la ley, que pueden incluir evaluaciones del comportamiento del animal o sanciones al dueño.

Las normas vigentes, conforme se ha difundido en Revista Semana, conforman un conjunto de herramientas que orientan a los propietarios sobre el manejo responsable de sus animales dentro de la propiedad horizontal. Estas disposiciones buscan facilitar la convivencia y evitar conflictos entre los habitantes, destacando que el respeto por las reglas contribuye al adecuado funcionamiento de las comunidades residenciales.

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