Dian advirtió de reforma que podría afectar la lucha contra el contrabando en Colombia: “No puede legalizarse”

El reciente debate sobre la reforma al régimen sancionatorio aduanero en Colombia ha generado una marcada confrontación entre la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) y los gremios empresariales, tras la presentación en el Congreso de un proyecto de ley impulsado por la senadora Paola Holguín en representación del Consejo Gremial.

Aunque la Dian reconoce que más del 85% del articulado coincide con la propuesta oficial del Gobierno, la entidad advierte que las diferencias introducidas por el sector privado podrían debilitar la capacidad estatal para combatir el contrabando, el lavado de activos y la financiación del terrorismo.

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Uno de los puntos más controvertidos, según la Dian, es la propuesta de equiparar el decomiso de mercancías con una sanción.

La entidad sostiene que esta modificación implicaría legitimar la ilegalidad de mercancías ingresadas al país por vías irregulares, ya que “el contrabando no puede legalizarse por el simple paso del tiempo”.

Además, la Dian subrayó que la jurisprudencia del Consejo de Estado define el decomiso como un mecanismo para aclarar la situación jurídica de la mercancía, no como una penalidad, y advierte que alterar esta interpretación reduciría la eficacia de los controles aduaneros.

En el análisis técnico presentado, la entidad calificó como “críticos” otros aspectos del proyecto, especialmente la forma en que se abordan los principios de debida diligencia y lesividad.

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales enfatizó que los operadores aduaneros no son ciudadanos comunes, sino profesionales autorizados y habilitados, por lo que deben responder ante estándares más estrictos de responsabilidad.

Según la Dian, aceptar una definición más laxa de estos principios, como propone el sector privado, podría propiciar comportamientos que pongan en riesgo la seguridad nacional y sanitaria.

El texto oficial del Gobierno establece que solo causas de fuerza mayor o caso fortuito pueden exonerar a estos operadores de responsabilidad, mientras que el proyecto alternativo reduciría ese marco, debilitando la capacidad sancionatoria.

La autoridad tributaria también cuestionó con firmeza los montos de las sanciones previstos en la iniciativa gremial. Según la Dian, las multas propuestas son “absurdamente bajas”, lo que generaría incentivos perversos para que usuarios y contrabandistas opten por incumplir la ley y pagar una penalidad reducida, en lugar de ajustarse a la regulación.

En palabras de la entidad: “En esa línea se encuentra que el Proyecto propone como sanción más alta, para una infracción gravísima, una multa de 1.000 UVT monto que, con todas las reducciones propuestas, quedaría en $2.000.000. Esto resulta irrisorio ante el impacto que representa el contrabando en la industria y la seguridad nacional y sanitaria”.

La Dian advirtió que esta situación podría incrementar delitos asociados al contrabando técnico, como el lavado de activos y el narcotráfico, y además pondría en desventaja a empresarios y comerciantes formales frente a la competencia desleal.

Otro aspecto señalado por la entidad es la ausencia de un mecanismo jurídico en el proyecto del Consejo Gremial que permita adaptar de manera ágil la normatividad sancionatoria a las nuevas dinámicas del comercio internacional. Según la entidad, la falta de esta herramienta obligaría a tramitar una ley adicional cada vez que se requieran sanciones para procedimientos novedosos, lo que ralentizaría la capacidad del país para responder a la evolución logística global.

Desde la perspectiva del sector privado, el proyecto introduce beneficios como la posibilidad de recuperar el medio de transporte incautado mediante el pago de una sanción del 10% de su valor, en contraste con el régimen anterior que contemplaba la pérdida definitiva del vehículo.

Además, se establece que las denuncias penales solo se presentarán una vez quede en firme el acto de decomiso, evitando así investigaciones penales prematuras que puedan afectar la actividad empresarial. Para los usuarios aduaneros que incurran por primera vez en una infracción leve y corrijan su situación, el texto prevé la exoneración de sanción pecuniaria si la corrección se realiza de manera voluntaria o durante una actuación administrativa.

El proyecto también contempla porcentajes de reducción de las multas por allanamiento: 20% antes de la notificación del requerimiento especial aduanero, 40% después de la notificación y hasta antes de la decisión de fondo, y 60% dentro del plazo para interponer el recurso contra la decisión de fondo.

A pesar de las coincidencias en la necesidad de modernizar el régimen sancionatorio aduanero, la Dian insiste en que los puntos divergentes del proyecto presentado por los gremios comprometen la efectividad del control aduanero y la protección de la seguridad económica del país.

La entidad reiteró su disposición a participar en las discusiones legislativas “con transparencia, respeto, responsabilidad y lealtad”, pero llamó a que el debate en el Congreso fortalezca, y no debilite, la arquitectura institucional de lucha contra el contrabando.