La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) presentó el 9 de diciembre de 2025 su escrito de determinación de hechos y responsabilidades dentro del Caso 06, en el que imputó a cinco mandos militares retirados por su presunta participación en el genocidio contra el partido político Unión Patriótica (UP).
La Sala de Reconocimiento concluyó que el ataque ejercido durante más de dos décadas tuvo la intención deliberada de eliminar al movimiento, por lo que renombró formalmente el proceso como “Genocidio contra el partido político Unión Patriótica”.
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El tribunal de paz señaló que, desde 2018, el Caso 06 ha buscado esclarecer más de treinta años de violencia contra integrantes, simpatizantes y estructuras de la UP. A junio de 2025, la JEP ha acreditado 560 víctimas, incluidas cinco colectivas, y ha recopilado información mediante audiencias, versiones voluntarias, inspecciones judiciales y jornadas de escucha a miembros del partido en el exilio en países de Europa, Canadá y Argentina.
Tras conocerse la decisión, la presidenta de la Unión Patriótica y senadora Aída Avella afirmó que “aunque es un avance el señalamiento de estos militares en crímenes contra nosotros y contra la democracia, faltan más”. La dirigente recordó que el exterminio del movimiento dejó, según cifras del partido, alrededor de 6.200 víctimas entre militantes, simpatizantes y líderes sociales vinculados al proyecto político.
Avella, que hoy tiene 78 años, ha relatado su propia experiencia como sobreviviente de un atentado con bazuca en Bogotá y los años de exilio que siguieron a las amenazas derivadas de su militancia. La senadora ha insistido en que las investigaciones deben continuar para establecer las responsabilidades que, según ha dicho en diversas ocasiones, se extendieron a múltiples niveles de coordinación entre estructuras armadas ilegales y agentes estatales.
Imputaciones de la JEP
En su determinación, la Sala de Reconocimiento imputó como máximos responsables del crimen de genocidio a título de coautores al mayor general (r) Iván Ramírez Quintero y al brigadier general (r) Rito Alejo del Río Rojas. También atribuyó responsabilidad penal a los tenientes coroneles (r) Jorge Luis Mejía Rosas, Eduardo León Figueroa Cifuentes y Manuel José Pérez Pérez. Los cargos incluyen el crimen de genocidio, homicidio en persona protegida y delitos de lesa humanidad como exterminio, deportación, desplazamiento forzado, tortura y otros actos inhumanos.
La decisión se basó en 34 informes, 139 diligencias de versión con 68 comparecientes, 135 testimonios de víctimas y declarantes, y la revisión de archivos de inteligencia de unidades como la Brigada XX y la Brigada XVII, donde se halló evidencia sobre un patrón de estigmatización que catalogaba a la UP como supuesto “brazo político de las Farc-EP”. Según la Sala, este discurso fue ampliamente difundido y aceptado dentro de unidades de inteligencia del Ejército.
La JEP señaló que la violencia contra integrantes de la UP fue constante: entre 1984 y 2002 no hubo un solo mes sin un militante asesinado o desaparecido. Asimismo, estableció que la mayoría de los crímenes se concentraron en tres regiones que agrupan el 59,1% de las víctimas registradas: Urabá, Ariari-Guayabero y Magdalena Medio.
Defensoría del Pueblo destacó la decisión de la JEP
La Defensoría del Pueblo saludó la decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz. La entidad señaló que esta decisión complementa la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) en el caso “Integrantes y Militantes de la Unión Patriótica vs. Colombia”, que declaró la responsabilidad internacional del Estado y ordenó investigaciones amplias y diligentes para superar la impunidad.
La entidad resaltó que el caso de Urabá ejemplifica el patrón nacional de exterminio: allí se registró el 26,5% de las víctimas fatales del ataque contra la UP entre 1985 y 2016 y el 65,7% en el periodo crítico 1995-1997. Esta información, señaló, fortalece el trabajo de la Comisión de Evaluación de la Justicia ante la Cidh, presidida por la Defensoría.
La institución recordó que desde 1992 aportó al esclarecimiento mediante su informe sobre homicidios de la UP y Esperanza, Paz y Libertad, en el que propuso ampliar internacionalmente el concepto de genocidio para incluir motivaciones políticas.
Finalmente, subrayó que la no repetición exige detener la estigmatización política, pues esta vulnera principios democráticos y facilita la violencia. Para la Defensoría, el fallo de la JEP es una oportunidad para reafirmar la centralidad de la vida, la dignidad y la diferencia en la convivencia democrática.
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