La representante a la Cámara Katherine Miranda denunció ante el Congreso de Colombia la presunta ejecución de civiles por parte del Ejército Nacional, que habrían sido presentados como integrantes de grupos armados abatidos en operaciones militares.
Esta acusación, realizada en el contexto de una moción de censura contra el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, revive el debate sobre los llamados “falsos positivos”, crímenes por los que el Estado colombiano enfrenta investigaciones y sanciones internacionales. Miranda advirtió sobre la gravedad de los hechos, señalando que constituyen una violación del derecho internacional humanitario, así como una manipulación de escenas para reportar resultados operacionales.
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En su intervención, la congresista subrayó que los casos denunciados implican el uso letal e injustificado de la fuerza. Miranda afirmó: “Estos son falsos positivos, ministro. Esto que está pasando en el gobierno de la ‘potencia mundial de la vida’ es gravísimo”. En efecto, detalló que los militares habrían consumido más de 2.000 municiones y varias granadas para simular un enfrentamiento, lo que consideró una prueba de la manipulación de los hechos.
Los casos expuestos por Katherine Miranda
El primer caso expuesto por Katherin Miranda se remonta al 15 de diciembre de 2024 en la vereda Paquita, municipio de Itüango, Antioquia. Según su relato, tropas del Ejército detuvieron a John Byron Londoño Gutiérrez, un civil que se desplazaba en motocicleta, desarmado y sin antecedentes judiciales. Miranda sostuvo que Londoño fue golpeado, amarrado y forzado a entregar información sobre un presunto integrante del Clan del Golfo, conocido como alias Jonas. Bajo coacción, Londoño condujo a los soldados hasta una vivienda donde, al mediodía, alias Jonas abrió fuego y mató al soldado Ronald Estigua Pancho antes de huir.

Tras el ataque, la congresista aseguró que el subteniente Manuel Felipe Sánchez habría ordenado traer al civil capturado y pronunció la instrucción: “bajen a esa gonorrea”. Según la denuncia, tres soldados le dispararon mientras Londoño suplicaba por su vida. Posteriormente, le desataron las manos, acomodaron el cadáver y le colocaron un arma para simular un combate. Miranda agregó un detalle que consideró revelador: “Al señor le faltaba el dedo pulgar izquierdo y fue justo en esa mano donde le colocaron el arma, supuestamente usada para disparar”.
El segundo episodio denunciado ocurrió el 29 de noviembre de 2024 en la vereda San Isidro, municipio de Vista Hermosa, Meta, durante una operación contra la estructura de alias Iván Mordisco. El Ejército informó ese día que había muerto en combate Antonio José Dagua Gómez, presunto integrante de las disidencias. No obstante, Miranda aseguró que se trataba de un campesino y líder comunitario, sin antecedentes, que realizaba labores cotidianas cerca de su vivienda. Habitantes de la zona denunciaron que no hubo combate real, sino “disparos aislados”, y que el hombre habría sido ejecutado y reportado como baja en enfrentamiento.
El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, que no había intervenido en ese momento de la sesión, manifestó que la orden a sus tropas es que ninguna unidad militar tiene autorización para violar el derecho internacional humanitario y que cualquier irregularidad será investigada. Habitualmente, la cartera remite estos casos a la Justicia Penal Militar y a la Fiscalía General de la Nació, pero hasta ahora no se conocen pronunciamientos específicos sobre las situaciones expuestas por la congresista.
Esta no fue la única crítica que recibió el jefe de la cartera, puesto que las congresistas Cathy Juvinao y Jennifer Pedraza cuestionaron las acciones del Gobierno nacional contra el reclutamiento de menores en el territorio y las cifras que presentó el Estado sobre esta problemática, ya que consideran que tienen fallas e irregularidades.
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