
En un hecho que generó indignación nacional, desde 2020 se abrió un proceso en contra de Fernando Sanclemente, exembajador de Colombia en Uruguay y exdirector de la Aeronáutica Civil, tras el hallazgo de un laboratorio de cocaína en una de sus propiedades.
A pesar de que no ha sido condenado, la justicia determinó que Sanclemente conocía sobre el funcionamiento del laboratorio y omitió denunciarlo, facilitando el delito de tráfico de estupefacientes.
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Para esclarecer el caso fue vital la colaboración del mayordomo de Sanclemente, identificado como Laureano Martínez Cortés, que fue condenado a 10 años de prisión en agosto de 2023.
Poco más de dos años después, un juez de ejecución de penas le concedió el beneficio de libertad condicional a Martínez Cortés, argumentando que el colaborador ya cumplió tres quintas partes de la pena impuesta.

Cuando se confirmó la sentencia en contra de Martínez, la fiscalía develó que se había registrado un preacuerdo en el que el mayordomo aceptó su responsabilidad en los delitos de concierto para delinquir agravado, falsa denuncia y tráfico o fabricación o porte de estupefacientes agravado.
De la misma forma, recibió una multa de más de 4.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes y se le negó el beneficio de prisión domiciliaria. La negociación fue avalada bajo el argumento de que Martínez era el testigo estrella del caso por el que sigue sin ser condenado Fernando Sanclemente.
Sobre el accionar del mayordomo, se confirmó que este facilitó la ubicación de la finca en la que se instaló un laboratorio para fabricar estupefacientes, situación sobre la que fue notificado el exembajador en todo momento.
Gracias a una investigación adelantada por las autoridades, se confirmó que a la propiedad ingresaban vehículos que transportaban insumos químicos para elaborar cocaína y había gente que trabajaba por turnos en el sitio.

Tras el operativo registrado en febrero de 2020, en el que se destruyó el laboratorio mencionado en el municipio de Guasca, en Cundinamarca, el mayordomo se comprometió a entregar información para esclarecer la participación de Fernando Sanclemente y otras figuras relevantes del caso.
De esa forma se confirmó que, además de tener conocimiento de todo lo que se registraba en su propiedad, Sanclemente también habría ocultado, alterado y destruido elementos probatorios que eran claves en el proceso.
En el escrito de acusación contra Sanclemente se señaló que el exembajador ordenó a sus trabajadores quemar todos los documentos que había en la finca mencionada, puesto que estos lo podrían vincular de alguna forma con la investigación en proceso.
A pesar de que se esperaba que las audiencias en contra de Sanclemente comenzarán en 2023, hasta el momento se sigue sin registrar ningún tipo de condena en contra del exdirector de la Aeronáutica Civil.

Respecto a la finca Haras de San Fernando, propiedad de la familia de Fernando Sanclemente, fue objeto de un proceso judicial que concluyó en septiembre de 2024 con la orden de extinción de dominio.
En ese momento, un juzgado de Bogotá determinó que la finca debía pasar a propiedad del Estado porque los dueños permitieron perder el control sobre el predio, lo que facilitó su uso para actividades ilícitas.
El fallo señaló que la sociedad dueña del terreno, Las Colinas del Guasca Ltda., tenía la obligación legal de vigilar y responder por lo que ocurriera en la finca, y que la delegación de funciones a terceros no eximía esa responsabilidad. La valoración de la propiedad es de más de 150.000 millones de pesos y está siendo administrada por la Sociedad de Activos Especiales (SAE).
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