El manejo de la crisis institucional por la presunta infiltración de las disidencias de alias Calarcá en organismos de inteligencia del Estado ha puesto a la fiscal general Luz Adriana Camargo en el centro de un creciente torbellino político y judicial.
La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia la citó el 10 de diciembre a las 7:00 a. m. para que explique por qué, a dieciséis meses de haberse incautado información sensible a la red liderada por Alexánder Díaz Mendoza, las investigaciones contra altos mandos como el general Juan Miguel Huertas y el director estratégico de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía, apenas comienzan.
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El caso estalló públicamente luego de que Noticias Caracol revelara detalles de los 135 dispositivos electrónicos decomisados en julio de 2024, cuyos contenidos encendieron alarmas en las más altas esferas del Estado.
La citación se produjo en medio de una creciente incomodidad en el alto tribunal, que consideró insuficientes las explicaciones sobre el avance de la investigación por la posible filtración de información estratégica hacia estructuras armadas ilegales.
Sin embargo, la tensión aumentó cuando Camargo pospuso su comparecencia, inicialmente programada para el 3 de diciembre, alegando un viaje oficial a La Haya.
Entre el 1 y el 6 de diciembre, la fiscal participó en encuentros con autoridades judiciales de la Unión Europea y reuniones entre fiscalías latinoamericanas y Eurojust, un desplazamiento que coincidió con la escalada del escándalo en Colombia y con la admisión de que apenas comenzaba un examen minucioso del material incautado, de acuerdo con El Espectador.
En el Congreso, la oposición cuestionó duramente la ausencia de avances y pidió explicaciones e, incluso, renuncias. Para varios legisladores, la decisión de viajar al exterior en pleno estallido de la crisis reveló un manejo político desafortunado y una falta de liderazgo en un caso que podría comprometer la seguridad del Estado. En el Palacio de Justicia, el malestar fue evidente.
Según relató una fuente citada por El Espectador, “estamos decepcionados de la falta de liderazgo de Camargo y su absoluto desconocimiento de lo que pasa dentro de su entidad”.
La molestia alcanzó incluso al vicefiscal Gilberto Javier Guerrero Díaz, a quien magistrados describieron como “más ausente que la propia fiscal”.
Pese a las críticas, fuentes le medio citado de la cúpula fiscal defendieron la gestión de Camargo, insistiendo en que la entidad ha mantenido como regla no levantar órdenes de extradición contra jefes de disidencias o grupos como el Clan del Golfo, incluso cuando son designados negociadores de paz.
Un alto funcionario afirmó que la Fiscalía se ha negado a suspender órdenes de captura y extradición solicitadas por el alto comisionado para la paz, Otty Patiño, lo cual ha generado tensiones directas con el gobierno.
El distanciamiento se profundizó en enero de 2025, cuando la Fiscalía reactivó las órdenes de captura contra 31 integrantes del ELN tras la ofensiva de esa guerrilla en el Catatumbo, que dejó al menos 80 muertos y miles de desplazados.
Camargo sustentó la decisión en la sentencia de la Corte Constitucional que avaló la ley de paz total, argumentando que la nueva ola de violencia demuestra un incumplimiento grave con los compromisos del proceso.
En el caso específico de “Calarcá”, su detención en flagrancia el 23 de julio de 2024 —antes de que la Corte Constitucional publicara el texto completo de la sentencia sobre paz total— dejó abiertas dudas sobre si su estructura cumplía con los requisitos para acceder a eventuales suspensiones de captura.
La omisión de imputación por el traslado de un menor hallado en la caravana del cabecilla ha sido señalada por expertos como posible caso de reclutamiento infantil.
El distanciamiento entre el presidente Gustavo Petro y la fiscal general terminó de encender el ambiente político. El mandatario atribuyó la ruptura a la supuesta preocupación de Camargo por una posible inclusión en la Lista Clinton y afirmó que esa situación ha debilitado el respaldo institucional necesario para avanzar en los diálogos con las disidencias.
Petro defendió los avances del séptimo ciclo de conversaciones con la organización de alias Calarcá, destacando compromisos como el fin del reclutamiento de menores, la liberación de jóvenes y acuerdos sobre sustitución de cultivos ilícitos. “Hablar humaniza cualquier conflicto… ya estamos hartos de 75 años de violencia fratricida”, afirmó.
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