La reforma tributaria presentada por el Gobierno se encuentra en su período más crítico, a solo una semana de que finalicen las sesiones ordinarias del Congreso. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció que la administración está dispuesta a reconsiderar los tributos más controvertidos, incluyendo la eliminación del impuesto al consumo de cerveza y el tributo al carbono sobre la gasolina, con el objetivo de facilitar el avance del proyecto de ley y asegurar los fondos necesarios para financiar el Presupuesto de 2026.
De acuerdo con lo expuesto por Ávila en una columna publicada en La República, el Gobierno plantea revisar “la exclusión total del impuesto al consumo de bebidas alcohólicas, particularmente para la cerveza; y quizá la eliminación del impuesto al carbono en los $100 que impactan el precio de la gasolina”.
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Esta flexibilización intenta destrabar un debate que se prolonga desde septiembre debido al rechazo de sectores políticos y sociales, especialmente en lo relativo a estos tributos específicos.
Votos en el Congreso y alternativas consideradas
El trámite del proyecto sigue bloqueado en las comisiones económicas del Congreso. La ley podría fracasar si obtiene suficientes votos negativos, de los cuales, se requieren 11 en las comisiones terceras y nueve en las cuartas de Cámara y Senado para que quede archivada sin posibilidad de llegar a las sesiones extraordinarias que se celebrarían a mediados de mes.
En relación con los riesgos de estancamiento legislativo, la representante Katherine Miranda denunció una estrategia dilatoria para forzar un posterior estado de emergencia económica y viabilizar la reforma por decreto.
“La Corte ha dicho que solo procede ante un hecho sobreviniente, imprevisible y externo, no por derrotas políticas ni por una crisis fiscal”, advirtió.
Fuentes clave de recaudo y objetivos fiscales
La reforma fue diseñada para recaudar 16,3 billones de pesos colombianos (aproximadamente el 0,8% del PIB), según lo expuesto en el texto del ministro Ávila:
“El proyecto de Ley de Financiamiento, que busca fuentes adicionales de ingresos nacionales para 2026 por $16,3 billones (0,8% del PIB), constituye otro paso para avanzar en un Pacto Fiscal en el que concurran ciudadanía y gobierno para alcanzar un doble objetivo”.
El Gobierno pretende cumplir el principio de progresividad tributaria y restablecer la regla fiscal, tras haber activado una cláusula de escape en junio anterior.
Ávila detalló en su columna que las tres medidas con mayor potencial recaudatorio son: “Impuesto al consumo sobre bebidas alcohólicas y tabaco ($3 billones); impuesto a los patrimonios superiores a $2.600 millones, aunque el cambio sustancial es a partir de $6.200 millones ($2,2 billones); e impuesto a personas jurídicas con las mayores tasas a las instituciones financieras y al carbón ($1,3 billones)”.
Principios de equidad y discusión sobre el impuesto al patrimonio
El ministro subrayó que el impuesto al patrimonio se enfoca en las mayores fortunas del país y precisó: “Quizás también les preocupa que se graven patrimonios altos, especialmente, aquellos que superan los $6.000 millones, o peor, los superiores a $148.000 millones. Preguntémonos: ¿Cuántos colombianos trabajadores, gente de clase media o medianos y pequeños empresarios tienen este nivel de patrimonio? ¿Acaso no es justo que personas con tal riqueza contribuyan mucho más al financiamiento de los bienes y servicios sociales?”.
El texto remite al artículo 363 de la Constitución Política, según el cual el sistema tributario debe estar fundado en equidad, eficiencia y progresividad, lo que implica que quienes tienen mayor capacidad de pago asuman la mayor parte de los gravámenes. Ávila consideró: “Porque reduce la desigualdad y genera recursos para financiar la política social y los servicios públicos esenciales”.
Resistencia política y efectos en programas sociales
El Gobierno insiste en que la nueva ley de financiamiento es indispensable para cubrir programas sociales y asegurar la estabilidad de las cuentas nacionales. Ávila advirtió: “Un reducido grupo de senadores en comisiones económicas se opone a discutir y aprobar dicha ley de financiamiento y lo hacen sin escuchar razones, sin analizar los cambios que ha tenido la proyecto, incluso, sin percatarse de la posibilidad que eliminar algunos tributos con los que ellos mismos han manifestado inconformidad. Esta resistencia no resulta sensata, ni responsable con el país”.
Cerró su columna con un mensaje directo al Congreso: “Permítanme hacer un llamado porque la razón y la empatía prime en los debates, para que no vayamos a sacrificar recursos necesarios para los programas sociales que las colombianas y los colombianos más necesitados, demandan”.
Próximos pasos en la legislatura
Si la reforma tributaria no logra los votos necesarios antes del cierre de la legislatura, el Ejecutivo convocará a sesiones extraordinarias. El resultado definirá el rumbo fiscal para 2026 y el alcance de las políticas públicas comprometidas en el presupuesto aprobado. Todo el proceso se desarrolla bajo observación, pues el desenlace podría marcar cambios sustanciales en la estructura tributaria del país.
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