El debate agrícola en Colombia adquirió intensidad con los recientes señalamientos hechos por el expresidente Álvaro Uribe Vélez sobre los lineamientos propuestos por el actual candidato del Pacto Histórico Iván Cepeda en materia de política rural.
Uribe alertó acerca de riesgos asociados al modelo agropecuario que relacionó con experiencias históricas implementadas por Lenin y Mao Zedong (figuras oficiales del comunismo).
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En un mensaje divulgado en X, el exmandatario advirtió: “Ojo con la propuesta agropecuaria de Cepeda, inspirada en los modelos de Lenin y Mao Zedong, que terminaron destruyendo a los productores del campo, asesinaron y provocaron la muerte de millones de personas y sumieron a esos países en la hambruna”.
La discusión pública incluyó la postura del Centro Democrático, que contrastó con firmeza los principios defendidos por Cepeda.
La colectividad presentó como alternativa una integración fuerte entre campesinos y productores agropecuarios, tierra para los campesinos con proyectos productivos y apoyo real a todos los productores del campo, sin distinciones ideológicas.
Uribe reafirmó las bases aplicadas durante su administración, citando la Ley de Agro Ingreso Seguro, medida que, según sus números, otorgó más del 80% de los recursos a pequeños propietarios, lo que habría permitido fortalecer las economías agrícolas y elevar la producción nacional.
A las advertencias de Uribe se sumó la senadora María Fernanda Cabal, quien declaró: “La propuesta de Cepeda no es reforma sino un salto al abismo. Coincido con el presidente Uribe”.
Cabal consideró insostenible la adopción de lineamientos similares a los que, en su opinión, llevaron al “fracaso” de la economía rural en otras naciones.
La senadora y precandidata presidencial agregó que “Colombia necesita producción, no experimentos ideológicos que ya demostraron su desastre. El campo merece apoyo real, no fantasías importadas”.
Paloma Valencia también se despachó contra Iván Cepeda: “Quieren acabar con las posibilidades de desarrollo”
El debate político se centró en los últimos días sobre un proyecto de ley impulsado por Iván Cepeda que, según la congresista Paloma Valencia, busca otorgar al Gobierno la facultad de revocar licencias ambientales y concesiones sin necesidad de pruebas concluyentes.
La senadora y precandidata presidencial por le Centro Democrático Paloma Valencia realizó fuertes cuestionamientos a través de su cuenta de Facebook, donde afirmó que la iniciativa promueve “más inseguridad jurídica” y desalienta la llegada de inversiones extranjeras.
La también precandidata presidencial advirtió que el texto del proyecto establece que “con cualquier indicio puede revocarse una licencia ambiental, una concesión o cualquier decisión estatal”.
“No estamos hablando de pruebas ni de procesos; solo de indicios”, aseguró Valencia en un mensaje difundido en redes sociales. Para la congresista, esto genera una preocupación seria entre los potenciales inversionistas, quienes priorizan la existencia de reglas claras.
La parlamentaria explicó que la propuesta también contempla habilitar el levantamiento del velo corporativo, mecanismo legal que distingue la personalidad jurídica de una empresa respecto de sus accionistas o directivos.
“Lo que pretende este Gobierno es que uno pueda correr el velo corporativo”, expresó la legisladora, y calificó la medida de “aberración en cualquier sistema jurídico”. Añadió que la excepción actual aplica únicamente en casos laborales extremos donde se pruebe fraude.
Dentro de sus argumentos, Paloma Valencia enfatizó que la intención oficial se presenta bajo supuestos daños medioambientales, afectaciones a derechos colectivos o infracciones al derecho internacional humanitario.
Según la congresista, “quieren ir detrás de todo, dizque por los daños ambientales, por los derechos colectivos, por el derecho internacional humanitario”. De concretarse estas modificaciones, alertó la senadora, “ninguna multinacional va a abrir oficinas en Colombia”.
La idea de “indicios fundados” fue otro punto central de la denuncia de la legisladora, quien manifestó que el artículo posibilitaría sancionar a una compañía con base en simples percepciones. “Puede tener la impresión de que eso sucedió y con eso, si se violaron derechos humanos, puede ir y caerle a la empresa”.
Valencia también denunció que el proyecto contempla que cualquier organización no gubernamental (ONG) o comunidad pueda solicitar la suspensión de contratos de concesión o licencias ambientales. “La seguridad jurídica sale volando”, enfatizó.
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